Piden la nulidad de la licitación del helicóptero del SPLIF y se abre un nuevo frente judicial

“Todo estuvo mal hecho desde el principio”. En diálogo con Gonzalo Santos en LUVER – La única Verdad es la Realidad (FM De la Costa), Diego Góngora, copropietario de la empresa Helicopters AR SA, expresó con contundencia la perspectiva de la empresa impugnante.

“Pedimos la nulidad de la licitación”, advirtió el empresario y explicó que “durante el estudio de mercado previo —el paso donde el Estado decide cuánto está dispuesto a pagar— se omitió nuestra cotización”. Al "desaparecer" esa propuesta de 5 millones de dólares y dejar solo referencias más altas, la oferta de Aero Guardian, de 7 millones de dólares, pareció una opción competitiva y económica. En realidad, el Estado pagó un "premium de 2 millones de dólares por encima de los precios de mercado que ya tenía en su poder”, sostuvo.

En este marco, la empresa Helicopters AR S.A. formalizó la presentación de un recurso jerárquico contra la adjudicación de la Licitación Pública N° 98/2025, correspondiente al alquiler de un helicóptero destinado al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), profundizando así el conflicto administrativo en torno a una contratación estratégica para la provincia.

El planteo se produce luego del rechazo de la instancia de revocatoria y apunta directamente a la resolución que declaró admisible la oferta de Aero Guardian S.A. y desestimó la de Helicopters AR por supuestos incumplimientos técnicos.

¿VENTAJAS PREVIAS?

Uno de los aspectos más sensibles del caso emerge en la intersección entre condiciones técnicas y operativas. El pliego exigía, como requisito excluyente, la disponibilidad de una base operativa con hangar en Bariloche al momento de la oferta. Ese punto, aparentemente técnico, adquiere otra dimensión a la luz del proceso: introduce la posibilidad de que ciertas condiciones previas hayan operado como filtro de acceso efectivo a la licitación.

Según explicó Góngora en LUVER, en una industria globalizada donde la logística es responsabilidad del prestador, “imponer esta restricción física previa es, cuanto menos, sospechoso”. En ese sentido, la empresa ganadora, Aero Guardian S.A., parece haber tenido una "intuición" sobrenatural: firmó su contrato de alquiler de hangar en agosto de 2025, meses antes de que la licitación se publicara en noviembre. Para una
compañía que no opera regularmente en la provincia, este movimiento despertó dudas sobre el potencial acceso a información privilegiada.

"Lo más gracioso de todo esto es que en el hangar con el que tienen el convenio no entra un helicóptero... o sea, ese helicóptero no entra dentro del hangar. Entonces, ¿cuál es el motivo para pedir un hangar como algo excluyente?", sostuvo Góngora.

NULIDAD: TRES EJES

Góngora sostuvo que el proceso presenta vicios desde su origen y confirmó que la empresa solicitó la nulidad integral del procedimiento, al tiempo que evalúa sumarse como querellante en la instancia penal en curso vinculada a este proceso.

El recurso jerárquico estructura su argumentación sobre tres ejes: la legalidad del procedimiento, la consistencia técnica de la adjudicación y la razonabilidad económica de las ofertas.

En el plano administrativo, la empresa cuestiona la dinámica del proceso licitatorio, señalando que la configuración de plazos y condiciones habría restringido la participación efectiva de oferentes, tensionando principios básicos del régimen de contrataciones públicas como la igualdad de trato y la libre concurrencia.

Desde el punto de vista técnico, el planteo apunta al núcleo del objeto licitatorio. Helicopters AR sostiene que la aeronave adjudicada —un modelo UH-60A Black Hawk— no cumpliría simultáneamente con las exigencias de capacidad de descarga de agua y transporte de brigadistas establecidas en el pliego, lo que implicaría un desfasaje entre los requerimientos formales y la solución efectivamente contratada.

EMERGENCIA

La presentación del recurso jerárquico coincide, además, con el cierre de la emergencia ígnea dispuesto por el gobierno provincial, contexto en el que se ejecutó la contratación. Mientras el Ejecutivo destaca la eficacia operativa del sistema desplegado durante la temporada, el proceso administrativo que lo sustentó queda ahora bajo revisión.

Con la vía administrativa aún en curso y la posibilidad de judicialización abierta, el conflicto escala desde una disputa entre oferentes hacia un terreno más amplio: el de los estándares de transparencia, competencia y control en el uso de recursos públicos estratégicos.