(AUDIO) Fondos para las juntas vecinales: el proyecto no avanza y crecen las sospechas de politización
El proyecto que busca garantizar recursos económicos permanentes para las juntas vecinales de Viedma atraviesa un momento de incertidumbre. Lo que inicialmente parecía una iniciativa encaminada hacia su tratamiento legislativo terminó envuelto en cuestionamientos, diferencias entre dirigentes barriales y sospechas de interferencias políticas.
Así lo planteó Ricardo Geri, presidente de la Junta Vecinal del barrio Don Bosco, durante una entrevista con FM DE LA COSTA, en la que expresó su preocupación por el estancamiento de la propuesta y lanzó fuertes críticas a la politización de algunas organizaciones vecinales.
Uno de sus señalamientos más contundentes estuvo dirigido a quienes integran juntas vecinales y, simultáneamente, trabajan para la Municipalidad de Viedma.
“Hay muchas personas que trabajan dentro del vecinalismo, pero que a su vez también son empleados del municipio. Entonces, evidentemente, terminan jugando a dos puntas”, afirmó.
Geri sostuvo que esta situación puede generar conflictos de intereses y recordó que existen ordenanzas que establecen determinadas incompatibilidades, aunque aclaró que se trata de una discusión que viene desarrollándose desde hace tiempo.
Un proyecto que perdió impulso
La iniciativa, impulsada por numerosas juntas vecinales y presentada formalmente como proyecto de ordenanza por el concejal Julián Algañaraz, pretende establecer un mecanismo de financiamiento para las organizaciones barriales, sin que sus recursos dependan exclusivamente de las decisiones presupuestarias de cada administración municipal.
La propuesta se fundamenta en el artículo 138 de la Carta Orgánica Municipal, vigente desde 2010, que según Geri establece una obligación de financiamiento que todavía no fue cumplimentada.
“Esto no es un capricho nuestro ni mucho menos. Es algo que ya está establecido desde el año 2010 en el artículo 138 de nuestra Carta Orgánica Municipal”, explicó.
El dirigente señaló que el expediente fue remitido a la Comisión de Asuntos Económicos del Concejo Deliberante, una decisión que consideró correcta por tratarse de una cuestión presupuestaria.
Sin embargo, cuestionó que no se hubiera incorporado inicialmente a la Comisión de Asuntos Vecinales, que también tiene competencia sobre la materia.
Según indicó, Algañaraz solicitó que esa comisión intervenga en el tratamiento de la iniciativa.
Acusaciones de politización y una nota contra la propuesta
Geri reconoció que el vecinalismo viedmense tiene una extensa historia de avances y retrocesos, pero advirtió que uno de sus principales problemas continúa siendo la influencia de los partidos políticos.
“El vecinalismo siempre ha estado teñido de intencionalidad de los partidos políticos por cooptar las diversas juntas vecinales”, manifestó.
En ese sentido, diferenció la actividad política propia de la representación barrial de la participación partidaria dentro de las organizaciones.
“El vecinalismo no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de partido político. Desarrolla actividad política, sin lugar a dudas, porque justamente la resolución de los problemas de la comunidad es una cuestión de orden político, pero no se deben mezclar las cuestiones partidarias con las cuestiones del vecinalismo”, remarcó.
La controversia se profundizó, según relató, a partir de la circulación de una nota firmada por algunos integrantes de juntas vecinales que se oponen al proyecto de financiamiento.
De acuerdo con Geri, quienes respaldaron ese documento consideran que el funcionamiento actual es suficiente y que no resulta necesario avanzar con nuevos mecanismos de asignación de recursos.
“Se ha logrado el apoyo de algunos vecinalistas oponiéndose a la propuesta nuestra, manifestando que está todo bien como está, que no es necesario avanzar en el financiamiento porque está todo perfecto y que es suficiente con que el municipio aporte con elementos de limpieza a las juntas vecinales”, cuestionó.
También rechazó las versiones según las cuales la iniciativa beneficiaría únicamente a las juntas del barrio Don Bosco y del balneario El Cóndor.
Aseguró que esas interpretaciones demuestran desconocimiento del contenido del proyecto, integrado por 22 artículos.
“Ni siquiera se tomaron el trabajo de leer los 22 artículos de la propuesta de ordenanza”, expresó.
Fuertes críticas a los concejales: “La mayoría ni siquiera había leído el proyecto”
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al propio Concejo Deliberante.
Geri reveló que mantuvieron encuentros con representantes legislativos, pero se encontraron con una situación que calificó como grave: buena parte de los ediles no conocía en profundidad el texto que debían analizar.
“Lamentablemente, la mayoría de los concejales, y esto es grave, ni siquiera habían leído el proyecto presentado por Algañaraz”, afirmó.
Para el dirigente barrial, resulta imposible desarrollar una discusión responsable si quienes tienen la tarea de legislar desconocen los alcances de la propuesta.
Reclamó que los representantes municipales estudien el articulado y fundamenten sus posiciones, tanto a favor como en contra.
“No terminar con actitudes chicanescas que no favorecen para nada”, pidió.
Advirtió sobre posibles represalias o diferencias de trato
Durante la entrevista, Geri también expresó preocupación por la posibilidad de que las diferencias en torno al proyecto terminen afectando la relación entre el Municipio y determinadas juntas vecinales.
“Nos preocupa mucho que estas diferencias de opinión terminen convirtiéndose en un trato diferencial por parte del Estado municipal. Esto sería de una gravedad extrema y queremos evitar a toda costa que ocurra”, advirtió.
Si bien no denunció un caso concreto de represalia, dejó en claro que siguen atentamente la evolución del conflicto.
Además, consideró que la discusión se está desviando de su verdadero objetivo y convirtiéndose en una confrontación entre sectores del vecinalismo.
“Estamos observando que esto se lo estaría intentando manejar como si fuera una disputa de un evento deportivo”, graficó.
Financiamiento permanente y presupuesto participativo
Geri insistió en que el reclamo no pretende eliminar el presupuesto participativo, sino complementarlo con un sistema de financiamiento que permita a las juntas vecinales contar con recursos propios.
Explicó que el artículo 138 de la Carta Orgánica contempla el financiamiento de las organizaciones barriales, mientras que el 139 se refiere al presupuesto participativo.
“Nosotros no estamos en contra del presupuesto participativo que establece el 139, al contrario, nos parece importante que haya que seguir revitalizándolo, pero a nuestro juicio no hay presupuesto participativo si no se cumple con el 138 que manda la financiación”, sostuvo.
En ese marco, consideró que si existen objeciones de fondo a la obligación establecida en la Carta Orgánica, deberían plantearse abiertamente e incluso promoverse su modificación, en lugar de mantener una disposición que, según su interpretación, continúa sin cumplirse.
Una reunión clave para destrabar la iniciativa
El próximo martes por la mañana está previsto un encuentro en la Comisión de Asuntos Vecinales del Concejo Deliberante, luego de que la reunión inicialmente programada fuera postergada por la realización de la Feria del Libro.
Geri manifestó su expectativa de que participen tanto las juntas que respaldan la propuesta como aquellas cuyos integrantes expresaron objeciones.
También reclamó que las posiciones institucionales sean discutidas y aprobadas formalmente por las comisiones directivas, y que queden asentadas en las respectivas actas.
De esa manera, pretende evitar que opiniones individuales de algunos dirigentes sean presentadas como decisiones de toda una junta vecinal.
El dirigente insistió en que el debate debe recuperar su eje central: el cumplimiento de la Carta Orgánica y la posibilidad de fortalecer económicamente a las organizaciones barriales.
Mientras tanto, el proyecto continúa sin una definición legislativa y las diferencias políticas amenazan con profundizar una discusión que, originalmente, buscaba otorgar mayor autonomía a las juntas vecinales de Viedma.