Calarco cuestionó los controles del Poder Judicial tras la desaparición de más de 100 armas y pidió esclarecer responsabilidades
Gremiales12/04/2026
La desaparición de más de un centenar de armas que se encontraban bajo custodia del Poder Judicial de Río Negro generó una fuerte reacción del sindicato de trabajadores judiciales, que advirtió sobre fallas estructurales en los mecanismos de control y resguardo de evidencias.
El secretario general de SITRAJUR, Marco Calarco, se refirió al caso y expresó su preocupación por lo ocurrido, al considerar que se trata de un hecho de extrema gravedad que pone en discusión el funcionamiento interno del sistema judicial.
El dirigente gremial sostuvo que la situación “no puede explicarse como un hecho aislado”, sino que responde a problemas en la cadena de custodia y en los controles administrativos, que deberían garantizar la trazabilidad de elementos secuestrados en causas penales.
Un caso que sacudió al Poder Judicial
La investigación se inició luego de detectarse la desaparición de más de 100 armas de fuego almacenadas en dependencias judiciales, principalmente en la ciudad de General Roca, donde se concentra el foco del escándalo.
Según trascendió, el faltante fue descubierto durante una auditoría interna y derivó en la apertura de sumarios administrativos y una causa penal, con al menos tres empleados judiciales bajo investigación, entre ellos un fiscal.
Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es que el acceso al lugar donde se guardaban las armas estaba restringido, lo que reduce el universo de posibles responsables y refuerza la hipótesis de irregularidades internas o negligencia en el manejo del material.
Además, se detectó que muchas de las armas sustraídas se encontraban en condiciones de uso, mientras que en los depósitos quedaron elementos defectuosos o de menor valor, lo que sugiere una selección deliberada del material robado.
El planteo del gremio
En ese contexto, Calarco planteó la necesidad de que el Poder Judicial avance en una revisión profunda de sus procedimientos y reclamó que se determinen responsabilidades con claridad.
Desde SITRAJUR advirtieron que este tipo de situaciones impacta directamente en la credibilidad institucional y remarcaron que los trabajadores judiciales vienen señalando desde hace tiempo deficiencias en las condiciones de trabajo, falta de recursos y problemas en la organización interna.
El dirigente también puso el foco en la necesidad de transparentar el funcionamiento de las áreas encargadas del resguardo de pruebas, especialmente en casos donde están en juego elementos sensibles como armas de fuego.
Investigación en marcha
Mientras avanza la investigación, las autoridades judiciales dispusieron una auditoría en toda la provincia para determinar si existen otros faltantes. En principio, los relevamientos realizados en circunscripciones como Viedma, Bariloche y Cipolletti no detectaron irregularidades, lo que permitió concentrar la pesquisa en General Roca.
Sin embargo, el caso continúa abierto y no se descarta que puedan surgir nuevos elementos en el transcurso de las pericias.
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