"Sin devolver fondos a las provincias, Milei delega le pasa el problema a los rionegrinos"

Legisladores peronistas denunciaron el "traspaso vacío" de la administración de las rutas nacionales que atraviesan a Río Negro en el Alto Valle. Puntualizan que la transferencia llega improvisadamente y sin los recursos correspondientes, lo que implica un camino a una impracticable privatización mediante un sistema de peajes absolutamente rechazable, y por el que pretenden que los rionegrinos paguen dos veces por la misma obra.

También señalaron que "la provincia que no puede garantizar un paracetamol en un hospital ni menos mantener en buen estado las rutas provinciales, menos podrá terminar obras estratégicas para el país como son la 22 y la 151".

Desde la bancada pusieron el acento en la responsabilidad políticas de los diputados y senadores libertarios: Enzo Fullone que estuvo dos años en vialidad “nadie sabe haciendo qué”, la ya famosa Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello que “está buscando argumentos todavía para defender a Karina, Adorni y los Menen”, quienes deben explicar a dónde va el dinero del impuesto al combustible.

Los legisladores señalaron además, que “este tipo de decisiones, se sabe, van camino a que no se concreten, especielmente las obras por su inviabilidad tanto financiera como instrumental". "Es tirarse la brasa caliente y el juego del gallo pelado entre la La Libertad Avanza y Juntos Somos Rio Negro", describieron.

En paralelo, el bloque PJ-NE esgrimió un decálogo sobre los puntos del decreto que firmó hoy el presidente Javier Miei y que "afectan a los rionegrinos":

-El negocio del impuesto al combustible que nunca volvió a las rutas.

-El Estado Nacional recauda miles de millones a través del impuesto a los combustibles, cuya razón histórica de existir es el financiamiento vial. Ese dinero no fue a las rutas 22 y 151. Fue a cubrir otros compromisos fiscales, incluyendo pagos al FMI. El Decreto 253 es la confirmación oficial de que la Nación no piensa devolver ese dinero en asfalto. Esa es la pregunta que Tortoriello, Fullone y Villaverde deben responder en el Congreso: ¿dónde está la plata del combustible?

-La Nación se queda con el activo y le exporta el pasivo a la provincia.

-El artículo 5° del decreto es explícito: la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre las rutas permanecen en manos del Estado Nacional. Pero el artículo 2° obliga a la provincia a mantener "indemne al Estado Nacional y a sus funcionarios frente a toda pretensión, acción o reclamo", incluyendo la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. La Nación conserva la ruta. La provincia asume las demandas. Eso no es federalismo: es tercerización del riesgo.

-El peaje como doble castigo al mismo ciudadano.

-El mecanismo propuesto financia las obras cobrándoselas directamente a quienes ya pagaron el impuesto al combustible para que se hicieran. Primero tributan, después pagan peaje. Y los fondos del tributo original siguen sin aparecer ni rendir cuentas.

-El artículo 7° hace imposible cualquier proyecto integral.

-Los fondos recaudados por peaje en un tramo no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza, aun cuando tengan vinculación física. Dicho en criollo: la plata del peaje de un kilómetro no puede usarse en el kilómetro de al lado aunque sean parte del mismo corredor. Eso hace inviable cualquier planificación seria de infraestructura regional.

-La trampa del plazo de un año.

-El artículo 8° establece que si la provincia no llama a licitación dentro del año de aprobado el convenio, la delegación decae automáticamente. Ese plazo no es un incentivo: es una trampa política. Fuerza a provincias con presupuestos ajustados a moverse en tiempos que la propia Nación no cumplió en años. Si fracasan, la culpa quedará instalada en los gobernadores. La Nación habrá lavado sus manos dos veces.

-Las provincias no tienen los recursos y el decreto no se los da.

-Río Negro no puede garantizar insumos básicos en sus hospitales. Neuquén arrastra déficits propios. El decreto habilita pero no transfiere un solo peso. Pedirles que financien, liciten y ejecuten obras de infraestructura federal es trasladarles una responsabilidad sin los fondos que la generaron. La delegación sin recursos es un eufemismo del abandono.

-La cláusula de indemnidad: la provincia queda sola ante la Justicia.

-El artículo 2° no solo traslada la gestión operativa: traslada toda la imputación jurídica del proceso contractual. Si hay un accidente en la ruta, una demanda de un concesionario, un conflicto laboral o un reclamo ambiental, la provincia responde. El Estado Nacional, que conserva el dominio y cobró el impuesto al combustible durante años, queda blindado. Es una cláusula de impunidad disfrazada de federalismo.

-Tortoriello, Fullone y Villaverde: el momento de dar la cara.