La Legislatura de Río Negro aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar distintos instrumentos financieros durante el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de atender necesidades transitorias de caja y garantizar el cumplimiento de las obligaciones provinciales.
La norma, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027, modifica la ley H N° 5125 y establece un límite de 180 mil millones de pesos para la utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). También autoriza la emisión de Letras de Tesorería por hasta 160 mil millones de pesos, monto máximo que podrá encontrarse en circulación simultáneamente.
El debate en el recinto
Como miembro informante de Juntos Somos Río Negro, Soraya Yauhar explicó que estos instrumentos permiten afrontar los desfasajes entre el ingreso de recursos y el cumplimiento de compromisos como el pago de salarios y proveedores. Señaló que la caída de la recaudación nacional y del consumo afecta las finanzas provinciales, y aclaró que los montos autorizados representan límites máximos que no necesariamente se utilizan en su totalidad.
Desde Vamos con Todos, Luciano Sempé cuestionó el incremento de las autorizaciones y sus costos financieros. Indicó que la Provincia acumula alrededor de 6.700 millones de pesos en intereses por giros en descubierto y estimó que las Letras podrían generar un costo de 29.400 millones, de mantenerse las tasas actuales. Consideró que la utilización recurrente de estos mecanismos constituye endeudamiento y adelantó el rechazo de su bloque.
En representación del PJ–Nuevo Encuentro, Leandro García vinculó la situación financiera provincial con el contexto económico nacional. Advirtió sobre la reducción de los recursos provenientes de Nación, el aumento de las demandas sociales y el peso de los intereses en las cuentas públicas. Sostuvo que el equilibrio fiscal debe analizarse junto con el equilibrio social y manifestó su oposición al proyecto.
Gabriela Picotti también adelantó su voto negativo y cuestionó el crecimiento de los montos autorizados en los últimos años. Planteó que la administración de los recursos públicos debe evaluarse tanto por sus resultados financieros como por las respuestas del Estado en salud, educación y seguridad.
Por su parte, Martina Lacour acompañó la iniciativa, aunque expresó preocupación por la evolución de las cuentas provinciales. Señaló que entre enero y septiembre de 2026 se acumuló un déficit financiero de 271 mil millones de pesos y un desahorro corriente superior a los 40 mil millones, cifras que contrastó con las previsiones presupuestarias. No obstante, consideró necesario disponer de estos instrumentos para afrontar las obligaciones del próximo ejercicio.
Desde Juntos Somos Río Negro, Luis Noale defendió la autorización de las herramientas y destacó que permiten garantizar la continuidad de los servicios esenciales. También se refirió a los niveles de endeudamiento provincial, las perspectivas de ingresos vinculadas con los proyectos energéticos y la importancia de publicar periódicamente información fiscal y financiera.
Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, acompañó el proyecto, aunque manifestó reparos sobre los costos financieros. En particular, reclamó revisar las condiciones ofrecidas por el Banco Patagonia como agente financiero de la Provincia. Reconoció la necesidad de contar con estos mecanismos para cumplir las obligaciones del Estado, pero advirtió sobre las dificultades para afrontarlas con los recursos disponibles.
En representación de la Unión Cívica Radical, Ariel Bernatene sostuvo que la Provincia debe comenzar el ejercicio fiscal con instrumentos que permitan resolver eventuales problemas de liquidez. Mencionó las fluctuaciones en la recaudación y la necesidad de cumplir compromisos con fechas determinadas, como salarios y servicios esenciales. Por estos motivos, adelantó su voto favorable.
Desde CC ARI–Cambiemos, Javier Acevedo también acompañó la iniciativa y detalló los incrementos respecto de 2026: el FUCO pasa de 140 mil a 180 mil millones de pesos; las Letras de Tesorería, de 120 mil a 160 mil millones; y los cheques de pago diferido, de 24 mil a 30 mil millones. Consideró necesario contar con estas herramientas, aunque reclamó mantener el seguimiento y control legislativo sobre su utilización.
José Luis Berros, de Vamos con Todos, ratificó el rechazo de su bloque. Cuestionó que estos mecanismos sean considerados únicamente instrumentos para atender deficiencias estacionales de caja y señaló que durante 2026 la Provincia habría recurrido al descubierto durante 125 días. También vinculó su posición con las dificultades que atraviesan los servicios públicos, particularmente el sistema de salud.
Por el bloque PRO–Unión Republicana, Juan Martín votó favorablemente, aunque planteó la necesidad de discutir las causas estructurales que llevan a recurrir a estas herramientas. Señaló que, según datos que atribuyó al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el ejercicio 2025 registró un déficit de 117 mil millones de pesos. Reclamó mayor información sobre las cuentas públicas y destacó la importancia de generar inversión, empleo privado y recursos genuinos.
El presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, cerró las intervenciones con una defensa de la administración financiera provincial. Sostuvo que estas autorizaciones responden a mecanismos previstos para garantizar el funcionamiento del Estado y rechazó que su utilización obedezca a decisiones discrecionales del Gobierno.
En relación con el endeudamiento, afirmó que el peso de la deuda respecto de los ingresos provinciales se redujo del 71% en diciembre de 2023 al 22% en diciembre de 2025 y al 16% en septiembre de 2026.
También señaló que el gasto corriente registra un crecimiento interanual del 30%, frente a una inflación del 33%, mientras que la recaudación propia aumentó un 38%.
Respecto de las herramientas autorizadas para 2026, precisó que se utilizaron 69 mil millones de los 120 mil millones de pesos disponibles en Letras de Tesorería y 19 mil millones de los 24 mil millones habilitados para cheques de pago diferido. Indicó que estos últimos recursos se destinaron principalmente a obligaciones vinculadas con IPROSS, Salud Pública y Educación.
López también hizo referencia a las responsabilidades asumidas por la Provincia ante el retiro del financiamiento nacional en distintas áreas, entre ellas obras públicas, rutas, escuelas y universidades.
Finalmente, sostuvo que el control del gasto se llevó adelante sin ajustes sobre los trabajadores públicos ni cierre de áreas estatales. Reivindicó además la posición de Juntos Somos Río Negro de acompañar las decisiones nacionales que beneficien a la Provincia y cuestionar aquellas que considere perjudiciales para sus intereses.