El episodio ocurrido en una pizzería de Carmen de Patagones entre el periodista Luciano Barroso y el intendente de Viedma, Marcos Castro, generó una repercusión que excedió largamente lo sucedido aquella noche. Versiones, interpretaciones, redes sociales y hasta la aparición de medios prácticamente desconocidos terminaron construyendo distintos relatos. Pero detrás de todo ese ruido queda una cuestión política imposible de soslayar: a varios meses de las elecciones municipales, dos controversias vinculadas al entorno familiar del jefe comunal terminaron colocándolo en una situación incómoda.
Lo primero que corresponde hacer es separar los hechos de las interpretaciones.
Noticias Río Negro publicó dos artículos sobre lo sucedido el viernes por la noche en una pizzería de Carmen de Patagones. En el primero dio a conocer la versión del periodista Luciano Barroso, quien aseguró haber sido increpado e insultado por el intendente Marcos Castro y miembros de su familia y confirmó posteriormente la realización de una denuncia penal. También se incorporaron testimonios de personas presentes en el lugar.
En el segundo artículo se publicó la palabra del propio Castro. El intendente negó haber agredido físicamente al periodista, sostuvo que existió una discusión verbal y afirmó que se pondrá a disposición de la Justicia para esclarecer lo sucedido.
Es decir: se publicaron las dos versiones.
Sin embargo, en pocas horas el episodio adquirió una dimensión considerablemente mayor. Las redes sociales hicieron lo suyo y algunas publicaciones comenzaron a reproducir interpretaciones como si fueran hechos comprobados. También aparecieron medios que, por su escasa trayectoria o identificación pública, podrían definirse casi como “fantasmas”, interviniendo llamativamente en una discusión que rápidamente dejó de ser solamente periodística para convertirse también en política.
Hubo tergiversaciones, algunas probablemente involuntarias y otras que dejan mayores dudas.
Pero sería un error quedarnos únicamente discutiendo quién contó mejor o peor lo sucedido en aquella pizzería.
Porque el verdadero problema para Marcos Castro es político.
Y tiene que ver con algo mucho más difícil de controlar que una publicación periodística: la acumulación de episodios que comienzan a instalar determinadas percepciones en la sociedad.
La discusión de la pizzería no apareció en el vacío. Llega inmediatamente después de una polémica que durante semanas ocupó buena parte de la agenda política viedmense: la contratación de los baños modulares de la Feria Municipal.
En ese caso también apareció el entorno familiar del intendente.
La empresa Módulos Patagónicos S.A.S., adjudicataria de una contratación municipal por 45.312.000 pesos para los sanitarios de la Feria, tiene entre sus responsables al cuñado del jefe comunal. La documentación publicada por este medio mostró además que la sociedad fue constituida el 26 de abril de 2023, apenas diez días después de la elección municipal que consagró a Castro como futuro intendente, aunque ocho meses antes de que asumiera efectivamente el cargo.
Castro negó irregularidades y defendió el procedimiento. La cuestión, además, llegó al Tribunal de Cuentas municipal y generó pedidos de informes y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
Por eso hay una diferencia que resulta imprescindible remarcar.
Una cosa es determinar si existió una irregularidad administrativa o legal y otra, muy distinta, evaluar el costo político de una situación.
Lo primero deberán establecerlo los organismos correspondientes. Lo segundo ocurre todos los días, en la calle, en las conversaciones, en los medios y, especialmente, en las redes sociales.
Algo parecido sucede ahora con el incidente de Patagones.
Será la Justicia, a partir de la denuncia realizada, la que eventualmente deberá determinar qué ocurrió y si existió alguna conducta jurídicamente reprochable. No corresponde que los medios reemplacemos esa tarea.
Pero políticamente existe un dato evidente: otra vez aparece el intendente envuelto en una controversia y otra vez aparece, en el origen de esa controversia, su cuñado.
Y eso inevitablemente salpica a Marcos Castro.
Puede tener razón Castro en su explicación sobre los baños. Puede tener razón en su versión sobre lo sucedido en la pizzería. Incluso podrían terminar respaldándolo completamente los organismos administrativos y judiciales que intervengan.
Pero la política tiene reglas que no siempre coinciden con las de un expediente.
Un dirigente no solamente debe preocuparse por aquello que puede probar ante un tribunal. También debe administrar su imagen pública, sus vínculos, sus reacciones y las conductas de quienes forman parte de su círculo más cercano cuando esas conductas terminan involucrándolo.
Mucho más cuando se trata de un intendente que inevitablemente comienza a ser observado bajo la lógica electoral de 2027.
Todavía falta para definir candidaturas y nadie puede asegurar hoy cuál será la decisión de Castro respecto de buscar un segundo mandato. Pero sería ingenuo pensar que episodios de esta naturaleza no tendrán incidencia en esa discusión.
De hecho, la gestión ya venía atravesando semanas complejas. Antes del episodio de la pizzería, el Ejecutivo preparaba una reestructuración de gabinete en medio de cuestionamientos por distintas situaciones administrativas y políticas, entre ellas precisamente la controversia de los baños de la Feria.
Por eso el interrogante que queda no pasa solamente por saber qué ocurrió aquella noche en Patagones.
La pregunta política es otra:
¿cuántos costos ajenos o propios puede absorber un intendente sin que comiencen a afectar seriamente su proyecto de continuidad?
Castro tiene todavía tiempo para responder esa pregunta con gestión, decisiones y conducta política.
Pero existe algo que ningún dirigente debería perder de vista: cuando diferentes episodios empiezan a conectarse en la percepción pública, ya no alcanza con explicar cada uno por separado.
Porque en política muchas veces no es un hecho aislado el que provoca el mayor daño.
Es la acumulación.
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