Una nueva controversia ambiental sacude a la provincia de Río Negro. Según reveló una investigación periodística, el gobierno encabezado por Alberto Weretilneck habría otorgado concesiones de cateo minero sobre unas 10 mil hectáreas en una zona de glaciares del Cerro Carreras, al sudeste de San Carlos de Bariloche, sin la debida publicidad oficial.
El proyecto, identificado como “Cateo Collín” (expediente 50138-M-25), no habría sido publicado en el Boletín Oficial provincial y solo aparece de manera marginal en registros del Catastro Minero, de acuerdo con la investigación del periodista Alejandro Pairone.
La presunta falta de transparencia en el procedimiento encendió alarmas en organizaciones ambientales y sectores científicos.
El área involucrada se ubica en una región de alta sensibilidad ecológica. El Cerro Carreras forma parte del sistema andino patagónico y alberga glaciares de montaña y glaciaretes —masas de hielo de menor tamaño pero igualmente relevantes— que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.
Estos cuerpos de hielo alimentan cuencas que sostienen ríos y arroyos fundamentales para el equilibrio de los bosques andino-patagónicos. En particular, funcionan como reservas estratégicas de agua dulce, liberando caudales de manera sostenida durante períodos secos.
Además, la zona integra la ecorregión del bosque nativo patagónico, caracterizada por especies como coihues, lengas y ñires, y hábitat de fauna autóctona como el huemul, el puma y diversas aves endémicas. La alteración de estos ambientes, advierten especialistas, puede generar impactos irreversibles.Qué implica el cateo minero
El cateo es una etapa inicial de la actividad minera que habilita la exploración del subsuelo para detectar minerales. Aunque no supone explotación directa, permite realizar estudios geológicos, perforaciones y relevamientos que pueden afectar el entorno natural.
En áreas glaciares o periglaciares, este tipo de intervenciones es especialmente controvertido debido al riesgo de contaminación y alteración del equilibrio hídrico.
El Cerro Carreras es un territorio de conflicto producto de las apropiaciones de capitales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según el Atlas de los Glaciares argentinos, la zona pertenece a las cuencas de los ríos Manso y Puelo, en un 98,4% cubiertos por bosques nativos. Allí hay 505 glaciares detectados en el Inventario Nacional, de los cuales 104 están dentro de subcuenca de los ríos Manso, Villegas y Foyel. Uno de ellos es el del Cerro Carreras.
En el Cerro Carreras están las nacientes de los ríos Chubut y Pichileufú, que marchan hacia el Este, y las de los ríos Foyel y Villegas, que corren hacia el Pacífico. El Río Chubut atraviesa la provincia homónima a lo largo de mil kilómetros irrigando diez localidades y una docena de parajes y caseríos rurales hasta desaguar en el Océano Atlántico, por la Bahía Engaño al sur de Rawson.
La situación adquiere mayor relevancia en el contexto de la discusión nacional sobre la Ley de Glaciares, sancionada en 2010. Esta normativa establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Entre sus puntos centrales, la ley prohíbe la actividad minera y petrolera en glaciares y zonas periglaciares, ordena la realización de un inventario nacional de glaciares y define estos ecosistemas como bienes de carácter público.
Sin embargo, sectores políticos y económicos impulsan modificaciones que flexibilizarían estas restricciones, habilitando actividades extractivas en áreas actualmente protegidas.
En este contexto, se desarrollarán audiencias públicas en las que se espera la participación de más de 80 mil personas de todo el país. Estos espacios de consulta —aunque no vinculantes— permiten a ciudadanos, científicos y organizaciones expresar su postura frente a posibles cambios en la legislación.
La magnitud de la convocatoria refleja el alto nivel de preocupación social en torno a la protección de los glaciares, considerados reservas críticas frente al cambio climático y la creciente demanda de agua.
La revelación del “Cateo Collín” profundiza la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental en la Patagonia. Mientras el gobierno provincial no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial detallada, crecen los reclamos por mayor transparencia y cumplimiento de la normativa vigente.
En paralelo, la figura del presidente Javier Milei aparece en el trasfondo del debate, en un escenario donde las políticas de apertura económica y desregulación también alcanzan al sector extractivo.
La controversia abre interrogantes sobre el futuro de las áreas protegidas en Río Negro y el alcance real de las leyes ambientales en la Argentina actual.
