El bloque Vamos con Todos, junto a integrantes del bloque PJ–Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para que brinde precisiones detalladas sobre las contrataciones directas realizadas por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) y la Secretaría de Medios durante el año 2026. La solicitud apunta especialmente a campañas publicitarias, contratación de influencers, pauta en medios de comunicación y servicios digitales, con montos que en conjunto alcanzan cifras millonarias.
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la bancada Vamos con Todos José Luis Berros, junto a Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, con el acompañamiento de Daniel Belloso, Alejandra Mas y Leandro García de PJ – Nuevo Encuentro. Se requiere documentación respaldatoria, copias de resoluciones, contratos, dictámenes de la Fiscalía de Estado y detalle de criterios de selección de proveedores y empresas intervinientes.
Entre los puntos centrales, los legisladores solicitan información sobre las campañas con influencers durante el verano 2026, los montos abonados, destinos promocionados y la eventual intermediación de firmas de marketing. También se pide detalle sobre pautas publicitarias en medios digitales y tradicionales, así como las razones que justificaron la modalidad de contratación directa en lugar de mecanismos de licitación pública.
“El manejo de recursos públicos debe ser absolutamente transparente. No se trata de cuestionar la promoción turística ni la comunicación institucional, sino de saber cómo se toman las decisiones y quiénes se benefician con contratos de estas dimensiones”, señaló el presidente del bloque, José Luis Berros, al fundamentar la presentación. En ese sentido, remarcó que el pedido busca “garantizar reglas claras y evitar discrecionalidades que después terminan generando sospechas en la ciudadanía”.
El requerimiento incluye además la nómina completa de medios y empresas beneficiarias, los fundamentos normativos que habilitaron las contrataciones directas y los mecanismos utilizados para acreditar la razonabilidad de los precios. Desde la bancada indicaron que la magnitud de los montos involucrados obliga a un control riguroso y a una explicación pública que despeje dudas sobre la utilización de fondos estatales.
“La transparencia en la administración de la pauta oficial y la publicidad gubernamental constituye una obligación institucional y una herramienta central para fortalecer la confianza pública, especialmente en contextos de restricción presupuestaria y demandas sociales crecientes”, concluyó Berros.
