De defender la transparencia a ser investigado: las declaraciones de Domínguez que vuelven a cobrar relevancia
La controversia por la contratación de los módulos sanitarios destinados a la Feria Municipal de Viedma abrió un debate sobre la transparencia administrativa, los vínculos familiares de los funcionarios públicos y los límites establecidos por las normas de ética pública.
En ese contexto, varios meses atrás, el subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Viedma, Norberto Domínguez, brindó una entrevista a FM DE LA COSTA en la que defendió la posibilidad de que empresas vinculadas a personas conocidas o familiares de funcionarios participaran en procesos de contratación pública, siempre que se respetaran las condiciones legales y existiera una competencia transparente.
Sus expresiones fueron formuladas cuando la controversia se encontraba en una etapa anterior a las posteriores actuaciones del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, deben interpretarse como una posición política y administrativa expresada en aquel momento, y no como una respuesta a las definiciones que se conocieron después.
"Viedma-Patagones es un lugar chico, nos conocemos todos"
Durante aquella entrevista, Domínguez relativizó la existencia de relaciones personales entre integrantes del Estado y empresarios que participan en contrataciones municipales, al considerar que se trata de una característica habitual de comunidades como Viedma y Carmen de Patagones.
"Viedma-Patagones es un lugar chico, nos conocemos todos, es un pueblo grande y uno se encuentra con amigos, con vecinos, incluso parientes que tienen sus esquemas personales", expresó.
El funcionario sostuvo que la existencia de esos vínculos no debería constituir, por sí sola, un impedimento para participar de una contratación pública.
"Es muy delicado no permitir participar de una licitación pública donde hay procesos totalmente transparentes que se comunican a través de boletines oficiales para que todas las empresas tengan oportunidad", manifestó.
En esa línea, reconoció que la cuestión puede generar situaciones sensibles cuando aparecen relaciones personales o familiares entre quienes administran los recursos públicos y quienes aspiran a realizar trabajos para el Estado.
"Es muy finito el hilo cuando uno tiene un amigo o un pariente que posee una empresa y puede generar alguna acción o estructura vinculada al Estado", señaló.
Sin embargo, agregó: "Si eso está hecho de la mejor calidad, se genera una oportunidad para todos y la competencia es leal, no hay mayores inconvenientes".
La defensa de la obra y la necesidad de respetar las instituciones
Domínguez también se refirió específicamente a la infraestructura sanitaria que había motivado los cuestionamientos.
"El módulo del baño estaba espectacular, era de primera línea, y lo que hay que ver es que la ciudad siga creciendo y genere mejores estructuras para que los espacios funcionen", afirmó.
De esa manera, puso el acento en las características de la obra y en la necesidad de continuar incorporando infraestructura para mejorar los espacios públicos.
No obstante, también planteó que las actuaciones del Estado deben evaluarse con objetividad.
"Si las cosas están bien o están mal, en eso hay que ser objetivo; hacer las cosas, defender al Estado y a las instituciones también", sostuvo.
Sus declaraciones adquieren particular relevancia porque el debate posterior no se limitó a la calidad de los módulos sanitarios, sino que se concentró en las condiciones de adjudicación y en las posibles incompatibilidades derivadas de los vínculos familiares denunciados.
La denuncia por el parentesco y el domicilio compartido
La polémica se originó a partir de cuestionamientos de sectores de la oposición municipal, que solicitaron información sobre la contratación de los sanitarios.
El concejal Julián Algañarás aseguró que la empresa adjudicataria pertenecería a un cuñado del intendente Marcos Castro y que registraría el mismo domicilio fiscal que el jefe comunal.
El planteo puso bajo discusión no solamente la relación familiar denunciada, sino también la necesidad de determinar si existían incompatibilidades o restricciones legales para la contratación.
Por su parte, la vocal del Tribunal de Cuentas, Giselle Rosas, corroboró datos relacionados con el domicilio y los vínculos señalados mediante la consulta de registros oficiales y del padrón electoral.
La integrante del organismo de control advirtió que la situación debía analizarse a la luz de la Ley de Ética Pública Municipal.
De esta manera, el caso dejó de circunscribirse a una discusión sobre la conveniencia de contratar determinadas empresas y pasó a involucrar la aplicación de las normas que regulan la conducta de los funcionarios públicos y las relaciones entre intereses particulares y decisiones estatales.
El Tribunal de Cuentas terminó ordenando un sumario que incluye a Domínguez
El escenario cambió sustancialmente el 25 de septiembre de 2026, cuando el Tribunal de Cuentas de Viedma resolvió abrir un sumario administrativo para investigar la actuación de cuatro funcionarios y exfuncionarios municipales vinculados con la contratación de los sanitarios.
Entre los funcionarios alcanzados por esa decisión se encuentra precisamente Norberto Domínguez, quien meses antes había defendido públicamente la transparencia de los procedimientos municipales.
La investigación también comprende a Martín Alberto Calderón, entonces secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas; Ignacio Andrés Mildenberger, subsecretario de Obras Públicas; y Marcos Naranjo, director de Arquitectura.
La resolución fue informada oportunamente por Noticias Río Negro, que detalló los alcances de la medida adoptada por el organismo de control.
El sumario tiene por finalidad esclarecer las intervenciones de los funcionarios en el expediente y determinar si existieron responsabilidades administrativas. Su apertura no implica que se hayan acreditado irregularidades ni constituye una sanción.
La decisión sobre Castro dividió al Tribunal
Otro aspecto relevante de las definiciones posteriores fue la situación del intendente Marcos Castro.
La vocal Giselle Rosas consideró que existían elementos suficientes para avanzar también con una investigación sobre el jefe comunal, particularmente por el vínculo familiar denunciado con Nicolás Bambaci, administrador de Módulos Patagónicos SAS.
Sin embargo, los otros dos integrantes del Tribunal no acompañaron esa postura y, por mayoría, se desestimó avanzar contra Castro en esa instancia.
De este modo, la investigación quedó inicialmente concentrada en los cuatro funcionarios mencionados, aunque la resolución contempló la posibilidad de incorporar a otros agentes si surgieran nuevos elementos durante el procedimiento.
Una contratación superior a los 45 millones de pesos
La adjudicación cuestionada ascendió a 45.312.000 pesos, mientras que la otra oferta presentada fue de 45.343.842 pesos, una diferencia de apenas 31.842 pesos.
Entre los aspectos sometidos a revisión también se encuentran las modificaciones del proyecto original, el traslado de los módulos que inicialmente estaban previstos para El Cóndor, la demolición de los sanitarios existentes en la Feria Municipal y el destino de los materiales retirados.
Declaraciones que hoy adquieren otra relevancia
La particularidad de aquella entrevista con Domínguez es que sus afirmaciones fueron realizadas mucho antes de que el Tribunal de Cuentas resolviera investigar su propia intervención en el expediente.
En aquel momento, el subsecretario defendía la posibilidad de que empresas pertenecientes a familiares o conocidos de funcionarios participaran en contrataciones públicas, siempre que existieran transparencia, igualdad de oportunidades y competencia leal.
Meses después, el organismo de control consideró necesario profundizar el análisis administrativo de la contratación y de las responsabilidades de quienes intervinieron.
Esto no significa que las declaraciones de Domínguez constituyan una admisión de irregularidades, ni que el sumario haya demostrado alguna conducta indebida de su parte. Sin embargo, la secuencia de los acontecimientos coloca sus palabras en un contexto institucional diferente al que existía cuando fueron pronunciadas.
La cuestión de fondo sigue siendo determinar si el procedimiento de contratación respetó las exigencias legales, administrativas y éticas aplicables a la utilización de recursos públicos.
Las definiciones de septiembre confirmaron que, más allá de la calidad de los sanitarios y de las explicaciones políticas ofrecidas inicialmente, existían aspectos de la contratación que el Tribunal de Cuentas consideró necesario investigar formalmente.