(AUDIO) El IPPV endurece los controles en Viedma: buscan recuperar viviendas alquiladas irregularmente y adjudicarlas a familias con discapacidad

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de Río Negro intensifica las acciones destinadas a controlar la ocupación de las viviendas sociales, regularizar las deudas de sus adjudicatarios y avanzar en la entrega de escrituras a las familias que terminaron de pagar sus casas.

En diálogo con FM DE LA COSTA, el titular del organismo, Mariano Lavín, explicó los principales lineamientos de la política habitacional provincial y puso especial énfasis en la detección de viviendas que fueron alquiladas, vendidas irregularmente o que permanecen deshabitadas.

El funcionario sostuvo que el objetivo es garantizar que las unidades construidas mediante programas estatales cumplan con su finalidad social y no se conviertan en una oportunidad de negocio para quienes resultaron beneficiados.

Tres prioridades: deudas, escrituras y ocupación

Lavín detalló que la gestión del IPPV trabaja sobre tres ejes fundamentales para ordenar la situación habitacional en Río Negro.

El primero está relacionado con la regularización de deudas, mediante distintas acciones destinadas a reducir los niveles de morosidad entre los adjudicatarios.

El funcionario reconoció que el contexto económico representa una dificultad para numerosas familias, pero remarcó la importancia de sostener el recupero de las cuotas correspondientes a las viviendas entregadas.

El segundo eje es la regularización dominial, que busca garantizar que quienes terminaron de pagar sus casas puedan acceder a la escritura definitiva.

En este punto, Lavín destacó que el organismo alcanzó un "récord absoluto" al concretar la entrega de más de 2.800 escrituras durante los últimos dos años y medio.

La escrituración permite brindar seguridad jurídica a las familias, consolidar su derecho de propiedad y resolver situaciones que, en numerosos casos, permanecieron pendientes durante años.

El tercer eje corresponde a la regularización de ocupación, que consiste en verificar que las viviendas efectivamente estén habitadas por las personas o grupos familiares a quienes fueron adjudicadas.

Este último aspecto adquiere especial relevancia frente a la detección de casas que son utilizadas para obtener ingresos mediante alquileres o que fueron transferidas sin cumplir los procedimientos correspondientes.

"La vivienda no puede generar un negocio inmobiliario"

Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con el uso que algunos adjudicatarios hacen de las viviendas sociales.

Lavín fue categórico al advertir que una casa otorgada por el Estado para resolver una necesidad habitacional no puede transformarse en un emprendimiento inmobiliario mientras se encuentra bajo las condiciones del plan de adjudicación.

"La vivienda es para la vida de la familia beneficiaria que cumplió el requisito... no puede generar un negocio inmobiliario mientras esté en plan de pago", expresó.

El funcionario explicó que el IPPV desarrolla controles para detectar inmuebles alquilados, desocupados o utilizados por personas distintas de sus adjudicatarios originales.

Cuando se comprueba una irregularidad, el organismo puede iniciar las actuaciones administrativas y legales correspondientes para determinar si corresponde recuperar la vivienda.

La intención es evitar que unidades habitacionales construidas con recursos públicos sean utilizadas con fines de lucro mientras otras familias continúan esperando una solución a sus necesidades.

De todos modos, cada situación requiere la evaluación de las condiciones de adjudicación y de las circunstancias particulares del inmueble.

Las viviendas recuperadas tendrán un destino específico

Lavín también reveló cuál es el criterio que aplica el organismo para la nueva adjudicación de las viviendas recuperadas por situaciones irregulares.

"Cada una de las viviendas irregulares que vamos recuperando van adjudicadas íntegramente a personas con discapacidad o familias con integrantes con discapacidad", aseguró.

De esta manera, el IPPV busca que los inmuebles que vuelven a quedar bajo su disponibilidad sean destinados a grupos familiares con necesidades habitacionales especialmente sensibles.

La decisión apunta a reforzar el carácter social de las viviendas estatales y priorizar a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a una casa adecuada.

"IPPV en tu barrio": atención directa y menos burocracia

Otro de los aspectos destacados por el funcionario fue la implementación del programa "IPPV en tu barrio", una modalidad de atención territorial que permite acercar los servicios del organismo a los vecinos.

A través de estos operativos, personal del instituto se traslada a distintos barrios de Viedma y localidades de la provincia para recibir consultas y avanzar en la resolución de trámites.

"Atendemos cara a cara... eso reduce la burocracia, la respuesta es más rápida, inmediata y directa", explicó Lavín.

Entre las situaciones que se atienden se encuentran las dificultades relacionadas con la titularidad de viviendas cuyos adjudicatarios fallecieron, así como los cambios en la composición familiar derivados de divorcios o separaciones.

También se brinda asesoramiento sobre deudas, documentación y procedimientos necesarios para regularizar la situación de las unidades habitacionales.

Según explicó, el contacto directo con los vecinos permite resolver inconvenientes que, mediante los mecanismos administrativos tradicionales, pueden demandar mayor tiempo.

Las viviendas del CURZA usurpadas durante la pandemia

Durante la entrevista con FM DE LA COSTA también se abordó una situación particular que continúa generando preocupación en Viedma: la ocupación irregular de dos viviendas vinculadas al CURZA, de la Universidad Nacional del Comahue, ubicadas en el barrio Ceferino.

Los inmuebles estaban destinados a estudiantes, especialmente jóvenes provenientes de localidades de la Línea Sur que necesitaban alojamiento para cursar sus estudios universitarios en la capital provincial.

Sin embargo, durante la pandemia fueron ocupados irregularmente, lo que afectó la posibilidad de utilizarlos para la finalidad educativa prevista.

Consultado sobre la posibilidad de que el IPPV intervenga para recuperar esas propiedades, Lavín aclaró que existe una limitación relacionada con la legitimación legal para iniciar las acciones correspondientes.

"Cuando hay alguna situación de ocupación irregular, quien tiene la legitimidad para accionar a la recuperación es el beneficiario. En este caso sería la universidad", explicó.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el caso se encuentra judicializado y la Universidad Nacional del Comahue habría iniciado actuaciones para intentar recuperar los inmuebles.

En consecuencia, aunque el IPPV conoce la situación, la responsabilidad de impulsar la restitución corresponde a la universidad, en su carácter de beneficiaria de las viviendas.

El funcionario diferenció así este caso de aquellos en los que el instituto conserva facultades directas de fiscalización y recuperación sobre unidades adjudicadas a particulares.

La situación del barrio Ceferino continúa siendo especialmente sensible por el destino original de las propiedades: ofrecer alojamiento a estudiantes que deben trasladarse desde otras localidades para acceder a la educación superior.

El desafío de garantizar que las viviendas lleguen a quienes las necesitan

Las declaraciones de Mariano Lavín dejaron planteado uno de los principales desafíos de la política habitacional provincial: no solamente construir y adjudicar nuevas viviendas, sino también controlar el destino de las que ya fueron entregadas.

En ese marco, el IPPV busca avanzar simultáneamente sobre la morosidad, la escrituración y la detección de ocupaciones irregulares.

La entrega de más de 2.800 escrituras, los operativos de atención territorial y las acciones para recuperar inmuebles utilizados fuera de las condiciones de adjudicación forman parte de esa estrategia.

El mensaje central del funcionario fue que las viviendas sociales deben cumplir la función para la cual fueron construidas: resolver necesidades habitacionales y no convertirse en una fuente de ingresos inmobiliarios mientras continúan sujetas a los planes de pago y las obligaciones de adjudicación.