Reclaman a las empresas de transporte de pasajeros el cumplimiento de la gratuidad para personas con discapacidad

La concejala del Partido Par Viedma, Vanessa Cacho Devincenzi, presentó un pedido de comunicación dirigido a las empresas de transporte público de pasajeros de media y larga distancia que operan desde y hacia la terminal de Viedma, exigiendo el estricto cumplimiento de la Ley 25.635, que garantiza pasajes gratuitos para personas con discapacidad.

Este reclamo surge tras conocerse, a través de diversos medios de prensa, que varias empresas de transporte de todo el país se niegan a otorgar estos pasajes. Las empresas argumentan que, tras la publicación del Decreto 883/2024, que desregula el transporte interjurisdiccional, ya no están obligadas a ofrecer el beneficio, pues dejaron de ser consideradas un "servicio público". Este decreto otorga a las empresas la libertad para definir rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin necesidad de autorizaciones previas, lo que ha desatado un conflicto entre el gobierno y las compañías.

Cacho Devincenzi enfatizó que "no se puede permitir que, bajo el pretexto de la desregulación, se vulneren derechos fundamentales". La concejala requirió a las empresas que se abstengan de incumplir con la normativa vigente, que establece la gratuidad del transporte para personas con discapacidad en trayectos interurbanos y de media y larga distancia, tal como lo establece la Ley 25.635.

A pesar de que el Gobierno nacional ha advertido que aplicará sanciones a las líneas de transporte que no cumplan con la entrega de tickets gratuitos, varias empresas ya han manifestado su intención de llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias, incluso judicialmente. Esta disputa involucra más de 100.000 pasajes y un monto mensual estimado en $3.500 millones.

La concejala destacó la urgencia de resolver este problema: "Las personas con discapacidad dependen de este transporte para actividades esenciales, como atención médica. No podemos permitir que sus derechos sean ignorados".

El conflicto legal y administrativo continuará avanzando en las próximas semanas, mientras las y los usuarios más vulnerables permanecen en la incertidumbre sobre la disponibilidad de este servicio esencial.