Río Negro asegura que protege los datos personales, pero persisten cuestionamientos por la exigencia de información privada a los contribuyentes

El Gobierno de Río Negro difundió este sábado un comunicado en el que asegura que la modernización de la administración pública contempla la protección de la identidad y de los datos personales de los ciudadanos. Sin embargo, esas afirmaciones contrastan con los cuestionamientos que surgieron meses atrás a partir de una investigación periodística sobre la utilización de información privada por parte de organismos provinciales.

La controversia gira alrededor de una cuestión central: ¿hasta dónde puede avanzar el Estado en la recopilación de datos personales y qué garantías concretas tienen los ciudadanos sobre el destino de esa información?

La administración del gobernador Alberto Weretilneck sostiene que las nuevas herramientas tecnológicas fueron desarrolladas para simplificar trámites y garantizar un tratamiento responsable de los datos. Del otro lado, las investigaciones periodísticas plantean interrogantes sobre la obligatoriedad de proporcionar información personal para acceder a determinados servicios estatales.

El Gobierno asegura que protege la identidad digital

En su comunicación oficial la Provincia destacó las características de la aplicación Soy Río Negro y del asistente virtual Río Bot 2.0, presentados recientemente como parte del proceso de modernización estatal.

Según explicó, la denominada Identidad Digital Rionegrina permite acreditar la identidad una sola vez y utilizar esa validación para acceder a diferentes trámites y servicios.

El sistema utiliza infraestructura tecnológica provincial y verifica la identidad mediante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Además, el Ejecutivo aseguró que las plataformas incorporan controles de acceso, cifrado de comunicaciones y mecanismos destinados a evitar la utilización indebida de información personal.

Respecto de Río Bot 2.0, informó que los usuarios deben aceptar expresamente las condiciones de privacidad antes de comenzar a utilizar el servicio mediante WhatsApp.

También precisó que las conversaciones y los datos asociados se conservan durante 30 días desde el último intercambio, y que cada nuevo mensaje renueva ese plazo.

La Provincia afirmó, además, que la información personal no se comercializa, no se cede con fines comerciales y no se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El antecedente: la obligación de entregar el número de celular

Sin embargo, el discurso oficial sobre la protección de la privacidad encuentra un antecedente que merece ser considerado.

El 9 de junio de este año, Noticias Río Negro publicó una investigación presentada por el periodista Gonzalo Santos en la edición número 30 de LUVER (La Única Verdad es la Realidad), programa emitido por FM DE LA COSTA.

El trabajo, vinculado con la investigación denominada "Estado Intruso", advirtió que la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro había implementado un procedimiento obligatorio de actualización de datos para los contribuyentes.

Según la publicación, para utilizar los servicios web con clave fiscal se exigía constituir o actualizar el Domicilio Fiscal Electrónico e informar un número de teléfono celular válido.

La advertencia que aparecía en el sistema era concreta:

"Para operar en los servicios web, es obligatorio registrar el Domicilio Fiscal Electrónico e informar un número de teléfono celular válido".

El mensaje agregaba que, de no cumplir con ese requisito, se limitaría el acceso a los servicios con clave fiscal.

De esta manera, según la documentación presentada en aquella investigación, la entrega del número telefónico no aparecía como una opción voluntaria, sino como una condición para continuar realizando determinadas gestiones tributarias por internet.

La diferencia entre aceptar voluntariamente y estar obligado

Este punto constituye uno de los principales aspectos del debate.

En su reciente comunicado, el Gobierno destaca que Río Bot solicita consentimiento expreso antes de iniciar una conversación por WhatsApp.

Sin embargo, el antecedente de la Agencia de Recaudación Tributaria plantea una situación diferente: la exigencia de proporcionar un teléfono celular para acceder a servicios fiscales.

Aunque se trata de plataformas y procedimientos distintos, ambos forman parte de la relación digital entre el Estado provincial y los ciudadanos.

La diferencia no es menor.

Una cosa es decidir voluntariamente utilizar un asistente virtual y aceptar sus condiciones. Otra es encontrarse con un requisito obligatorio de entrega de datos personales para operar mediante los servicios tributarios digitales.

Esto no significa necesariamente que la exigencia sea ilegal o que la información esté siendo utilizada indebidamente. Pero sí plantea la necesidad de conocer su fundamento normativo, su finalidad específica y las garantías existentes para impedir usos ajenos a los procedimientos fiscales.

Los interrogantes que planteó la investigación

En aquella oportunidad, Santos cuestionó especialmente la obligatoriedad de informar el teléfono personal.

"El teléfono no es un dato neutro", advirtió el periodista, al señalar que actualmente ese dispositivo concentra buena parte de las comunicaciones familiares, laborales, financieras y personales.

También reclamó que el Gobierno explicara las razones por las cuales exige esa información y qué mecanismos existen para controlar su utilización.

La investigación planteó varios interrogantes que siguen siendo relevantes para evaluar la política de protección de datos: quiénes pueden acceder a los números telefónicos, durante cuánto tiempo se conservan, si pueden cruzarse con otras bases estatales y qué participación tienen las empresas privadas que prestan servicios tecnológicos.

Otro de los aspectos señalados fue la necesidad de establecer garantías para impedir que información recopilada con fines administrativos termine siendo utilizada para comunicaciones políticas o electorales.

La publicación también informó que nueve legisladores provinciales de distintos bloques habían presentado un pedido de informes para conocer cómo el Ejecutivo obtiene, administra, conserva y comparte información personal en sus sistemas de comunicación digital.

La nueva explicación oficial no responde específicamente al caso tributario

El comunicado difundido este sábado desarrolla las medidas de seguridad de Soy Río Negro y Río Bot 2.0, pero no aborda específicamente la exigencia de registrar un número de teléfono celular para operar con clave fiscal en la Agencia de Recaudación Tributaria.

Tampoco explica si esa información puede utilizarse exclusivamente para comunicaciones tributarias o si existen mecanismos que permitan compartirla con otros organismos provinciales.

Es importante distinguir ambas cuestiones: las garantías anunciadas para las nuevas aplicaciones no demuestran, por sí solas, cómo se administran las bases de datos utilizadas por el organismo recaudador.

Asimismo, las denuncias periodísticas no constituyen por sí mismas una prueba de que haya existido una filtración de datos o un uso indebido de información personal.

Lo que permanece abierto es el interrogante sobre los límites, controles y condiciones bajo los cuales el Estado puede exigir y utilizar datos privados de los contribuyentes.

Modernización y privacidad: dos obligaciones que deben convivir

La digitalización de trámites puede representar un avance importante para los ciudadanos, especialmente en una provincia extensa como Río Negro, donde numerosos vecinos deben recorrer grandes distancias para realizar gestiones presenciales.

Centralizar servicios, reducir documentación y evitar trámites repetidos son objetivos que pueden facilitar la relación entre la administración pública y la comunidad.

Pero esos beneficios no eliminan la obligación estatal de justificar la recopilación de información personal, limitar su utilización a finalidades determinadas y garantizar mecanismos efectivos de protección.

La Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales establece principios relacionados con la finalidad, pertinencia, seguridad y confidencialidad en el tratamiento de información personal.

En ese marco, resulta necesario distinguir entre los datos indispensables para identificar a un contribuyente, aquellos utilizados para facilitar comunicaciones y los que podrían destinarse a otras funciones.

Una discusión que sigue abierta

El Gobierno de Río Negro presenta sus nuevas plataformas como herramientas que permiten avanzar hacia una administración más eficiente, segura y respetuosa de la privacidad.

La investigación periodística difundida por FM DE LA COSTA, en cambio, puso el foco en las condiciones bajo las cuales los contribuyentes deben entregar información personal para utilizar determinados servicios públicos.

Ambas informaciones exponen aspectos diferentes de una misma transformación digital.

Mientras el Ejecutivo destaca las medidas de protección incorporadas a sus nuevas aplicaciones, los cuestionamientos sobre la recopilación obligatoria de números telefónicos requieren explicaciones específicas que no aparecen en el comunicado oficial de este sábado.

La cuestión de fondo no es si Río Negro debe avanzar hacia un Estado digital, sino cómo garantiza que esa modernización respete los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando proporcionar determinados datos personales deja de ser una elección y se convierte en un requisito para realizar trámites obligatorios.

En definitiva, la protección de la privacidad no depende solamente de las características tecnológicas de una aplicación. También requiere reglas claras, controles verificables y transparencia sobre el uso que el propio Estado hace de la información que solicita a los rionegrinos.