La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, destacó la conformación de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados y afirmó que se trata de un paso clave para avanzar en una “modernización laboral real”, una demanda que —según expresó— Argentina arrastra desde hace décadas.
A través de publicaciones en sus redes sociales, Villaverde sostuvo que el país lleva más de 15 años sin crecimiento del empleo privado, situación que atribuyó a un sistema que favoreció lo que definió como una “industria del juicio laboral”, alimentada —según indicó— por sectores de la política y del Poder Judicial.
En ese marco, la legisladora explicó que el proyecto en debate no elimina derechos laborales, sino que busca establecer reglas claras para promover el trabajo registrado. “Se mantienen las indemnizaciones, el aguinaldo, las vacaciones y las horas extra”, remarcó.
Entre los principales ejes de la iniciativa, Villaverde enumeró la registración digital simple, la definición precisa de beneficios sociales para evitar la judicialización, y la incorporación de herramientas como el banco de horas voluntario y una jornada laboral moderna, adaptada a las nuevas dinámicas productivas.
“Se terminó el curro. La Argentina vuelve a ponerse del lado del trabajo”, afirmó la diputada rionegrina, quien además respaldó el rumbo del Gobierno nacional al señalar que “con Javier Milei, el cambio es en serio”.
Finalmente, Villaverde aseguró que desde el Congreso continuarán impulsando reformas que, según su visión, permitan generar empleo genuino, atraer inversiones y dar previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores.
El senador rionegrino rechazó de plano el proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el oficialismo. En una encendida intervención, denunció irregularidades en el trámite legislativo, alertó sobre cambios procesales que favorecen a grandes empresas y apuntó contra Federico Sturzenegger como el "ideólogo" detrás de la crisis económica.
La senadora rionegrina rechazó de plano el proyecto oficialista, calificándolo como un acto de "venganza y crueldad" hacia el movimiento obrero. Advirtió que la ley viola la Constitución Nacional y presentó cifras alarmantes sobre la caída del empleo y el consumo en su provincia.
La implementación del nuevo sistema de auditorías médicas redujo drásticamente las licencias. El Gobierno defiende la medida como una protección a los recursos públicos, mientras que los gremios denuncian trabas burocráticas y rechazos injustificados.
