CGT Zona Atlántica expresó preocupación por la intromisión del gobierno en las obras sociales

CGT Regional Zona Atlántica expresó su rechazo a la decisión del gobierno nacional de realizar cambios en los mecanismos de reparto de fondo a las obras sociales que dependen de los gremios.

Desde la central obrera se dejó en claro que las obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de Salud de la Argentina y que no reciben aportes del estado nacional, todo lo contrario funcionan con recursos que los propios trabajadores aportan.

En tal sentido, se explicó que en la actualidad las obras sociales de los gremios atienden un tercio de las personas que concurren al sector público. Además, las obras sociales se financian con los aportes de trabajadores y empleadores. Cada trabajador en situación de dependencia aporta un 3 por ciento de su sueldo y el empleador el 5 por ciento.

Del monto recaudado entre un 80 y 85 por ciento, dependiendo de los ingresos del trabajador, se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante, 15 por ciento o 20, va para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Por lo expuesto, CGT Zona Atlántica rechaza la decisión del gobierno nacional de echar mano sobre el fondo haciendo creer a la población que son recursos del estado, cuando en realidad es todo lo contrario. El fondo se crea con aportes del trabajador y las empresas, en tanto que el estado lo que hace es adminístralo, nada más.

“Como central obrera no podemos quedarnos callados y dejar que este gobierno siga avasallando los derechos de los trabajadores y mucho menos permitir que se meta con las obras sociales”.

En este orden, desde CGT se dejó en claro que “esta intromisión del gobierno en las obras sociales afectará la gestión de la salud de aquellos trabajadores o de sus familiares, que tengan patologías de alta complejidad o de atención especial como pueden ser los casos de cáncer o HIV. A todos estos trabajadores los dejarían sin la posibilidad de cobertura médica y asistencial que necesitan. Todo por una errónea intromisión del estado en un fondo que aportan los trabajadores y trabajadoras del país”.