Proponen que sea la obligatoria la presencia del ministro/a de Educación en la paritaria docente

El legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de paritarias docentes en Río Negro. La iniciativa apunta a que la máxima autoridad del Ministerio de Educación y Derechos Humanos participe de manera obligatoria en las negociaciones con el sector, con capacidad real de decisión.

La propuesta surge en medio del conflicto docente que atraviesa la provincia, marcado por rechazos a las ofertas salariales del Gobierno y medidas de fuerza sostenidas. Para Berros, uno de los principales problemas del esquema actual es la falta de interlocutores con autoridad suficiente para destrabar acuerdos.

“El conflicto docente que atraviesa la provincia no es casual. Es el resultado de una paritaria sin interlocutores válidos por parte del Gobierno”, afirmó el legislador.

El proyecto establece que quien esté al frente de la cartera educativa deberá integrar la mesa paritaria. En caso de ausencia debidamente justificada, tendrá que participar un funcionario o funcionaria de máxima jerarquía del área, con facultades suficientes para garantizar la continuidad del proceso.

Berros sostuvo que la ausencia de la titular del Ministerio “limita la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos, dilata los tiempos y debilita el proceso de diálogo”. En ese sentido, cuestionó que “mientras los docentes sostienen el sistema educativo, el Gobierno provincial sigue sin dar respuestas acordes a la situación que se vive en las aulas”.

La iniciativa también busca ampliar el alcance de la negociación colectiva. No se limitaría únicamente a la discusión salarial, sino que incluiría el conjunto de las condiciones laborales del sector docente.

“La paritaria no puede ser una instancia formal. Tiene que ser un ámbito real donde se aborden todos los problemas que afectan al sistema educativo”, remarcó Berros.

Además, el proyecto refuerza aspectos vinculados al funcionamiento de la paritaria, como los plazos, la obligatoriedad de asistencia y el principio de buena fe, con el objetivo de prevenir conflictos que impacten en el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Según el legislador, la falta de participación directa de las máximas autoridades “vacía de contenido la negociación colectiva y posterga soluciones urgentes”.

“Si el Gobierno quiere resolver el conflicto educativo, tiene que asumir su responsabilidad política y sentarse a discutir con quienes tienen legitimidad y representación. La educación no puede seguir siendo rehén de la falta de decisión”, concluyó.