Compró un colectivo secuestrado por la Municipalidad de Viedma, denunció numerosos daños y perdió el juicio
Un hombre que compró un colectivo que llevaba más de un año y medio secuestrado por la Municipalidad de Viedma inició una demanda contra el municipio al denunciar que el vehículo había sido devuelto con importantes daños y faltantes de piezas fundamentales para su funcionamiento.
Sin embargo, el fuero Contencioso Administrativo de Viedma rechazó el reclamo económico, al considerar que no existían pruebas suficientes para establecer que los deterioros se hubieran producido durante el período en el que el demandante era propietario y el rodado permanecía bajo custodia municipal.
Un colectivo secuestrado desde 2018
El caso comenzó en noviembre de 2018, cuando inspectores municipales interceptaron el colectivo mientras circulaba por el bulevar Héroes de Malvinas.
Durante el procedimiento comprobaron que el conductor no contaba con el seguro obligatorio ni con la habilitación correspondiente para manejar ese tipo de vehículo.
Como consecuencia, el colectivo fue secuestrado y trasladado a la Base 86 del Cuerpo de Seguridad Vial, ubicada en inmediaciones del puente ferrocarretero.
Allí permaneció hasta julio de 2020, cuando fue formalmente restituido.
El hombre que posteriormente inició la demanda había adquirido el vehículo el 1 de julio de ese año, luego de completar los trámites de verificación policial necesarios para concretar la transferencia.
Denunció faltantes y numerosos daños
El 27 de julio de 2020, la Municipalidad formalizó la restitución del colectivo. Apenas dos días después, el nuevo propietario presentó una nota ante la Agencia Local de Seguridad Vial para denunciar las condiciones en las que había recibido el rodado.
Según su presentación, faltaban las computadoras del motor y de la transmisión, baterías y componentes del sistema de frenos.
También señaló daños en el parabrisas, la carrocería y las luces reglamentarias.
En diciembre de ese mismo año, una escribana realizó una constatación del estado del vehículo. El propietario incorporó además fotografías y un informe elaborado por un ingeniero mecánico.
Con esa documentación, en 2022 inició una demanda contra la Municipalidad de Viedma por considerar que había incumplido su obligación de conservar el colectivo mientras estuvo secuestrado.
Reclamó el dinero necesario para repararlo, una compensación por el tiempo que no pudo utilizarlo, el reintegro de distintos gastos y una indemnización por daño extrapatrimonial.
Por qué la Justicia rechazó la demanda
La Municipalidad negó su responsabilidad y sostuvo que el demandante había comprado el colectivo mucho después de que fuera secuestrado.
También remarcó que, al momento de firmar el acta de restitución, el propietario no había dejado constancia de los daños que posteriormente denunció.
Al analizar el caso, el tribunal distinguió dos períodos.
El primero comprendió desde noviembre de 2018 hasta el 1 de julio de 2020, cuando el hombre adquirió el vehículo. La sentencia estableció que no podía reclamar por daños anteriores a la compra, porque no había demostrado tener derechos sobre el colectivo durante ese tiempo ni haber recibido una cesión del anterior propietario para efectuar ese reclamo.
El segundo período abarcó los 26 días transcurridos entre la compra y la restitución formal.
Durante ese lapso, el demandante ya era propietario y el colectivo continuaba bajo custodia municipal. Sin embargo, tampoco pudo acreditar que los daños se hubieran producido específicamente en esas semanas.
La Justicia consideró que las fotografías, el informe técnico y la constatación notarial permitían conocer el estado del vehículo, pero no determinar el momento en que se habían originado los deterioros.
La responsabilidad municipal y un detalle determinante
Otro aspecto relevante fue que el colectivo permaneció físicamente en el predio después de su restitución.
El fallo explicó que la obligación de custodia de la Municipalidad había finalizado el 27 de julio de 2020, cuando se concretó la entrega formal, independientemente de que el propietario no hubiera retirado inmediatamente el rodado.
La sentencia reconoció que el municipio tenía la obligación de cuidar y conservar el vehículo mientras permaneciera bajo su responsabilidad.
No obstante, aclaró que esa obligación no significaba que debiera responder automáticamente por cualquier daño denunciado.
Para que prosperara la demanda, resultaba necesario acreditar que los deterioros se habían producido durante el período jurídicamente relevante y que existía una relación con una acción u omisión municipal.
Como esos extremos no pudieron demostrarse, el reclamo indemnizatorio fue rechazado.