La Justicia ordenó reinstalar en el ENaCom Bariloche a trabajadores despedidos

El juez federal Gustavo Villanueva hizo lugar a la medida cautelar presentada por dos trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) despedidos a principios de abril y ordenó al organismo restituirlos en sus puestos y pagarles el salario caído. En la resolución queda descubierta la maniobra del Gobierno para deshacerse de personal con el menor costo político posible.

El caso involucra a los delegados de ATE Pablo Roque y Mariana Guibelalde, quienes a fines de mayo recurrieron a la Justicia para pedir la inmediata reinserción en sus puestos por considerarse despedidos sin causa y de manera discriminatoria. Los trabajadores fueron asesorados por las abogadas Josefina González Elizondo, Griselda Ingrassia, Natasha Jerman y Lucila Rodríguez Jauregui.

Roque y Guibelalde forman parte de los más de 300 trabajadores despedidos tras la intervención de Juan Martin Ozores al frente del organismo a partir del 26 de enero y por 180 días mediante el Decreto 89/2024. Ozores dispuso para eso la mínima dotación de personal y dictó el cierre de delegaciones provinciales a partir de abril. Entre ellas, las de Bariloche y Viedma donde se desempeñaban unas quince personas.

No obstante, los trabajadores pudieron comprobar que la delegación no cerró, y que el Centro de Atención de Usuarios donde se desempeñan continuó funcionando. Incluso en la web del ENaCom se menciona la delegación Bariloche como referencia.

“La entidad y su área de trabajo continúan activas, lo cual desmiente la razón dada para su despido”, explicó el juez Villanueva.

Así quedó al descubierto que el modus operandi del Gobierno para deshacerse de delegados, entre otros empleados, fue “cerrar” organismos ya que de acuerdo a la Ley de Asociaciones Sindicales, es la única manera por la que cae la tutela sindical y estabilidad laboral de un delegado. Asimismo lo hicieron con los Centro de Desarrollo de Referencia del Ministerio de Capital Humano, ANSES y Correo Argentino, entre otras oficinas.

“No es necesariamente lo mismo el cese de actividades de un establecimiento –y con ello justificar el despido de un empleado amparado por el halo sindical– que el cierre físico de la dependencia. De hecho, la letra de la ley hace alusión únicamente a lo primero, cuando dice que “la estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de sus tareas”, explicó el magistrado.

¿Por qué el ENaCom?

A cargo de la regulación de las telecomunicaciones, el ENaCom permitió en los últimos años el acceso de los sectores de clase baja a internet con la entrega gratuita de dispositivos móviles y el programa de conectividad para barrios populares del ReNaBaP. Su rol es clave, porque el 42% del ejido municipal de Bariloche carece aún de servicio.

Ante la intervención del organismo en enero, ATE aseguró en un comunicado que el ENaCom garantizó la conectividad en zonas donde las empresas privadas, sin financiamiento del Estado, no ponen internet porque no es rentable y que la verdadera finalidad de la intervención es fomentar el ingreso de empresas extranjeras, como Starlink.

Dentro de los espacios bonificados por ENaCom se encuentran escuelas primarias, secundarias y jardines maternales, espacios de salud, iglesias, bibliotecas, centros comunitarios, comedores, clubes de barrios y también plazas. Hasta fines del año pasado había más de 160 puntos de wifi libre y más de 200 estaciones tecnológicas. 

Más reincorporaciones

Desde diciembre a marzo el Gobierno despidió a 78 trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, cinco de ellos pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi, de los cuales fueron reincorporados dos mediante acciones de visibilización mediática, movilizaciones y negociaciones con autoridades.

Días atrás el presidente Javier Milei dijo en un medio internacional que lleva cesanteados a 25.000 estatales y que iría próximamente a despedir otros 50.000. Sin embargo, desde ATE reconocen sólo el despido de poco más de 11.000 trabajadores, muchos de los cuales se presentaron en la Justicia para revertir esa situación.  

FUENTE: Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

Foto portada: Eugenia Neme