La legisladora provincial Magdalena Odarda protagonizó un fuerte debate durante la reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro, donde defendió su proyecto de ley para prohibir el cierre de escuelas y residencias rurales. Tras casi tres horas de discusión, la mayoría oficialista y sus aliados resolvieron archivar la iniciativa. Solo dos bloques acompañaron el proyecto. Frente a esa decisión, Odarda responsabilizó políticamente a la ministra de Educación y Derechos Humanos, Laura Patricia Campos, y sostuvo que "debe dar un paso al costado" por el proceso de cierre de establecimientos educativos rurales llevado adelante durante su gestión.
Durante el tratamiento del proyecto, Odarda desmintió las afirmaciones de los funcionarios del Ministerio de Educación, quienes sostuvieron que en Río Negro no se cierran escuelas. Para refutar esa afirmación, repasó una por una las resoluciones que, desde 2009 y con mayor intensidad a partir de 2011, fueron cerrando escuelas, anexos hogar y residencias rurales en distintos puntos de la provincia. Mencionó el cierre total de la Escuela N° 170 de Casa de Piedra; la Escuela N° 51 de Colonia Josefa; la Residencia de Educación Primaria Mixta N° 306 de Ramos Mexía; la Residencia de Educación Primaria Mixta N° 343 de El Cuy; la Escuela Hogar N° 227 de Arroyo Tembrao; la Escuela Hogar N° 217 de Queupu Niyeu; el cierre del Anexo Hogar de Pilquiniyeu del Limay; la autorización para que la residencia estudiantil de Pilca Viejo quedara bajo administración privada de la Fundación Cruzada Patagónica; el cierre y fusión de la residencia secundaria de Valcheta; el cierre del Anexo Hogar de Arroyo Los Berros; de El Caín; de Colan Conhué; el cierre total de la Residencia Escolar Primaria Mixta de Mencué; el cierre del Anexo Hogar de Mamuel Choique; y el cierre total de la Residencia Rural Mixta de Nivel Medio N° 339 de Sierra Colorada.
"Esta es la prueba de que las escuelas rurales sí se cierran. Cada establecimiento que desaparece significa menos oportunidades para nuestros niños y niñas, menos arraigo y más despoblamiento del interior rionegrino. Si muere la escuela, se ataca a la comunidad en su conjunto", expresó la legisladora.
Odarda también cuestionó la reiterada ausencia de la ministra Laura Patricia Campos en los ámbitos institucionales donde debe dar explicaciones por las decisiones de su cartera.
"Es inadmisible que la máxima autoridad educativa nunca se presente a las comisiones legislativas. Otros ministros concurren personalmente, responden preguntas y rinden cuentas. La ministra Campos envía funcionarios de segunda o tercera línea, no recibe a los legisladores en su despacho, no responde los llamados telefónicos y tampoco asiste a las paritarias, donde debería explicar ante la representación de los trabajadores de la educación, a través de UNTER, cuáles son los criterios pedagógicos, sociales y científicos que justifican el cierre de escuelas y residencias rurales", sostuvo.
Uno de los momentos más significativos de la reunión fue la lectura de una carta enviada por la comunidad de Cerro Alto. En ella se denunció que la escuela rural fue cerrada bajo el argumento de una supuesta falta de agua, explicación que los vecinos rechazan por considerarla falsa, ya que aseguran que el recurso existe en el lugar.
La legisladora recordó además que la comunidad obtuvo una sentencia favorable que ordena la reapertura de la escuela. Sin embargo, la Fiscalía de Estado apeló esa decisión y la causa se encuentra actualmente en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia.
"No obstante ese proceso judicial, hoy nos encontramos con un hecho todavía más grave. La comunidad denuncia que el edificio escolar está siendo ocupado por una empresa privada y que su mobiliario está siendo retirado. Le pregunté directamente a la funcionaria del Ministerio si eso era cierto y no obtuvimos una respuesta clara. Si una escuela pública con una sentencia favorable para su reapertura está siendo utilizada por intereses privados, estamos frente a una situación gravísima que exige explicaciones inmediatas", afirmó.
Odarda advirtió además sobre la coincidencia entre el cierre de establecimientos educativos rurales y el avance de proyectos extractivos en distintas regiones de la provincia.
"Nos preocupa profundamente que mientras desaparecen escuelas y se vacían los campos, avancen proyectos vinculados a la explotación de litio en Cerro Alto y de uranio en la zona de Nahuel Niyeu. Cuando desaparecen las escuelas, también desaparecen las familias. Sin comunidades viviendo en el territorio, resulta más fácil avanzar sobre esas tierras. Esta situación debe ser investigada y debatida porque el derecho a la educación y el arraigo de las familias rurales no pueden quedar subordinados a intereses económicos", manifestó.
La legisladora destacó el acompañamiento de representantes de UNTER Región Sur, del legislador Fabián Pilquinao y del Parlamento Mapuche-Tehuelche, quienes respaldaron la iniciativa y denunciaron el impacto que los cierres generan sobre las comunidades rurales y originarias. Remarcó además que gran parte de la matrícula de estas escuelas está integrada por niños y niñas pertenecientes a comunidades mapuches, cuyos derechos fueron vulnerados al adoptarse estas decisiones sin procesos de consulta previa, libre e informada.
Finalmente, Odarda lamentó que la mayoría oficialista y sus aliados hayan decidido archivar el proyecto que buscaba impedir nuevos cierres de escuelas y residencias rurales.
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