Odarda cuestionó el tratamiento judicial del caso Mandagaray y pidió cambios en la formación policial

La legisladora Magdalena Odarda cuestionó la situación de los cuatro policías condenados por la muerte de Gabriel Mandagaray, quienes permanecen en libertad con tobillera electrónica mientras se encuentra pendiente una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mandagaray murió el 15 de abril de 2021 durante un entrenamiento del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) en Bahía Creek. Los cuatro efectivos fueron condenados y, luego de distintas instancias de revisión, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó los recursos de queja presentados por las defensas y confirmó las condenas.

Caso Mandagaray: tres agentes condenados seguirán en libertad, pero con tobilleras electrónicas

Odarda sostuvo que, pese a la confirmación de las condenas, la situación no representa una respuesta judicial definitiva para la familia. Señaló que el tiempo transcurrido y las instancias que aún podrían quedar pendientes mantienen a los condenados en libertad bajo monitoreo electrónico.

En este contexto, la legisladora también cuestionó el reciente archivo del pedido de juicio político contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia, presentado a partir de una denuncia realizada por Adriana Fabi, madre de Gabriel Mandagaray.

Según planteó Odarda, la decisión de archivar la investigación impidió avanzar sobre el análisis de la actuación de los integrantes del máximo tribunal provincial. La legisladora calificó la situación como un “blindaje político” y cuestionó que la segunda minoría opositora no pudiera participar de la votación.

Por otra parte, Odarda señaló que el caso puso en discusión el sistema de capacitación de la Policía de Río Negro. Consideró necesario modificar los mecanismos de formación de los cuerpos especiales para evitar prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales.

En ese sentido, recordó que presentó un proyecto para reemplazar el actual COER por el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate “General San Martín”, acompañado por un nuevo régimen de formación y controles.

La propuesta contempla una capacitación basada en el respeto de los derechos humanos y mecanismos de supervisión destinados a prevenir situaciones de abuso de autoridad, vejaciones o prácticas que puedan poner en riesgo la integridad de los efectivos.

Odarda sostuvo que la familia Mandagaray continúa reclamando una respuesta judicial y planteó que, además de las condenas, es necesario avanzar en modificaciones institucionales para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.