Viedma: Imputan a un hombre por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por haber recibido, descargado y almacenado material de abuso sexual infantil. La investigación se inició a partir de un alerta internacional emitida desde Estados Unidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. 

Según la acusación, el imputado utilizó su teléfono celular y una cuenta de correo electrónico para acceder a imágenes y videos que le fueron enviados vía WhatsApp, los que posteriormente guardó tanto en servicios de almacenamiento en la nube como en su dispositivo móvil.

La calificación legal atribuida es la de distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, previsto en el artículo 128, segundo párrafo. Le endilga la autoría del hecho en función del artículo 45, ambos del Código Penal.

La acusación pública sostuvo que el hecho formulado cuenta con respaldo probatorio en el reporte emitido el 27 de junio de 2024 por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que vinculó las cuentas de Google y la línea telefónica utilizada al imputado y dio aviso. En esa línea, se incorporó el informe de la empresa Movistar, que permitió establecer que si bien el abonado estaba registrado a nombre del progenitor del acusado, era efectivamente utilizado por este último.

La identificación se consolidó a partir de la pericia efectuada por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) del Ministerio Público, que realizó la extracción forense de los dispositivos secuestrados, constatando la existencia de abundante material relacionado con abuso sexual infantil, recibido desde un usuario de la deep web. Además, se corroboró que el abonado investigado coincidía con el señalado en el reporte NCMEC.

Finalmente, la Fiscalía presentó como sustento el informe del Cuerpo Judicial de Investigaciones acerca del domicilio del imputado, junto con el acta del allanamiento practicado en la vivienda, donde se secuestraron los dispositivos sometidos a pericia.

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.