Adicciones: denuncian que organismo rionegrino destina millones a catering, merchandising y alquileres

"Las personas con problemas de adicción se encuentran desamparadas en Río Negro. Mientras el área de Salud Mental de los hospitales de la provincia está, como todo el sistema, inmersa en una crisis profunda y sumida en una total escasez de recursos, la Agencia que debería encargarse de atender la problemática despilfarra los suyos en merchandising, costosas reuniones y erogaciones injustificables", señalaron desde un grupo de legisladores.

Por ello, la bancada que integran José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, junto a sus pares Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, impulsaron un pedido de informes destinado a saber sobre el funcionamiento, acciones y presupuesto de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA).

Ese organismo fue creado en 2016 por ley 5151 con el objetivo de garantizar una política integral de prevención y asistencia psicológica y biológica de personas, grupos y comunidades en lo referente al abuso y consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

Información recabada por los legisladores permitió conocer que en los últimos meses se registraron gastos importantes dirigidos a fines, por lo menos, polémicos. Se destinaron 4.5 millones a artículos de almacén para la oficina central, 6.2 millones para servicio informático, 8.2 millones para artículos de difusión y promoción (remeras, vasos, gorros para distribuir en la playa) y varias compras de repuestos para autos oficiales, entre otros desembolsos.

Llamó la atención de los legisladores la contratación de un servicio de catering para la presentación del Manual de Lineamientos para el Abordaje de los Consumos Problemáticos por medio millón de pesos además del millonario contrato de alquiler para el funcionamiento de la oficina capitalina.

En este marco, José Luis Berros destacó que “el manejo de los recursos por parte de la APASA es insostenible y poco ético, especialmente en un contexto de crisis como el que vivimos en Río Negro, donde las personas con adicciones son las más vulnerables y desprotegidas”. Berros añadió que “resulta inaudito que mientras la salud mental está siendo desatendida y los hospitales carecen de recursos básicos, la agencia malgaste el dinero público en cuestiones que no tienen impacto directo en la vida de las personas que más lo necesitan”.

Los legisladores quieren conocer en detalle el uso de los fondos públicos y las políticas implementadas por la APASA en relación al abordaje de la adicción en la provincia. Solicitan información sobre los convenios celebrados con el Estado Nacional, universidades, organismos provinciales, municipales y ONGs, así como detalles sobre la contratación de la Asociación Civil Intercambios (que elaboró el Manual) y las entidades encargadas de tratar adicciones. Además, requieren información sobre el presupuesto anual de la agencia, su ejecución hasta diciembre de 2024, y el costo de la elaboración del Manual de Lineamientos para la Política Pública de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, entre otros requerimientos.