La SENAF respondió a los vecinos que pidieron el traslado del CAINA del barrio Jardín

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Río Negro (SENAF) respondieron a los vecinos del barrio Jardín de Viedma, quienes solicitaron el traslado del Centro de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (CAINA) ubicado en ese sector de la ciudad (VER APARTE).

En un comunicado enviado a este medio señalan que “en la actualidad, el establecimiento al que hacen referencia estas personas no corresponde a un CAINA sino a un Dispositivo Socioeducativo dirigido a alojar a personas mayores de 16 años de edad por tiempos determinados por disposición judicial2.

Agregan que este dispositivo “opera bajo un enfoque técnico especializado, orientado al fortalecimiento de las capacidades de las adolescencias para ejercer sus derechos asumiendo las responsabilidades que ello conlleva y en articulación con el Poder Judicial interviniente, de acuerdo a las competencias específicas”.

“Las adolescencias que residen en esta instalación son acompañadas por equipos de intervención técnica capacitados en la materia. Los procesos de intervención y restitución de derechos se llevan a cabo conforme a los lineamientos y cuerpo jurídico específico tanto provinciales como nacionales e internacionales vigentes, garantizando así un abordaje integral y respetuoso de cada situación particular”, añaden.

En este sentido mencionan que “cuando la sanción o medida judicial a una persona menor de 18 años consiste en la privación o restricción de la libertad ambulatoria, debe garantizarse que esa restricción no se convierta en una limitación injustificada de otros derechos tales como el derecho a la educación, a la salud, a la identidad, al desarrollo holístico, a la recreación, el deporte, la cultura, a que sus familias reciban los acompañamientos necesarios para resolver problemas, a recibir un trato digno y a que tengan comunicación con quienes ejercen su defensa, promueven la acción penal y resuelven respecto del proceso judicial. Ello entre otros propios al Estado de derecho del que somos parte”.

En cuanto a la solicitud de custodia policial, afirmaron que “es importante comprender que su implementación requiere una motivación fundada en el caso concreto, la cual corresponde al ámbito del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo”.

Dijeron además que “en la actualidad, la situación no amerita la presencia de custodia policial”.

Destacan también que “estamos llevando adelante un proceso de acompañamiento y seguimiento activo de las adolescencias alojadas en el dispositivo, en miras a la inserción paulatina al mundo adulto y con los controles judiciales correspondientes”.

Consideran que “es fundamental comprender que la construcción de la ciudadanía y la promoción de pautas sociales de convivencia requieren el involucramiento activo de la comunidad”.

Por ello, invitaron “a todos los actores sociales a participar en la construcción de un entorno inclusivo y respetuoso, donde se garanticen los derechos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos en situación de vulnerabilidad”.

“Atribuir los hechos delictivos reportados por la comunidad a las personas adolescentes alojadas en el dispositivo, según se menciona en la nota, contribuye a prejuicios y estigmatizaciones sociales”, indican desde la SENAF.

Aseguran estar al tanto “de las preocupaciones de las personas vecinas pero es fundamental abordar la situación con cautela y basarnos en información precisa y verificada antes de realizar las acusaciones mencionadas, más aún cuando existen los procesos legales correspondientes para encauzarlos”.

En este sentido, subrayaron que “es esencial recordar que los problemas de seguridad suelen tener múltiples factores causales, y que generalizar responsabilidades desvía nuestra atención de encontrar soluciones efectivas y colaborativas para el bienestar de todas las personas involucradas”.

“Cierto es que nadie merece vivir con miedo así como tampoco nadie merece ser expuesto y acusado públicamente de ser responsable de la ‘inseguridad’ del barrio. Al respecto, se destaca que las adolescencias que se alojan en los dispositivos convivenciales del organismo, cuentan con equipos de intervención presentes durante las 24 horas en el lugar”, señalan.

Además dijeron reconocer y comprender “las preocupaciones legítimas de quienes publican el reclamo respecto a la seguridad y convivencia en su comunidad. Es crucial garantizar un entorno seguro y tranquilo para toda la ciudadanía, y entendemos que la presencia de una institución de estas características puede generar inquietudes en la comunidad”.

Por otro lado, recordaron que “los adolescentes -personas en etapa de crecimiento- alojados en este dispositivo también son sujetos de derechos, y es nuestra responsabilidad garantizar su protección y reinserción social”.

“Es por ello que esa Secretaría –expresan- se encuentra comprometida en encontrar un equilibrio entre las preocupaciones de las personas vecinas y la garantía de derechos de las adolescencias allí alojadas”.

Finalmente invitaron a los vecinos “a participar activamente en este proceso de manera constructiva. Es a través del diálogo y la colaboración que podremos encontrar soluciones que promuevan la seguridad y el bienestar de toda la comunidad, sin dejar de lado la protección de los derechos de los adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

Agradecieron “la comprensión y el apoyo de todos los actores involucrados en este desafío” y reafirmaron su compromiso “de trabajar en pos de una sociedad más justa, inclusiva y segura para todos”.