Pidieron penas de hasta dos años y cuatro meses para dos penitenciarios condenados por golpear a un interno

El juicio de cesura se realizó este miércoles en Viedma. Los agentes fueron declarados responsables del delito de vejaciones cometido contra un detenido del Complejo Penal. La sentencia se conocerá la próxima semana.

La Fiscalía solicitó penas de hasta dos años y cuatro meses de prisión para los dos agentes del Servicio Penitenciario declarados culpables de golpear y provocar lesiones a un interno del Complejo Penal de Viedma.

Durante la audiencia de cesura se escucharon testimonios y posteriormente las partes expusieron sus argumentos sobre las sanciones que deberían recibir los condenados por el delito de vejaciones.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2025, durante tareas de desinfección realizadas en el sector de celdas. Según se acreditó durante el juicio, los agentes golpearon al interno y posteriormente lo trasladaron al sector de aislamiento, donde continuaron las agresiones.

La Fiscalía pidió penas diferentes

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen sostuvo que los hechos se prolongaron en el tiempo y se desarrollaron en diferentes sectores del establecimiento. Señaló que los condenados utilizaron fuerza física y diversos elementos para agredir a la víctima, dentro de un contexto en el que tenían control sobre la integridad de la persona detenida.

La acusación también tuvo en cuenta la magnitud del daño, el relato de la víctima sobre el sufrimiento padecido y las lesiones certificadas por una enfermera del complejo. Además, mencionó el testimonio de la madre del interno sobre su estado físico y anímico después del episodio.

Rodríguez Frandsen remarcó que los acusados actuaron con conocimiento de las consecuencias y que, debido a sus funciones, tenían la obligación de proteger al detenido.

Para uno de los condenados, la fiscal solicitó dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación. Para el otro requirió dos años y cuatro meses de prisión efectiva, además de cuatro años y ocho meses de inhabilitación.

La diferencia fue fundamentada en que este último tendría antecedentes penales por hechos similares y un historial de conflictos con la víctima.

Las defensas reclamaron las penas mínimas

La abogada particular Andreina Barrionuevo cuestionó la intención de provocar daño atribuida por la Fiscalía y planteó que los elementos mencionados durante el juicio formaban parte del equipamiento reglamentario utilizado para tareas de protección.

También sostuvo que no se acreditó la existencia de un daño psiquiátrico y solicitó una pena de un año de prisión. Respecto de la inhabilitación, pidió que no impida por completo la continuidad laboral del condenado y que quede limitada a la portación de armas y a las funciones relacionadas con el cuidado de personas.

El defensor oficial Pedro Vega adhirió a esos argumentos y cuestionó que se utilizaran los testimonios de los familiares para dimensionar las consecuencias del hecho.

Según planteó, la angustia del hermano y los problemas de salud mencionados respecto de la madre y la abuela no podían atribuirse directamente a su defendido. También aseguró que el agente no decidió el alojamiento de la víctima en aislamiento ni realizó su traslado.

Vega destacó, además, los testimonios de compañeros de trabajo que describieron al acusado como una persona “sin conflictos, agradable y correcta”. Incorporó también un informe socioambiental que indica que el condenado tiene a su cargo el cuidado y el sostenimiento económico de su hijo.

El defensor solicitó la pena mínima de un año de prisión y dos años de inhabilitación, circunscripta únicamente a tareas que impliquen contacto con personas privadas de la libertad.

Antes de finalizar la audiencia, ambos condenados hicieron uso de la palabra. Luego, el juez Ignacio Gandolfi declaró cerrado el debate y anunció que la pena será comunicada la próxima semana.