Viedma: encontraron en su vivienda diferentes elementos robados y recibe cargos por encubrimiento

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a una mujer por el delito de encubrimiento, ya que en su vivienda fueron encontrados diversos elementos denunciados como robados en dos hechos delictivos. 

En un allanamiento realizado a raíz de la investigación de dos hechos diferentes de robo, hallaron en la propiedad de la mujer ubicada en el barrio Ceferino, un monitor, un CPU, dos sellos de funcionarios públicos y una tarjeta verde a nombre del Municipio de Viedma.

En principio, la evidencia recolectada en la investigación preliminar permite a la Fiscalía entender que la mujer adquirió y/o recibió a sabiendas de su procedencia delictual un monitor, un CPU, dos sellos y una tarjeta verde. A partir del inicio de la investigación penal preparatoria se buscarán mayores evidencias que permitan sostener tal acusación.

La Defensa Pública que asesoró legalmente a la acusada no manifestó objeciones a la descripción del hecho, ni a la calificación jurídica y manifestó que buscarán avanzar en alguna salida alternativa para evitar llegar a juicio toda vez que la imputación no es por la autoría de los robos de la cual no hay evidencia, sino por la posesión de los elementos resultantes de ambos hechos.

Todos esos elementos fueron reconocidos por quienes los denunciaron como robados y devueltos oportunamente a sus propietarios.

Entre el sustento probatorio que avala la acusación. el Fiscal mencionó que cuentan con las denuncias realizadas por las víctimas, los testimonios aportados por las personas que concurrieron a la sede de la Comisaría 34 y reconocieron los diferentes elementos secuestrados como de su propiedad o de las oficinas en las que prestan servicios, indicando para cada caso, características distintivas de los mismos que fueron registradas en las actas respectivas. Agregaron a ello el informe pericial del Gabinete de Criminalística, individualizando cada elemento secuestrado.

La audiencia concluyó con la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses dispuesta por la Jueza de Garantías interviniente.