La Corte Suprema dejó firmes las condenas por los sobresueldos en Río Negro
Policiales y Judiciales19/06/2026
CESAR BARBEITO Y FRANCISCO GONZALEZLa Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un punto final definitivo a la emblemática "causa sobresueldos" de Río Negro al dejar firmes las condenas impuestas a exfuncionarios del gobierno radical de Miguel Saiz.
El fallo, firmado este jueves, no admitió el recurso extraordinario planteado por las defensas, determinando que estos fueron "mal concedidos" al no cumplir con los requisitos de fundamentación necesarios.
Las condenas y los implicados
La resolución judicial ratifica la prisión efectiva de 3 años y 6 meses para los exministros César Barbeito (Educación) y Francisco González (Coordinación). Por su parte, otros cinco integrantes del gabinete de Saiz recibieron penas de 2 años y 6 meses: Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno).
La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro. Cabe recordar que, anteriormente, se había declarado prescrita la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci.
El mecanismo delictivo
La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.
Por estos hechos, en 2018 la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado. Dichas penas fueron confirmadas en 2020 por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, instancia que ahora la Corte Suprema ha ratificado tras seis años de análisis de los recursos presentados.
Un proceso histórico
Esta causa tuvo un gran impacto político al involucrar a gran parte de la cúpula del gobierno de aquel entonces. El caso se originó en el año 2011 a partir de una investigación periodística realizada por el Diario RÍO NEGRO, la cual expuso el desvío sistemático de fondos públicos hacia los bolsillos de los funcionarios.
Con esta decisión del máximo tribunal nacional, las condenas quedan definitivamente firmes después de 15 años de trámites judiciales.
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