La legisladora provincial Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de ley para implementar un sistema de detección, identificación y bloqueo de dispositivos móviles no autorizados dentro de las cárceles rionegrinas.
La iniciativa busca evitar que personas privadas de libertad utilicen teléfonos celulares para mantener contactos clandestinos con el exterior o coordinar actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
La propuesta establece que Río Negro adhiera al procedimiento nacional dispuesto por la Resolución Nº 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y al manual aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ese mecanismo permite solicitar el bloqueo del IMEI —la identificación propia del teléfono—, el IMSI correspondiente a la tarjeta SIM y la línea telefónica vinculada con el dispositivo detectado.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante el Servicio Penitenciario Provincial, sería la autoridad encargada de implementar, coordinar y supervisar el procedimiento.
Los mecanismos tecnológicos deberán detectar aquellos celulares que se activen dentro de las áreas de detención y de los sectores con acceso restringido al público.
Una vez identificado un equipo no autorizado, la Provincia deberá gestionar su bloqueo mediante los canales establecidos por el ENACOM y las autoridades nacionales, en coordinación con las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles.
Cada intervención deberá quedar registrada para garantizar la integridad y trazabilidad de la información.
Uno de los puntos del proyecto determina que la tecnología utilizada deberá ajustarse para no provocar interferencias ni afectar las comunicaciones de personas que se encuentren fuera de los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa diferencia este procedimiento de la instalación indiscriminada de inhibidores de señal, debido a que propone detectar e individualizar los equipos clandestinos antes de gestionar el bloqueo correspondiente.
En sus fundamentos, Mansilla señaló que las nuevas tecnologías permiten que una persona detenida continúe manteniendo contactos no autorizados y utilizando dispositivos móviles para facilitar actividades delictivas.
“No se trata simplemente de prohibir un teléfono. Se trata de recuperar el control y el orden estatal sobre las comunicaciones dentro de las cárceles y evitar que la tecnología se convierta en una herramienta para que el delito continúe operando desde el interior”, sostuvo la legisladora en el proyecto.
El texto aclara que la aplicación de la futura norma no podrá restringir el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con familiares, allegados, abogados y autoridades judiciales.
La prohibición alcanzaría exclusivamente a los dispositivos móviles ingresados o utilizados sin autorización.
En caso de ser aprobado, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 90 días desde la publicación de la ley para efectuar su reglamentación.
