Nueva ley de farmacias en Río Negro: entre la modernización sanitaria y las sospechas por posibles beneficios concentrados

Foto gentileza Diario Río Negro

El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone una transformación profunda del funcionamiento de las farmacias en la provincia. La iniciativa, impulsada en el marco de un Acuerdo General de Ministros, modifica la actual Ley G Nº 4.438 y se apoya en tres grandes ejes: modernización tecnológica, desregulación comercial y reorganización del ejercicio profesional farmacéutico.

Desde la mirada oficial, se trata de una actualización del sistema para facilitar el acceso a medicamentos, incorporar herramientas digitales y ampliar la cobertura territorial. Pero en paralelo, ya comenzaron a aparecer advertencias políticas, comerciales y empresariales sobre el impacto real que podría tener la norma si finalmente es aprobada.

Qué cambia con la nueva ley

Entre los puntos centrales del proyecto aparece la implementación obligatoria de la receta electrónica en toda la provincia, la habilitación formal de la telefarmacia y la autorización para que las farmacias realicen envíos a domicilio, siempre que el sistema de entrega sea propio del establecimiento y no dependa de plataformas externas o cadeterías ajenas.

También se incorpora la posibilidad de prescripciones diferidas por hasta seis meses, especialmente pensadas para tratamientos crónicos, y se elimina uno de los criterios históricos que regulaban la actividad: las limitaciones de distancia y ubicación para la instalación de nuevas farmacias.

A eso se suma otro cambio de fondo: la ley habilita que cualquier persona física o jurídica pueda ser titular de una farmacia, siempre que cuente con un director técnico farmacéutico matriculado. Es decir, se avanza hacia un modelo más abierto desde el punto de vista comercial, en línea con una lógica de mayor competencia.

La lectura oficial: más acceso y más competencia

En términos conceptuales, el Gobierno plantea que la reforma busca modernizar el sistema, mejorar la accesibilidad y responder a nuevas demandas de la población, especialmente en un contexto donde la digitalización de la salud ya dejó de ser una discusión futura para transformarse en una necesidad concreta.

Además, el proyecto intenta anticiparse a uno de los riesgos más obvios de la desregulación: que las farmacias sólo se concentren en los grandes centros urbanos. Para eso, la Provincia prevé incentivos y exenciones destinados a fomentar la instalación de farmacias en localidades pequeñas o remotas con déficit de cobertura.

En paralelo, también se incorpora una excepción para zonas con escasez de profesionales, permitiendo que, en ciertos casos, un mismo farmacéutico pueda asumir la dirección técnica de más de un establecimiento, previa autorización del Ministerio de Salud.

La advertencia: “la cancha no se nivela, se inclina”

Pero mientras el Gobierno presenta la iniciativa como una ampliación de derechos y una mejora en el acceso, desde sectores críticos ya comenzó a instalarse otra lectura: que la reforma podría terminar favoreciendo la concentración del mercado farmacéutico en manos de grupos con mayor espalda económica, estructura logística y capacidad de expansión.

Esa es, justamente, la línea que planteó “El Diario de las Redes”, una publicación que cuestionó el proyecto al considerar que, detrás del discurso de modernización y libre competencia, podría esconderse una redistribución desigual del negocio farmacéutico.

Según esa mirada, el problema no estaría en los principios generales de la ley —como la digitalización o la mejora del servicio— sino en quiénes están realmente en condiciones de aprovecharla.

Porque si bien la norma promete más competencia, en la práctica el nuevo esquema podría beneficiar especialmente a aquellos actores que ya cuentan con estructura logística propia, capacidad de distribución, integración comercial, espalda financiera y posibilidad de expansión rápida en distintos puntos del territorio.

El foco puesto sobre grupos empresarios

En esa advertencia, el ejemplo más visible que se menciona es el crecimiento de determinadas cadenas y estructuras empresariales que ya vienen avanzando con depósitos automatizados, integración comercial y fuerte capacidad operativa, lo que les permitiría adaptarse mucho más fácilmente al nuevo esquema regulatorio que a una farmacia independiente o de barrio.

La crítica, en ese punto, no discute sólo una ley sanitaria: discute también el modelo económico que puede quedar consolidado detrás de ella.

Porque una farmacia de escala familiar puede verse seriamente condicionada si debe competir con grupos que no sólo operan en salud, sino también en logística, distribución, producción, combustibles, alimentos o incluso medios de comunicación, dentro de entramados empresariales mucho más amplios.

¿Modernización o ley hecha a medida?

La pregunta de fondo que empieza a circular es tan incómoda como políticamente sensible:
¿se trata de una política pública orientada a mejorar el acceso a medicamentos, o de una ley que, en los hechos, puede terminar hecha a medida de quienes ya están en mejores condiciones para expandirse?

Por ahora, no hay una respuesta concluyente. Pero sí hay una tensión evidente entre dos narrativas: la del Gobierno, que habla de modernización, acceso y competencia; y la de quienes advierten que, sin mecanismos reales de equilibrio, la desregulación puede terminar consolidando más concentración que democratización.

Pro.Fa.R.Se. y otro eje sensible

El proyecto además incorpora modificaciones para fortalecer a la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Pro.Fa.R.Se.), el laboratorio estatal provincial.

La iniciativa le otorga exclusividad en las contrataciones del sector público, siempre que garantice precios razonables, y además la habilita a vender directamente productos regulados por ANMAT a farmacias privadas y droguerías mediante convenios directos.

Ese punto también abre otra discusión: hasta qué punto el nuevo esquema buscará fortalecer la capacidad pública de provisión y hasta qué punto terminará reconfigurando las relaciones entre el Estado y los actores privados del negocio farmacéutico.

Un debate que recién empieza

Lo cierto es que la nueva ley de farmacias no parece encaminarse a un debate meramente técnico o sanitario. Todo indica que, una vez que ingrese de lleno a la discusión legislativa, se convertirá también en un tema de alto voltaje político y económico.

Porque detrás de la receta electrónica, la telefarmacia o los envíos a domicilio, lo que empieza a discutirse en Río Negro no es solamente cómo se venden los medicamentos, sino también quién gana, quién pierde y quién queda mejor posicionado en el nuevo mapa del negocio farmacéutico provincial.