(AUDIO) Luis Sabbatella defendió la legalidad de la licitación de los baños de la Feria de Viedma y rechazó las críticas políticas: "No existe incompatibilidad ética"

La polémica por la licitación de los baños de la Feria Municipal de Viedma volvió a instalarse en el debate público, esta vez a partir de las explicaciones brindadas por el fiscal municipal, Luis Sabbatella, quien defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que no existe una incompatibilidad expresamente prevista en la normativa por el vínculo familiar entre el intendente Marcos Castro y una persona relacionada con la empresa adjudicataria.

Durante una entrevista con FM DE LA COSTA, el funcionario también respondió a los cuestionamientos dirigidos hacia su actuación y aclaró que la Fiscalía Municipal no tiene las mismas atribuciones que un fiscal del Poder Judicial, por lo que consideró equivocadas algunas de las exigencias formuladas desde sectores políticos.

La controversia gira alrededor de la adjudicación de los trabajos para la construcción de los sanitarios de la Feria Municipal a una empresa vinculada al cuñado del jefe comunal, una circunstancia que generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y las posibles incompatibilidades éticas.

Sabatella sostuvo que, más allá de las interpretaciones políticas que puedan realizarse, la cuestión debe analizarse a partir de lo que establece concretamente la legislación municipal.

"Yo no soy un fiscal de la Justicia": qué puede investigar la Fiscalía Municipal

Uno de los primeros puntos que abordó el funcionario fue el alcance de sus competencias y las diferencias entre la Fiscalía Municipal y los organismos judiciales encargados de investigar eventuales delitos.

En ese sentido, cuestionó que se le atribuyan responsabilidades que, según explicó, no corresponden a su función institucional.

"Tengo la mala costumbre, en la cual no he querido entrar en conflictos con los respectivos Concejos Deliberantes, de atribuirle determinadas funciones a la Fiscalía que no tiene. Y después salen a la luz como si uno fuera el agente fiscal o un fiscal de la Justicia", expresó.

A continuación, precisó cuáles son sus responsabilidades dentro de la estructura municipal.

"Yo no soy un fiscal de la Justicia. Yo represento a la Municipalidad en los juicios y hago el último contralor de los actos administrativos que en determinadas circunstancias tiene que firmar el Intendente, y de esos actos administrativos uno hace el encuadre de legalidad", explicó.

De esta manera, buscó diferenciar las tareas de representación judicial y control de legalidad que desarrolla su organismo de las investigaciones que pueden corresponder a otras instituciones.

Según su interpretación, la Fiscalía Municipal no tiene intervención directa en todos los procedimientos administrativos y tampoco puede asumir automáticamente funciones de investigación sobre cualquier controversia vinculada con decisiones del Ejecutivo.

La relación familiar con el intendente y la ordenanza de ética pública

Al referirse específicamente a la adjudicación de la obra, Sabbatella sostuvo que el vínculo de cuñado no aparece contemplado entre las incompatibilidades establecidas por la normativa municipal de ética pública.

Para fundamentar su posición, hizo referencia a las consideraciones realizadas desde el Tribunal de Cuentas y señaló que las posibles infracciones deben encontrarse expresamente previstas en la legislación.

"La ordenanza de ética pública tipifica claramente cuáles son los casos en que se violaría la ética pública y por el cual habría que investigar", manifestó.

En ese marco, agregó: "Te lo está diciendo el propio integrante del Tribunal de Cuentas, de que no existe esa relación porque no existe inhabilidad o incompatibilidad ética desde el punto de vista de la tipificación legal entre el cuñado y el Intendente".

El funcionario insistió en que no corresponde extender las prohibiciones legales a situaciones que no se encuentran expresamente comprendidas en ellas.

"Si ya el propio Tribunal de Cuentas te está diciendo de que no hay una violación a la ética pública porque no está tipificado en la norma, lo que en definitiva y en última instancia tendría que investigar quien habla es innecesario, es inocuo", afirmó.

De acuerdo con su planteo, el hecho de que una empresa adjudicataria tenga una vinculación familiar con el intendente no determina, por sí mismo, la existencia de una infracción a la ordenanza de ética pública.

Su defensa estuvo centrada en la ausencia de una incompatibilidad legal específica, aunque la controversia también generó cuestionamientos de carácter político sobre la conveniencia de este tipo de contrataciones.

¿Quién debe investigar a un intendente?

Otro aspecto abordado durante la entrevista fue el procedimiento que contempla la normativa municipal cuando se presentan cuestionamientos éticos contra funcionarios públicos.

Sabbatella explicó que la ordenanza establece responsabilidades de investigación para los superiores jerárquicos, pero advirtió que esa disposición presenta una particularidad cuando el funcionario cuestionado es el propio intendente.

"La norma dice que el que tiene que investigar es el superior al funcionario que supuestamente está involucrado. ¿Quién es el superior del Intendente? No tiene superior el Intendente", señaló.

Frente a esa situación, consideró que el control institucional debería canalizarse a través del Concejo Deliberante, en el marco de sus atribuciones.

"Por analogía, el contralor, si hay que hacer un juicio político o un pedido de revocatoria, quien lo hace es el Concejo Deliberante", indicó.

Sin embargo, volvió a cuestionar la necesidad de promover una investigación cuando, según su interpretación, la situación denunciada no está incluida entre las incompatibilidades previstas.

"¿Pero qué iba a investigar si desde el punto de vista de la ética pública el cuñado no está dentro de la tipificación de la incompatibilidad?", se preguntó.

De esta manera, el fiscal municipal sostuvo que no encuentra fundamentos legales para avanzar con una investigación desde su organismo por el vínculo familiar señalado en la adjudicación de la obra.

El enojo por las publicaciones sobre su hija: "Llevo casi 40 años en el municipio, ¿qué tengo que demostrar?"

La entrevista también tuvo un tramo de fuerte contenido personal, cuando Sabbatella se refirió a publicaciones que vincularon la contratación de una de sus hijas por parte de la Municipalidad con supuestos acuerdos o favores políticos.

El funcionario expresó su malestar por la difusión de esas versiones y negó haber intervenido para favorecer laboralmente a sus familiares.

"Acá la política metió la cola para perjudicarlo de alguna manera o hacerlo enojar. Difundieron que la Municipalidad contrató a su hija para trabajar...", relató al referirse a la controversia.

Luego defendió la independencia profesional de sus hijos.

"Mis hijos son grandes, son profesionales, tienen su trabajo, son todos profesionales, no he intervenido para nada. Una cosa totalmente de locos", sostuvo.

Sabbatella vinculó esos cuestionamientos con su extensa trayectoria dentro de la administración municipal y consideró injusto que se ponga en duda su conducta después de tantos años de desempeño institucional.

"Llevo casi 40 años en el municipio, me jubilo el año que viene, ¿qué tengo que demostrar después de todo este tiempo sobre mi línea de conducta?", expresó.

El fiscal también cuestionó que las controversias políticas terminen involucrando a familiares de los funcionarios.

"Me parece un absurdo todo eso. En un lugar público uno sabe que está expuesto a determinadas circunstancias, pero llegar a este nivel de meterse a nivel familiar... la verdad es que ha llegado el periodismo a un nivel muy bajo con todo este tipo de cosas", manifestó.

No obstante, aclaró que sus críticas no estaban dirigidas al conjunto de los trabajadores de prensa.

"No generalizo porque sé que hay grandes periodistas y personas que lo trabajan seriamente, pero hay medios que... ¿qué tiene que ver mi situación con todo eso?", agregó.

Sus declaraciones reflejaron el malestar que le provocaron las publicaciones relacionadas con su entorno familiar, en medio de los cuestionamientos políticos por la licitación de los baños de la Feria.

La autonomía municipal, una de sus principales banderas jurídicas

Más allá de la polémica actual, Sabbatella dedicó buena parte de la conversación a explicar su compromiso con el derecho municipal y la defensa de la autonomía de los gobiernos locales.

El funcionario, que se encuentra próximo a completar cuatro décadas de trayectoria y anticipó que accederá a la jubilación durante el próximo año, sostuvo que buena parte de su actividad profesional estuvo orientada a consolidar las competencias institucionales de Viedma.

"Realmente la siento a la institución, soy un gran defensor de la autonomía municipal", afirmó.

En ese sentido, destacó los antecedentes judiciales que, según explicó, contribuyeron a fortalecer las atribuciones del municipio frente a otros niveles del Estado y empresas prestadoras de servicios.

"Rescato la jurisprudencia que he logrado imponer a través de las actuaciones de la Municipalidad respecto a la autonomía. Río Negro es un ejemplo de autonomía municipal, lo he hecho a partir de esa pasión que tengo por el municipalismo desde el punto de vista jurídico", manifestó.

Para Sabbatella, el régimen de autonomía municipal establecido en Río Negro constituye una de las características más importantes de su organización institucional.

El fiscal comparó ese esquema con el existente en la provincia de Buenos Aires y destacó las diferencias entre ambas jurisdicciones.

"La Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la Constitución Nacional, debería tener autonomía, pero en los derechos que se reservó no la estableció", sostuvo.

En contraposición, elogió el alcance de las disposiciones constitucionales rionegrinas.

"La Constitución de Río Negro en eso es muy ponderada por todas las provincias, porque el marco de autonomía que tiene es muy grande, muy por encima de cualquier otra provincia, y es un verdadero ejemplo", expresó.

Según explicó, esa autonomía resulta fundamental para que los municipios puedan ejercer sus competencias, administrar sus recursos y defender sus intereses ante decisiones de organismos provinciales o nacionales.

Los juicios contra Camuzzi y Telefónica

Al repasar su trayectoria, Sabbatella recordó algunos de los litigios que consideró especialmente relevantes para la defensa del patrimonio municipal.

Entre ellos mencionó las acciones judiciales promovidas contra empresas prestadoras de servicios públicos, particularmente Camuzzi y Telefónica.

"Ganamos un juicio muy grande contra Camuzzi, que es el pago del derecho de ocupación de los espacios públicos underground", recordó.

La controversia estuvo vinculada con la potestad municipal de exigir el pago de derechos por la utilización de espacios públicos mediante instalaciones subterráneas destinadas a la prestación de servicios.

Desde su perspectiva, estos antecedentes contribuyeron a consolidar la capacidad de los municipios para establecer y exigir obligaciones relacionadas con la utilización de su territorio.

También mencionó los conflictos judiciales con Telefónica, en el marco de las disputas por las competencias locales frente a empresas de alcance nacional.

Para el funcionario, estos litigios no solamente representaron cuestiones económicas, sino que también tuvieron importancia en la construcción de jurisprudencia favorable a la autonomía municipal.

La defensa de la capitalidad de Viedma, uno de los casos que más recuerda

Entre todos los expedientes que atravesaron su carrera, Sabbatella identificó como uno de los más trascendentes el relacionado con la defensa de Viedma como capital de Río Negro.

El funcionario recordó que, durante el proceso de reforma constitucional provincial, existieron preocupaciones por la posibilidad de que la ciudad perdiera esa condición.

"El caso más importante de todos fue cuando la reforma de la Constitución y ante el miedo de perder la capitalidad...", señaló.

Explicó que, frente a ese escenario, se promovieron acciones judiciales destinadas a proteger la situación institucional de Viedma.

"Interpusimos un mandamus y una acción judicial que sentó una jurisprudencia enorme y evitó los miedos de que Viedma perdiera la capitalidad como ocurrió en 1958", recordó.

El fiscal atribuyó especial relevancia a aquella intervención por sus implicancias institucionales y por el antecedente jurídico que, según su interpretación, dejó establecido.

Para Sabbatella, la defensa de la capitalidad constituye uno de los ejemplos más significativos de la importancia que puede adquirir la representación judicial de un municipio cuando se encuentran comprometidos intereses fundamentales de la comunidad.

La disputa por los fondos municipales durante la época de Cavallo

Otro episodio que destacó estuvo relacionado con las medidas económicas adoptadas a nivel nacional durante la gestión de Domingo Cavallo y sus consecuencias sobre los recursos de las provincias y los municipios.

Sabbatella recordó que, en ese contexto, se produjo una retención de fondos vinculados al Banco de Río Negro, situación que generó preocupación por sus posibles efectos sobre los recursos coparticipables que correspondían a los gobiernos locales.

Según relató, la Municipalidad de Viedma promovió una acción judicial para evitar que las consecuencias de aquella decisión alcanzaran los fondos municipales.

"Intervenimos a través de un amparo a nivel nacional para que esa retención que le habían hecho al gobierno provincial no afectara el porcentaje que por ley de coparticipación les correspondía a los municipios", explicó.

El funcionario consideró que aquella actuación constituyó otro antecedente importante en la defensa de los recursos propios de las administraciones municipales.

En su análisis, la autonomía no solamente comprende la capacidad de dictar normas o ejercer competencias administrativas, sino también la posibilidad de proteger judicialmente los ingresos que corresponden a cada gobierno local.

Los controles bromatológicos y las disputas con empresas nacionales

Sabbatella también recordó las controversias judiciales relacionadas con las facultades municipales para realizar inspecciones y controles bromatológicos.

En ese terreno mencionó litigios con frigoríficos y empresas de alcance nacional, en los que se discutieron las atribuciones de los gobiernos locales para intervenir en cuestiones vinculadas con la salubridad, la higiene y el control de actividades económicas.

Según explicó, esas disputas estuvieron relacionadas con el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles del Estado.

La posición defendida desde la Municipalidad estuvo orientada a sostener que la existencia de regulaciones provinciales o nacionales no elimina necesariamente las facultades locales de fiscalización dentro de su jurisdicción.

Para Sabatella, este tipo de antecedentes también contribuyó a fortalecer el reconocimiento de las competencias municipales y a consolidar criterios jurídicos sobre los límites y alcances de la autonomía.

Casi cuatro décadas en la Municipalidad y una jubilación cercana

En el tramo final de su repaso, el fiscal dejó en claro que su extensa trayectoria en la Municipalidad de Viedma constituye una parte central de su identidad profesional.

Con casi 40 años de desempeño y la jubilación prevista para 2027, sostuvo que su trabajo estuvo marcado por la defensa institucional del municipio, tanto en controversias administrativas como en litigios judiciales de trascendencia.

La conversación permitió recorrer diferentes etapas de la historia política y jurídica de Viedma, desde las discusiones por su condición de capital provincial hasta los conflictos por recursos económicos, servicios públicos y competencias municipales.

En ese contexto, Sabbatella reivindicó los antecedentes judiciales construidos durante su gestión y expresó su satisfacción por haber contribuido, desde su función, al fortalecimiento de la autonomía municipal.

Sin embargo, la actualidad política también ocupó un lugar importante en sus declaraciones.

La controversia por los baños de la Feria Municipal y las publicaciones relacionadas con su familia lo llevaron a responder públicamente a los cuestionamientos, defender su conducta y explicar los límites de su responsabilidad institucional.

Su posición fue clara: desde el punto de vista de la normativa de ética pública, considera que el vínculo de cuñado con el intendente no configura una incompatibilidad legal y, por lo tanto, no encuentra motivos para impulsar una investigación desde la Fiscalía Municipal por esa circunstancia.

Así, mientras continúan las repercusiones políticas por la adjudicación de la obra, Sabatella buscó separar los cuestionamientos sobre la conveniencia de una contratación de la existencia de una infracción legal, una distinción que considera fundamental para analizar el caso.