Odarda exige informes sobre la creación de una reserva natural privada en Lago Escondido

La legisladora provincial Magdalena Odarda, acompañada por los legisladores de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de Río Negro para que brinde explicaciones sobre la promoción de la denominada "Reserva Natural Lago Escondido", anunciada por la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del empresario británico Joseph Lewis, y determine si existe algún acto administrativo que respalde esa iniciativa.

Odarda recordó que Hidden Lake S.A. mantiene desde hace más de veinte años un conflicto judicial por el incumplimiento del artículo 73 de la Constitución de Río Negro, que garantiza el libre acceso a las costas del Lago Escondido. En ese contexto, advirtió que la empresa comenzó a publicitar en su sitio web y redes sociales la denominada "Reserva Natural Lago Escondido", incluyendo el espejo de agua, sus riberas y accesos, sin que exista una ley provincial que disponga su creación, tal como exige la Ley Provincial Nº 2669 que regula el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

La legisladora sostuvo que el anuncio se produjo pocos días después de que trascendiera públicamente el acuerdo celebrado entre el Gobierno nacional y Hidden Lake S.A., mediante el cual el Estado desistió de la acción judicial que buscaba declarar la nulidad de la adquisición de las tierras que rodean el Lago Escondido. A criterio de Odarda, la creación de esta supuesta reserva privada constituye una nueva forma de consolidar la privatización del lago y reforzar las restricciones al acceso público, ya que, además de las limitaciones que históricamente denunciaron vecinos y organizaciones sociales, ahora se incorporaría la figura de un área protegida administrada por la propia empresa.

En el pedido de informes, la legisladora requiere que el Gobierno provincial informe si autorizó la creación de esta supuesta reserva, qué medidas adoptó frente a la difusión de una figura ambiental que, de no existir autorización legal, resultaría inexistente, y si la iniciativa implica nuevas restricciones al derecho de acceso libre, gratuito y seguro al Lago Escondido y a las áreas que quedarían comprendidas dentro de la denominada reserva.

Asimismo, solicita que se informe si la denominada reserva se encuentra ubicada dentro de un área de seguridad de frontera, si limita con otras áreas naturales protegidas ya existentes y si existió algún acto administrativo que haya delegado en una empresa privada la administración, gestión o explotación de un bien público de alto valor ambiental.

El pedido también pone el foco sobre el acuerdo conciliatorio celebrado en enero de este año entre el Ministerio del Interior de la Nación y Hidden Lake S.A. Sobre ese punto, Odarda solicitó que la Fiscalía de Estado informe si intervino, fue consultada o participó de algún modo en dicho acuerdo y si la creación de la denominada reserva guarda relación con ese entendimiento, que derivó en el desistimiento de la acción judicial impulsada por el propio Estado nacional.

Además, la legisladora requirió al Departamento Provincial de Aguas que informe si Hidden Lake S.A. cumplió con las obligaciones impuestas por las Leyes Provinciales Nº 4615 (2010) y Nº 5404 (2019), que establecieron cargos y obras vinculadas al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Escondido como condición para el uso del recurso hídrico público. También solicitó que se informe si esas obras, cuya ejecución era una obligación legal de la empresa, fueron utilizadas como contraprestación o "moneda de cambio" en el acuerdo celebrado con el Estado nacional respecto de las tierras que rodean el Lago Escondido.

Finalmente, el pedido de informes alcanza a la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a la que se le solicita información sobre la inscripción tributaria de Hidden Lake S.A., su actividad como prestadora de servicios turísticos, el eventual inicio de actividades vinculadas a la denominada "Reserva Natural Lago Escondido" y la documentación relacionada con investigaciones judiciales de público conocimiento.

"Estamos hablando de un bien que pertenece a todos los rionegrinos y rionegrinas. Si existe una decisión administrativa que habilita a una empresa privada a presentarse como administradora de una reserva natural que incluye un lago público, el Gobierno debe explicarlo con absoluta transparencia. Y si no existe tal autorización, también debe informar qué medidas tomó para impedir que se promocione una figura ambiental inexistente", sostuvo Odarda.