Vecinos del barrio Eva Perón de Viedma mantuvieron una reunión con el defensor del Pueblo municipal, Marín Pérez Morando, para solicitar su intervención ante el avance de una causa judicial que podría derivar en el desalojo de más de 30 familias.
Según relató en FM DE LA COSTA Ezequiel Osorio, referente del sector ubicado en las inmediaciones de la calle Perón y el bulevar Ituzaingó, durante el encuentro Pérez Morando reconoció que no estaba plenamente informado sobre la problemática.
La reunión se concretó luego de que las familias resolvieran suspender, por las malas condiciones climáticas, una movilización que tenían previsto realizar para visibilizar el conflicto y reclamar respuestas de las autoridades.
“Nos recibieron como nos reciben en todos lados, la mayoría de las veces. Muchos manifiestan que no están bien al tanto. Si bien conocen algo, no conocen todo”, explicó Osorio.
La respuesta generó preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que desde hace tiempo intentan conseguir la intervención de los organismos públicos para evitar una resolución que deje a numerosas familias sin sus viviendas.
“La verdad es que, a veces, cuando uno recibe esas respuestas, te genera una tristeza cada vez más profunda, porque nos damos cuenta de que nuestros derechos están siendo vulnerados”, manifestó.
El referente sostuvo que la situación también afecta a los niños y adolescentes que viven en el lugar. “Más allá de los adultos, están los derechos de nuestros hijos y el futuro que estamos buscando para ellos”, agregó.
Osorio describió el impacto emocional que tiene sobre las familias la posibilidad de ser desalojadas y reveló que dos padres se quebraron durante la reunión en la Defensoría.
“Estamos en un estado de desesperación. En esa reunión dos padres nos quebramos; es muy triste”, expresó.
También contó que la incertidumbre comenzó a trasladarse a los hogares y que los propios niños preguntan qué sucederá con sus viviendas.
“Que tu hijo se levante a la mañana o que, a la hora de la cena, cuando llegás de trabajar para compartir algo con ellos, te pregunte: ‘Papá, ¿nos van a echar?’, es muy difícil”, relató.
Los terrenos en los que se encuentran asentadas las viviendas pertenecerían a YPF, empresa que promovió las actuaciones judiciales para recuperar el predio.
De acuerdo con Osorio, el expediente continúa avanzando, aunque las familias desconocen cuáles serán los próximos pasos y en qué plazos podrían concretarse.
“Judicialmente van avanzando. Qué decisiones van a tomar a corto o largo plazo y qué tienen planeado, no lo sabemos. Lo que sí vemos es que quieren actuar rápido y lo están haciendo”, advirtió.
Los vecinos cuestionaron que el proceso avance sin que previamente se haya realizado un abordaje social integral para conocer quiénes viven en el lugar, desde cuándo se encuentran allí y cuál es la situación habitacional de cada familia.
“Ejecutan situaciones judiciales y acá nunca vino una asistente social a golpear una puerta para preguntar cómo vivimos, cuántos chicos tenemos o en qué condiciones estamos. Nunca recibimos eso, jamás”, aseguró.
“Aparecen ahora con un proceso judicial, ejecutan cada una de sus instancias y a nosotros nadie viene a protegernos”, agregó.
El referente barrial también cuestionó el accionar de YPF y la falta de una respuesta institucional frente a la problemática habitacional que atraviesan las familias.
“Hablo de ellos y también de nuestra propia Justicia. Es una empresa que tiene acciones en nuestro país y debe tratarlo con respeto. Nosotros somos ciudadanos que tenemos un problema social y no podemos adquirir una tierra propia”, sostuvo.
Osorio pidió que el conflicto sea analizado desde una perspectiva social y no únicamente patrimonial o judicial.
“¿Dónde están nuestros derechos como ciudadanos?”, preguntó.
Osorio recordó además un procedimiento anterior en el barrio, durante el cual las familias entregaron sus datos personales porque creían que se realizaría un censo social.
Según denunció, posteriormente descubrieron que la información habría sido recabada en el marco del expediente judicial.
“No debemos olvidarnos de que la primera vez vinieron con mentiras. Dijeron que realizarían un censo social, llegaron con la Policía y nos tomaron los datos a todos”, relató.
“Nosotros estábamos tranquilos, pensando que nos estaban apoyando, pero era todo mentira. Vinieron por las causas judiciales, a tomarnos juegos de fichas y a realizar un montón de actuaciones”, afirmó.
Para este miércoles a las 9 está programado un relevamiento judicial en el barrio. Frente a esa medida, las familias reclamaron la presencia del Municipio de Viedma, asistentes sociales y organismos encargados de proteger los derechos de niños y adultos.
“Pretendemos que se respeten nuestros derechos y los derechos de los niños, y que estén presentes las autoridades correspondientes para protegernos”, expresó Osorio.
Los vecinos solicitaron especialmente que el relevamiento no quede exclusivamente en manos de quienes intervienen en la causa y que el Estado municipal pueda certificar la antigüedad y las condiciones de residencia de cada grupo familiar.
“Queremos que esté una asistente social del Municipio y que el Municipio participe del relevamiento, para que pueda decir que esta gente vive acá desde hace determinado tiempo”, explicó.
Finalmente, Osorio reiteró que las familias no pretenden recibir gratuitamente los terrenos, sino alcanzar un acuerdo que les permita comprarlos mediante cuotas acordes con sus ingresos.
“Nosotros no somos delincuentes. Si nos instalamos acá, queremos pagar la tierra. Nunca dijimos que queríamos que nos la regalaran”, aseguró.
El referente indicó que quienes habitan el sector son trabajadores que llegaron al lugar después de no poder acceder a un lote o una vivienda mediante el mercado formal.
“No encontramos el lugar ni el momento justo para conseguir algo y comprarlo. Queremos pagar; somos trabajadores que queremos abonar una cuota mensual, tener lo nuestro y vivir”, concluyó.
Ante el relevamiento previsto para este miércoles, las más de 30 familias insistieron en la necesidad de abrir una mesa de diálogo entre YPF, la Justicia, el Municipio, la Defensoría del Pueblo y los organismos sociales para encontrar una solución que evite el desalojo y permita regularizar la situación de los terrenos.
