(AUDIO) Ibarrolaza denunció que Río Negro está entre las provincias menos transparentes y acusó a Juntos Somos Río Negro de favorecer a sus afiliados

El legislador provincial Santiago Ibarrolaza lanzó fuertes cuestionamientos al funcionamiento del Estado rionegrino y reclamó una profunda modificación de los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y designación de funcionarios.

En una entrevista en FM DE LA COSTA, advirtió que Río Negro se encuentra entre las tres provincias argentinas con menor acceso a la información pública, según un relevamiento de una consultora nacional que mencionó durante la conversación, y cuestionó que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios permanezcan bajo un sistema de documentación cerrada, sin posibilidad de consulta pública directa.

“Hoy Río Negro está considerada una de las tres provincias en las cuales menos acceso a la información pública existe: Río Negro, Formosa y La Rioja”, afirmó.

El legislador, integrante de Cambia Río Negro, explicó que presentó un proyecto para modificar la Ley 3550 y establecer un sistema integral digital que permita a cualquier ciudadano conocer el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos y seguir su evolución.

Pero sus cuestionamientos fueron más allá de las declaraciones juradas. También denunció prácticas de nepotismo en la administración pública y acusó directamente al oficialismo provincial de utilizar las estructuras del Estado para favorecer a personas vinculadas políticamente.

Declaraciones juradas en sobres cerrados: un sistema que calificó de viejo y obsoleto

Ibarrolaza explicó que actualmente existe una obligación legal de presentar declaraciones juradas patrimoniales, pero señaló que el mecanismo vigente impide que esa información esté verdaderamente al alcance de la ciudadanía.

La Ley 3550 establece que los funcionarios deben presentar su documentación ante el Tribunal de Cuentas de Río Negro, organismo encargado de recibir las declaraciones.

Sin embargo, según detalló, el artículo 10 contempla un procedimiento mediante el cual la información queda en sobres cerrados, sin un sistema de consulta pública directa.

“Hoy el sistema análogo documental que hay de declaraciones juradas va al Tribunal de Cuentas, nadie se entera, nadie sabe de qué se trata, y hoy no sabemos en qué andan nuestros funcionarios”, cuestionó.

Para el legislador, este procedimiento resulta incompatible con las exigencias actuales de transparencia institucional.

“Entendemos que tenemos que actualizarnos y modernizarnos, y que el sistema que existe hoy en Río Negro es un sistema absolutamente vetusto, viejo, en el cual ningún rionegrino tiene acceso a la información”, expresó.

En ese sentido, insistió en que no alcanza con exigir a los funcionarios que declaren sus bienes si posteriormente esa documentación permanece fuera del conocimiento público.

Un sistema digital para conocer el patrimonio de cada funcionario

La iniciativa legislativa propone crear un registro público digital de declaraciones juradas patrimoniales, administrado por el Tribunal de Cuentas.

De acuerdo con lo explicado por Ibarrolaza, la información debería estar disponible para la ciudadanía dentro de los 30 días posteriores a su presentación, permitiendo conocer no solamente los bienes declarados por cada funcionario, sino también cómo evoluciona su patrimonio durante el ejercicio de la función pública.

“Lo que venimos a plantear es un sistema integral digital que quede establecido en el Tribunal de Cuentas y que cada rionegrino o rionegrina que quiera saber cómo es la evolución del patrimonio de cada funcionario lo tenga en la computadora y pueda acceder, como corresponde en un sistema democrático, abierto”, sostuvo.

El legislador aclaró que la publicidad de las declaraciones juradas no implicaría divulgar información personal sensible.

Entre los datos que deberían permanecer protegidos mencionó domicilios particulares, números de cuentas bancarias, claves y otros elementos que pudieran afectar la privacidad o seguridad de los funcionarios.

La propuesta apunta a hacer pública la información patrimonial relevante, preservando esos datos personales.

“Si nosotros no tenemos nada que ocultar, le mostremos a la comunidad cuánto es lo que evolucionan nuestros patrimonios, en todo momento, porque si no hay nada que ocultar, no hay nada de que no se tenga que mostrar”, manifestó.

Ibarrolaza aseguró que la mayoría de las provincias argentinas ya cuenta con mecanismos de publicidad de las declaraciones juradas, mientras que Río Negro continúa utilizando procedimientos que consideró atrasados.

“Juntos Somos Río Negro ha hecho de la afiliación partidaria toda una carrera administrativa y judicial”

Uno de los momentos más críticos de la entrevista se produjo cuando el legislador abordó el ingreso de familiares y personas vinculadas políticamente a la administración pública.

Ibarrolaza sostuvo que las designaciones por parentesco o cercanía partidaria constituyen una práctica que debe terminarse y apuntó directamente contra el partido gobernante.

“Juntos Somos Río Negro ha hecho de la afiliación partidaria toda una carrera administrativa, una carrera judicial, lo hemos dicho con absoluta claridad hace mucho tiempo”, afirmó.

El legislador consideró que estas prácticas contribuyen al deterioro de la relación entre la política y la sociedad.

“La política se ha alejado de la sociedad y la sociedad reniega de la política porque las estructuras político-partidarias han hecho de la política la transferencia de parientes, la transferencia de familiares, ingresan por acomodo, por si te conozco o no te conozco”, expresó.

En ese contexto, planteó que el Estado debe incorporar personal sobre la base de la preparación profesional, los antecedentes y las capacidades individuales, en lugar de priorizar vínculos familiares o políticos.

“Nosotros creemos que el Estado debe ser ocupado por los que mejores formaciones tienen”, señaló.

También reconoció que estas situaciones no son exclusivas de Río Negro, aunque sostuvo que en la provincia resulta indispensable avanzar con reformas legislativas para impedirlas.

Proponen impedir el ingreso de familiares sin concurso

El proyecto de modificación de la Ley 3550 también incorpora disposiciones destinadas a limitar las designaciones de familiares de funcionarios públicos.

Ibarrolaza explicó que la propuesta busca evitar que personas vinculadas por parentesco accedan a cargos mediante decisiones discrecionales.

“Lo que nosotros estamos planteando es que el ingreso a la función pública deba darse por otras razones y no por razones de parentesco, sino que se dé por razones de idoneidad, mérito e igualdad de oportunidades”, indicó.

El legislador fue particularmente crítico con las designaciones que, según aseguró, se producen en Viedma.

“Que cuando uno ingresa a la función pública lo haga porque tiene las condiciones para hacerlo, no porque es primo de, hijo de, hermano de, algo que en Viedma sabemos, sin hipocresía, que sucede bastante”, afirmó.

No obstante, aclaró que la iniciativa no pretende impedir que una persona capacitada pueda trabajar en el Estado por el solo hecho de tener un familiar que ejerza una función pública.

La diferencia, explicó, estaría en el mecanismo de ingreso.

“En el caso que ingrese por concurso, no. Lo que nosotros decimos es que ese pariente o ese familiar que tiene las condiciones para ingresar, si ingresa por el sistema de concurso, puede ingresar”, precisó.

Y agregó: “Una cosa es el familiar que ingresa a dedo, nosotros en esta ley planteamos que es incompatible y que no se puede; y otra cosa es el familiar que ingresa por concurso porque se formó, porque estudió, porque se capacitó”.

La polémica por su propio ingreso al Estado

Durante la entrevista, el periodista Gustavo Bosco recordó un cruce que Ibarrolaza había protagonizado en una comisión legislativa, cuando otro parlamentario cuestionó las circunstancias de su ingreso a la administración pública.

El legislador aclaró que quien había formulado aquella observación fue Javier Acevedo. Según relató, Acevedo había señalado que Ibarrolaza llegó desde Buenos Aires para incorporarse al Estado provincial cuando su tío ocupaba el Ministerio de Gobierno.

Ibarrolaza reconoció ese vínculo familiar, pero defendió su formación académica y las condiciones profesionales con las que accedió al cargo.

“Lo que no contó es que yo venía de una carrera de grado, que me había recibido como abogado en la Universidad de Buenos Aires, y que vine a un cargo de director de Legales”, respondió.

Y añadió: “No es que yo me recibí de abogado y vine a ocupar un cargo de médico; vine a ocupar un cargo de abogado”.

El parlamentario insistió en que su propuesta pretende establecer criterios objetivos de idoneidad para el acceso a la función pública.

De todos modos, el episodio dejó planteada una discusión sobre los mecanismos de designación y la diferencia entre contar con formación profesional y acceder efectivamente a un puesto mediante un concurso abierto.

Un proyecto contra el nepotismo que encontró resistencia

Ibarrolaza también recordó que anteriormente había presentado otra iniciativa legislativa destinada específicamente a combatir el nepotismo.

Aclaró que se trata de un proyecto diferente del que actualmente impulsa sobre declaraciones juradas y transparencia.

Según explicó, aquella propuesta encontró resistencia en la mayoría de los bloques legislativos.

“Tuve el rechazo de la mayoría de los bloques. En ese momento el único bloque que debo decirlo me acompañó fue el PRO”, recordó.

El legislador interpretó esa falta de acompañamiento como una muestra de las dificultades que enfrenta cualquier intento de modificar las prácticas tradicionales de designación dentro del Estado.

Pese a ello, aseguró que continuará insistiendo con ambas iniciativas.

“Tenemos que hacer del Estado de los mejores funcionarios, tenemos que elevar la vara para arriba, no la vara para abajo”, remarcó.

El proyecto lleva dos meses en la Legislatura

Respecto del trámite parlamentario, Ibarrolaza confirmó que la propuesta para modificar la Ley 3550 tiene estado parlamentario desde hace aproximadamente dos meses.

Señaló que espera que el oficialismo acompañe el debate y comprenda que la reforma no está dirigida exclusivamente a los funcionarios actuales, sino que busca establecer reglas permanentes para las próximas administraciones.

“Esperemos que el Gobierno de Juntos Somos Río Negro entienda que no se trata de una cuestión de los funcionarios actuales, que nosotros lo hacemos pensando en los años que vienen”, expresó.

Finalmente, insistió en que la transparencia patrimonial y la selección de funcionarios por mérito son condiciones necesarias para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

“Tenemos que ir a un Estado muchísimo más transparente que el que hoy tenemos y a un sistema político mucho más de apertura, en el cual la sociedad conozca y entienda a sus funcionarios”, concluyó.

La iniciativa deberá atravesar el debate legislativo para determinar si Río Negro abandona el actual mecanismo de declaraciones juradas bajo reserva y avanza hacia un registro digital de consulta pública, una reforma que, según Ibarrolaza, permitiría conocer cómo cambia el patrimonio de quienes administran los recursos y toman decisiones en nombre de los rionegrinos.