Pesatti impulsa una ley contra los discursos de odio en la función pública

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó un anteproyecto de ley que busca prevenir, prohibir y sancionar los discursos de odio emitidos desde la función pública. La iniciativa, de aprobarse, colocaría a la provincia en un lugar de vanguardia en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Partimos de una premisa fundamental: la palabra de un funcionario no es la de un ciudadano común; está investida de la autoridad del Estado y, por lo tanto, cada expresión se convierte en un acto de gobierno”, sostuvo Pesatti al fundamentar el proyecto.

La propuesta establece que será considerado discurso de odio toda expresión que incite, promueva o justifique la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por motivos de etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social, opinión política u otras características protegidas por el bloque de constitucionalidad federal.

Según explicó el Vicegobernador, la iniciativa se apoya en los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a sancionar estas manifestaciones. “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen de forma imperativa que toda apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia debe estar prohibida por la ley”, remarcó.

El proyecto prevé sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento y la suspensión hasta la cesantía o exoneración en los casos más graves. Además, establece medidas de reparación simbólica, como la retractación pública o la realización de actividades de formación y servicio comunitario.

En el caso de los funcionarios electivos, Pesatti subrayó que “la conducta alcanzada por esta ley será considerada causal de mal desempeño y podrá dar lugar a juicio político y a la separación de su cargo, porque el discurso público degradante constituye un incumplimiento grave en los deberes de un funcionario”.

“Ninguna guerra nació de la boca de un cañón, sino de palabras que incitaron a la violencia. Por eso decimos que la violencia verbal es la antesala de la violencia física. Intervenir a tiempo sobre el discurso oficial que degrada y estigmatiza es una forma de prevenir que esas palabras se conviertan en hechos”, agregó.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que tendrá a su cargo la recepción de denuncias, la elaboración de dictámenes técnicos y la puesta en marcha de un programa de capacitación obligatoria para todo el personal del Estado.

“El discurso público debe administrarse con la misma responsabilidad con la que se administran los fondos públicos. De él depende la salud de nuestra convivencia democrática”, concluyó Pesatti.
Finalmente, el anteproyecto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que analizará la viabilidad de la propuesta antes de su tratamiento en el recinto legislativo.

EL PROYECTO COMPLETO: 👉LEY DISCURSOS DE ODIO (1).pdf