La controversia por el nuevo sistema de control de asistencia en los hospitales rionegrinos está lejos de terminar. Tras los recientes reclamos encabezados por UPCN, el conflicto sumó un nuevo capítulo con la presentación formal de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR – FESPROSA), que exigió al Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, dar marcha atrás con la medida.
A través de un documento, ASSPUR manifestó su rechazo absoluto a la implementación inconsulta del sistema de reconocimiento facial para los trabajadores del sector.
El principal eje del reclamo se centra en la vulneración del derecho a la privacidad. El sindicato advierte que la captura y almacenamiento de rasgos faciales no constituye un simple registro de horario, sino que implica el tratamiento de datos personales y sensibles amparados por la Ley Nacional Nº 25.326.
En este sentido, alertaron que "una eventual vulneración, filtración o utilización indebida de dicha información puede generar consecuencias irreversibles para las y los trabajadores afectados".
Además, el gremio denunció que hasta el momento no han recibido ninguna documentación oficial, protocolo, ni garantías técnicas sobre cómo se resguardarán esos datos, recordando que para recolectar este tipo de información sensible se requiere el "consentimiento libre, expreso e informado" de cada persona.
Críticas al uso de fondos públicos en medio de la crisis sanitaria
Más allá de los aspectos legales, la decisión oficial generó fuerte indignación por el contexto que atraviesan los hospitales. La dirigencia de ASSPUR cuestionó severamente que se destinen recursos públicos a la incorporación de esta "tecnología invasiva" cuando el sistema de salud padece problemas estructurales largamente denunciados.
Entre estas urgencias, el gremio enumeró la "insuficiencia de personal en numerosos servicios, vacantes sin cubrir, dificultades edilicias, carencias de equipamiento e insumos y salarios deteriorados frente al costo de vida". Para los representantes de los trabajadores de la salud, la prioridad de la inversión pública debe estar orientada a mejorar la atención a la población y no a mecanismos de control.
Frente a esta situación, el sindicato solicitó formalmente la suspensión inmediata del sistema de biometría, la remisión de todos los expedientes vinculados al proyecto y la urgente convocatoria a una mesa de diálogo y negociación paritaria. Finalmente, advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales en defensa de los trabajadores ante cualquier avance unilateral del Ministerio.
