Por la inflación, la cuota se fijará en porcentajes y no en sumas fijas

La madre de una adolescente consiguió modificar el monto que su hija percibe en concepto de cuota alimentaria. Hace seis años, había acordado con el papá una suma fija que luego se incrementó pero no fue suficiente por el proceso inflacionario. Un fallo del fuero de Familia cambió la fórmula para el cálculo.

La mujer explicó que la cuota se fijó cuando la niña contaba con 8 años y que actualmente sus necesidades son totalmente diferentes ya que entró en la adolescencia.

En 2018, en mediación, se fijó una cuota de cuatro mil pesos sin actualización. Con el paso del tiempo ella llegó a un acuerdo verbal con el papá de su hija. Él se comprometió a depositar entre 50 y 70 mil pesos mensuales, pero la madre sostuvo que los depósitos son irregulares y que no guardan proporción con los ingresos del progenitor.

Durante el proceso, la mujer de Cipolletti fue asistida por una abogada de la defensa pública. La defensora de menores también acompañó el pedido para que se fijara una cuota alimentaria acorde a las necesidades de la adolescente.

La mamá adujo que ejerce el cuidado de su hija de forma casi exclusiva, ya que la joven visita a su padre solo durante fin de semana por medio. En consecuencia ella asume casi todo el costo de vida. Enumeró gastos de comida, de educación, pago de internet, habitación, vestimenta y calzado, actividades recreativas y principalmente todo lo referido al cuidado y atención de su salud.

El fallo del fuero de Familia fijó el monto de la cuota alimentaria en un porcentaje de los haberes que percibe el padre. “Es público y notorio que la economía de nuestro país no mantiene un peso constante, sino que por el contrario, el proceso inflacionario que generalmente se encuentra presente, y en especial en estos últimos meses, hace que la capacidad adquisitiva decrezca”, se consigna en la sentencia.

Por ello se consideró que es conveniente que la prestaciones alimentarias sean fijadas en porcentajes y no en sumas fijas a fin de impedir una devaluación del monto a pagar y evitar que la adolescente o su madre impulsen un proceso judicial por cada aumento de la prestación.