Viedma: unas 36 familias del barrio Perón temen ser desalojadas por YPF y reclaman la intervención del Municipio

Unas 36 familias que residen en el denominado barrio Perón, ubicado en inmediaciones de la intersección de la avenida Perón y el boulevard Ituzaingó de Viedma, manifestaron su preocupación ante el avance de una causa judicial por presunta usurpación y solicitaron la intervención del intendente Marcos Castro.

El conflicto se tramita en el Ministerio Público Fiscal y tiene como denunciante a YPF S.A., titular del inmueble. En febrero de este año, la Fiscalía N.º 6 ordenó ampliar la investigación iniciada en 2020 e identificar a las personas que se encontrarían residiendo en el predio.

La notificación recibida por los vecinos informa que se les atribuye provisoriamente el delito de usurpación y que deben contar con asistencia legal. En caso de no designar abogados particulares, quedó establecida la intervención de la Defensa Pública. La documentación no contiene una orden de desalojo, aunque las familias temen que el proceso pueda derivar en la pérdida de sus viviendas.

Ante esta situación, los habitantes presentaron el 23 de junio una nota dirigida al intendente Marcos Castro, mediante la cual solicitaron una entrevista y la presencia de funcionarios municipales en el barrio para conocer las condiciones en las que viven y buscar una respuesta frente al conflicto habitacional.

Según explicaron en la presentación, las familias ocupan el sector desde 2020 y, con el paso de los años, avanzaron en la consolidación del asentamiento. Aseguran que actualmente casi la totalidad de los lotes cuenta con construcciones de material y que organizaron el predio, de aproximadamente 100 por 100 metros, incluyendo un espacio destinado a los niños.

Los vecinos también expresaron su malestar porque, según indicaron, debieron presentarse ante dependencias policiales en el marco de la causa, pero hasta el momento no habrían recibido la atención de funcionarios municipales.

“Queremos estar disponibles para la ley frente a nuestro problema social”, señalaron en la nota, en la que pidieron una respuesta favorable y una instancia de diálogo que permita encontrar una alternativa antes de que se adopte cualquier medida que afecte a las viviendas.

Las familias aguardan ahora una convocatoria del Ejecutivo municipal y reclaman que se considere la situación social y habitacional de quienes llevan alrededor de seis años residiendo en el lugar.