







El Gobernador Alberto Weretilneck firmó hoy el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio de Río Negro. La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
Esta decisión activa mecanismos administrativos y financieros especiales que permiten al Estado responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro. “La experiencia nos demuestra que la prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales”, sostuvo el mandatario.


El Gobierno Provincial remarcó que la combinación de factores climáticos extremos (altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca), sumada a una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano, configura un escenario crítico para la ocurrencia y propagación del fuego.
A estos riesgos, se agregan los antecedentes recientes: incendios que afectaron vidas humanas, infraestructura, actividades productivas y áreas naturales en Río Negro y provincias vecinas.
Prohibiciones y controles más estrictos
El Decreto prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todos los espacios que no estén expresamente habilitados. Además, obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia, cumpliendo los estándares fijados por la normativa vigente.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda facultado para disponer todas las herramientas administrativas y financieras necesarias para atender la emergencia, mientras que el SPLIF podrá otorgar excepciones puntuales y extender el Estado de Alerta Máxima cuando las condiciones lo requieran. A su vez, se invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a la medida, reforzando los controles y campañas de prevención en sus territorios.
Sanciones severas y acciones legales inmediatas
El decreto establece un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor.
También se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos que el Estado debe afrontar para combatir y extinguir el fuego. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que ese accionar genera daños ambientales, económicos y sociales que tardan generaciones en revertirse.
Weretilneck subrayó que la medida responde a principios de prevención ambiental, defensa del territorio y protección de la población. “El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”, afirmó.

Los peores incendios en tres décadas
La temporada estival de 2025 quedará marcada a fuego en la memoria de los habitantes de la Comarca Andina. Lo que comenzó como un foco en el camino del Cajón del Azul a fines de enero, se transformó rápidamente en una pesadilla incontrolable, impulsada por condiciones climáticas extremas: temperaturas récord, sequía persistente y ráfagas de viento que superaron los 90 km/h.
El combate del fuego, que demandó un despliegue histórico de brigadistas nacionales y provinciales, bomberos voluntarios y medios aéreos, puso a prueba la resiliencia de una comunidad que vio cómo las llamas avanzaban sin piedad hacia zonas pobladas.
El Desolador Balance en Cifras
Las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) de El Bolsón y el Gobierno de Río Negro confirmaron las dimensiones de la tragedia:
- Superficie quemada: Más de 3.890 hectáreas, de las cuales aproximadamente 400 eran de bosque nativo irrecuperable en el corto plazo.
- Viviendas afectadas: Un total de 321 hogares sufrieron daños, con 166 de ellos considerados pérdida total.
Infraestructura: Una escuela y una sala de salud quedaron reducidas a cenizas. - Damnificados: Cerca de 612 personas fueron afectadas directamente, incluyendo 80 adultos mayores. Se ordenaron evacuaciones masivas que involucraron a cientos de turistas y residentes.
- Víctima fatal: Un hombre de 84 años perdió la vida por inhalación de humo durante el pico de la emergencia.
Productores: 64 productores agropecuarios reportaron pérdidas de 1.143 hectáreas productivas, alambrados y huertas.
Un "Desastre Ecológico" y la Hipótesis Intencional
La magnitud del desastre superó ampliamente las cifras de temporadas anteriores, cuadruplicando la superficie quemada en toda la Patagonia durante el mismo período. Expertos ambientales advierten que la recuperación del ecosistema de bosque nativo podría demandar hasta 200 años. La pérdida de biodiversidad es "incalculable" y la contaminación del aire y las fuentes de agua genera preocupación a largo plazo.
Paralelamente, la fiscalía confirmó la peor sospecha: los incendios fueron provocados. El modus operandi incluyó el uso de bombas molotov, lo que ha generado indignación en la comunidad y un pedido unánime de justicia para los responsables de sembrar "caos y miedo".
De la Emergencia a la Reconstrucción
Con el fuego finalmente extinguido, la comunidad de El Bolsón enfrenta ahora el desafío de la reconstrucción. El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria, y se trabaja en planes de recuperación ambiental y asistencia a los damnificados.
La tragedia reavivó el debate sobre el financiamiento y la prevención de incendios, mientras los vecinos, con la esperanza intacta pero el dolor a flor de piel, comienzan a limpiar las cenizas y a mirar hacia un futuro que requerirá un esfuerzo mancomunado para sanar las heridas del paisaje y el alma de la Comarca.

Detenidos iniciales y liberaciones
La situación judicial de los involucrados en los incendios de El Bolsón ha experimentado cambios significativos y, hasta ahora la causa principal por intencionalidad ha sido archivada por falta de pruebas concretas contra los sospechosos iniciales.
Durante febrero de 2025, varias personas fueron detenidas en diferentes operativos. Inicialmente, tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de iniciar los focos de incendio. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que se encontró una botella con líquido sospechoso entre sus pertenencias.
Posteriormente, otras tres personas (cinco mujeres y un hombre) fueron detenidas, sumando un total de seis personas imputadas inicialmente.
Estas detenciones generaron controversia y protestas de vecinos y organizaciones sociales, quienes argumentaban que los acusados eran en realidad brigadistas y voluntarios que colaboraban en el combate del fuego, y que las acusaciones eran infundadas.





































