(AUDIO) Caso Encina: la víctima sigue de licencia psicológica y su abogado pidió que el municipio lo deje cesante
El abogado Guillermo Calfín, representante legal de la mujer que sufrió agresiones por parte de José “Cucho” Encina, quien estuvo al frente de Defensa Civil de la Municipalidad de Viedma, brindó detalles del juicio abreviado mediante el cual el funcionario aceptó una pena de nueve meses de prisión en suspenso por dos hechos de violencia de género.
En diálogo con FM DE LA COSTA, el letrado confirmó que Encina reconoció su responsabilidad en los episodios denunciados y puso especial énfasis en las consecuencias físicas y psicológicas que todavía atraviesa su defendida, quien continúa siendo empleada municipal, aunque permanece de licencia por razones de salud mental.
Calfín también expresó su expectativa de que la Municipalidad de Viedma avance con una sanción administrativa contra Encina, quien, según se informó desde el propio Ejecutivo, continúa siendo agente municipal y tiene su situación bajo evaluación de la Junta de Disciplina.
La víctima sigue con miedo y no pudo asistir a la audiencia
Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con las consecuencias que las agresiones dejaron en la mujer.
Calfín explicó que su representada sufrió lesiones físicas, pero advirtió que el daño psicológico continúa afectando su vida cotidiana.
“Terminó con lesiones que obviamente son notorias y además con algo que por ahí no se ve en los casos de violencia, que es el daño físico y psíquico”, expresó.
En ese sentido, reveló que la mujer no pudo participar de la audiencia judicial en la que se resolvió el acuerdo.
“Hoy no pudo estar en la audiencia, básicamente porque no puede verlo y porque tampoco así lo aconsejó su psicóloga. Obviamente vive con miedo”, manifestó.
El abogado señaló además que la situación debe analizarse teniendo en cuenta la relación de desigualdad que, según describió, existía entre ambos.
“Hay una relación de asimetría entre una persona que tiene un cierto poder y una persona que no dejaba de ser su empleada, más allá de su pareja”, sostuvo.
Tanto Encina como la mujer trabajaban en la misma dependencia municipal y mantenían una relación sentimental. Los dos episodios de violencia ocurrieron fuera del ámbito laboral: uno en una vivienda y otro en un automóvil, en la zona de la Costanera.
El letrado prefirió no profundizar en las circunstancias de las agresiones para preservar la intimidad de su representada y evitar su revictimización.
Piden que la Municipalidad disponga la cesantía de Encina
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la continuidad laboral del funcionario municipal.
Durante el programa se mencionó que la jefa de Gabinete de Viedma, María Eugenia Serra, había confirmado que Encina todavía pertenece a la planta municipal y que será la Junta de Disciplina la encargada de evaluar su situación.
Consultado sobre las consecuencias administrativas que debería tener la resolución judicial, Calfín fue contundente.
“Esperamos que básicamente le den la cesantía en su trabajo. No me quiero meter en el derecho administrativo, pero es lo que corresponde”, afirmó.
El abogado consideró especialmente relevante que Encina haya reconocido los hechos ante la Justicia.
“Nos interesa sobremanera exponer a este señor, que hoy se declaró culpable, que es funcionario público, y espero que ahora la dependencia municipal tome las medidas que corresponden con este hecho de violencia”, manifestó.
De esta manera, más allá de la condena penal acordada, quedó planteado el interrogante sobre las consecuencias que tendrá el caso en el ámbito municipal.
Las condiciones que deberá cumplir para no ir a prisión
Calfín explicó que el juicio abreviado fue acordado entre la Fiscalía, la querella y la defensa, teniendo en cuenta que Encina no registraba antecedentes penales.
El funcionario admitió su responsabilidad por dos hechos de lesiones leves agravadas, en concurso real, y aceptó una pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional.
“Si no comete ningún otro delito, no va a ir preso, para decirlo en la jerga popular y que la gente lo entienda”, explicó el abogado.
Sin embargo, aclaró que deberá respetar una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia.
Entre ellas se encuentran la obligación de fijar domicilio, presentarse ante el Patronato de Liberados, mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de la víctima y abstenerse de establecer cualquier tipo de contacto, incluso mediante redes sociales.
También deberá realizar un curso sobre masculinidades y recibir asistencia psicológica orientada a comprender la gravedad de los hechos reconocidos.
El letrado advirtió que el incumplimiento de estas condiciones puede derivar en consecuencias judiciales y recordó que el juez Marcelo Álvarez fue claro al señalar la posibilidad de que la pena se haga efectiva.
El comportamiento de Encina durante el proceso
Finalmente, Calfín aclaró que, después de la judicialización de los hechos, Encina cumplió con las medidas preventivas y las obligaciones procesales que se le habían impuesto.
“El comportamiento de él fue ajustarse a derecho. Siempre se presentó a todas las audiencias. Obviamente están monitoreados, estas personas no se pueden acercar, y la verdad que ha cumplido”, indicó.
Según explicó, ese comportamiento, junto con la ausencia de antecedentes penales, fue considerado al momento de alcanzar el acuerdo.
También recordó que, cuando existen riesgos para la víctima, peligro de fuga o posibilidades de entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía y la querella pueden solicitar medidas cautelares más severas, incluida la prisión preventiva cuando se cumplen los requisitos legales.
Mientras tanto, la mujer continúa vinculada laboralmente a la Municipalidad de Viedma, pero permanece de licencia psicológica.
El caso tendrá ahora otro capítulo en el ámbito administrativo, donde deberá definirse qué medidas corresponden adoptar respecto de Encina tras el reconocimiento judicial de los hechos de violencia.