Soria ya lo había advertido en FM de la Costa: ahora la oposición exige saber quiénes se beneficiarán con el crédito de USD 80 millones

Las dudas sobre el destino del crédito de 80 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar infraestructura productiva en Río Negro, volvieron a instalarse en la discusión política provincial. Sin embargo, el cuestionamiento no es nuevo: la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, ya lo había planteado públicamente el pasado 14 de agosto durante una entrevista con FM de la Costa.

En aquella oportunidad, Soria puso el foco en las obras de electrificación rural y cuestionó que la Provincia asumiera una deuda millonaria para desarrollar infraestructura que, según advirtió, podría beneficiar directamente a grandes propietarios privados.

"Estamos tomando 80 millones de dólares del BID para electrificar campos privados. ¿De quién son esos campos?", preguntó entonces la jefa comunal, anticipando uno de los principales interrogantes que ahora formalizaron distintos sectores de la oposición legislativa.

Casi dos meses después de aquellas declaraciones, el bloque Vamos con Todos, junto a integrantes de PJ - Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes para que el Gobierno provincial detalle quiénes serán los beneficiarios de las obras, qué tierras recibirán las inversiones y qué ganancias económicas podrían obtener sus propietarios.

La advertencia de Soria y las sospechas sobre los propietarios

Durante su entrevista con FM de la Costa, Soria también cuestionó las prioridades del Gobierno provincial al momento de definir el destino de los recursos provenientes del endeudamiento.

La intendenta contrapuso la situación de los barrios populares y de las familias que todavía necesitan acceder a servicios esenciales con la decisión de financiar obras de electrificación destinadas a establecimientos rurales privados.

En ese contexto, mencionó información que había recibido, aunque aclaró que no contaba con confirmación oficial, sobre una presunta vinculación de parte de las tierras ubicadas al norte del río Negro con integrantes de la familia Macri, incluidos hijos de Jorge Macri.

Se trató de una sospecha planteada por Soria, no de un dato acreditado sobre la titularidad de esos inmuebles. Precisamente, la falta de información pública sobre los propietarios y beneficiarios constituye uno de los puntos centrales del nuevo reclamo legislativo.

La intendenta también había cuestionado que, en medio de las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias rionegrinas, el Estado provincial asumiera compromisos financieros para realizar inversiones que podrían incrementar el valor de propiedades privadas.

Ahora los legisladores quieren conocer nombres, hectáreas y beneficios

El nuevo pedido de informes fue impulsado por la legisladora Magdalena Odarda, junto al presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y los parlamentarios Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich.

La presentación busca conocer en detalle el programa de financiamiento por 80 millones de dólares del BID, especialmente en lo referido a electrificación rural, ampliación de áreas bajo riego y extensión de infraestructura productiva.

Entre los datos solicitados figuran la identidad de los propietarios de las tierras beneficiadas, la cantidad de hectáreas que posee cada uno, las actividades productivas que desarrollan y la eventual valorización económica de esos inmuebles como consecuencia de las obras.

"Nadie se opone a que Río Negro invierta en infraestructura productiva. Lo que queremos saber es algo mucho más básico: quiénes se van a beneficiar con este crédito y cuánto van a ganar gracias a una obra que vamos a pagar entre todos los rionegrinos", sostuvo Berros.

El legislador agregó: "No queremos que detrás de la palabra producción se esconda un negocio extraordinario para unos pocos propietarios. Si el Estado pone la plata y los privados se quedan con la valorización de sus tierras, es razonable preguntar quiénes son, cuánto reciben y qué aportan a cambio".

Una deuda que, según Odarda, se pagará durante 25 años

Por su parte, Magdalena Odarda reclamó que el Gobierno provincial publique información precisa sobre los destinatarios de las inversiones.

"El Gobierno tiene que transparentar el mapa de beneficiarios. No estamos hablando solamente de kilómetros de tendido eléctrico o de hectáreas bajo riego: estamos hablando de tierras concretas, propietarios concretos y de una valorización económica concreta que puede producirse a partir de una inversión pública millonaria", expresó.

La legisladora también puso el acento en el plazo de devolución del financiamiento.

"Durante 25 años generaciones de rionegrinos pagarán un crédito en dólares que necesitamos saber a quién beneficiará de manera directa", advirtió.

El planteo incorpora otro interrogante: si los propietarios cuyas tierras aumenten de valor como consecuencia de las obras deberán realizar algún aporte o reintegro al Estado provincial.

En ese sentido, los legisladores solicitaron información sobre los mecanismos previstos para compensar eventuales beneficios económicos extraordinarios y sobre las políticas destinadas a garantizar que pequeños y medianos productores, familias rurales y productores rionegrinos tengan prioridad en el acceso a la nueva infraestructura.

"Si una obra pública aumenta significativamente el valor de una propiedad privada, hay que discutir también cómo vuelve parte de ese beneficio a la sociedad que financió la obra. No sería aceptable que las ganancias sean privadas y la deuda pública", remarcaron desde el bloque.

De una pregunta en la radio a un pedido formal al Gobierno

La presentación legislativa retoma, en buena medida, el interrogante que María Emilia Soria había formulado en agosto ante los micrófonos de FM de la Costa: quiénes son los propietarios de los campos que recibirán las obras financiadas con el crédito internacional.

Mientras la intendenta de Roca había puesto el acento en la posible utilización de fondos públicos para beneficiar a grandes propietarios privados, los legisladores opositores avanzaron ahora con un requerimiento institucional para obtener nombres, superficies, actividades productivas y estimaciones de beneficios económicos.

Desde Vamos con Todos aclararon que no cuestionan la inversión en infraestructura productiva como política de desarrollo, sino que reclaman transparencia sobre sus destinatarios y sobre la distribución de los beneficios derivados del endeudamiento.

La respuesta del Gobierno provincial será determinante para conocer el alcance de las obras, identificar a sus beneficiarios directos y establecer si existen mecanismos para recuperar parte de la valorización privada que eventualmente generen.

Por ahora, el interrogante que Soria había instalado públicamente el 14 de agosto continúa siendo el eje de la controversia: ¿quiénes se beneficiarán con las inversiones financiadas mediante una deuda que deberá afrontar Río Negro?

Qué dice el Gobierno sobre el destino de los fondos

El Gobierno de Río Negro, por su parte, sostiene que el programa permitirá fortalecer la producción agropecuaria, ampliar las superficies bajo riego, mejorar el abastecimiento energético rural y financiar medidas de prevención de riesgos climáticos.

Según la información difundida tras la aprobación del crédito, las inversiones beneficiarían directamente a casi 7.000 productores y permitirían mejorar el servicio eléctrico de 566 hogares de Guardia Mitre. El programa contempla, además, un aporte provincial de 5 millones de dólares, que elevará la inversión total a 85 millones.

Entre los proyectos anunciados figuran obras en Guardia Mitre, Negro Muerto, Margen Norte del Valle Medio y el sistema de riego del IDEVI.

La Provincia defiende estas inversiones como herramientas para impulsar el desarrollo económico. La oposición, en cambio, reclama conocer la identidad de los beneficiarios particulares y determinar si las obras generarán incrementos patrimoniales privados financiados mediante endeudamiento público.