Sobreendeudados y sin salida: dos trabajadores estatales rionegrinos fueron a la Justicia para pedir su propia quiebra

Dos trabajadores estatales de Río Negro, ahogados por préstamos, tarjetas de crédito, embargos y descuentos que prácticamente habían consumido sus salarios, tomaron una decisión extrema: presentarse ante la Justicia y solicitar su propia quiebra.

Los casos se tramitan en el fuero Civil de Villa Regina y vuelven a poner en primer plano una problemática que también comenzó a hacerse visible en Patagones, donde recientemente el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Fernando Lenschow, reveló que vecinos sobreendeudados ya se acercan al organismo preguntando cómo declararse en quiebra.

En Villa Regina, una de las personas que acudió a la Justicia es empleada policial y la otra se desempeña en el ámbito educativo. Ambas llegaron a un nivel de endeudamiento que les impedía cumplir regularmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, conservar ingresos suficientes para afrontar sus gastos cotidianos.

Habían acumulado préstamos con entidades financieras y bancos, además de deudas con tarjetas de crédito. Los embargos y descuentos sobre sus ingresos terminaron por reducir de manera considerable el dinero disponible cada mes.

Frente a ese escenario, solicitaron judicialmente su propia quiebra y la jueza interviniente aceptó las presentaciones, al considerar configurada la cesación de pagos.

Una advertencia que ya había surgido en Patagones

Los casos rionegrinos adquieren especial relevancia para la Comarca porque el problema había sido advertido recientemente desde Patagones.

Tal como publicó Patagones a Diario, Lenschow describió semanas atrás un panorama preocupante respecto del nivel de endeudamiento de las familias y confirmó que comenzaron a aparecer consultas que hasta no hace mucho resultaban poco habituales.

"La gente está totalmente endeudada con préstamos y tarjetas de crédito; es el tema de hoy. Ya no pueden acceder a más créditos, solo les queda refinanciar y ver cómo salir", señaló el funcionario municipal en declaraciones a FM DE LA COSTA.

Pero hubo un dato todavía más llamativo: según explicó el responsable de la OMIC, algunas personas directamente llegan a la dependencia municipal planteando la posibilidad de declararse en quiebra.

"Como antes lo planteábamos para las empresas en quiebra, hoy la gente en forma individual viene a la oficina y dice: 'Quiero ir a la quiebra'", reveló Lenschow.

El titular del organismo vinculó el crecimiento de esas consultas precisamente con antecedentes judiciales conocidos en Río Negro, donde personas físicas lograron acceder a este procedimiento.

"Hubo un fallo reciente en la Justicia de Río Negro donde se le permitió a una persona humana decretarse en quiebra. Muchos se han informado y han venido a manifestarse. Llega un momento en que a la gente le tapa el agua", expresó.

De esta manera, los dos nuevos casos conocidos en Villa Regina parecen reforzar aquella advertencia realizada desde Patagones: la quiebra personal empieza a aparecer como una alternativa concreta entre consumidores cuyos niveles de endeudamiento superaron ampliamente su capacidad de pago.

Qué implica pedir la propia quiebra

La Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 permite que una persona solicite su propia quiebra cuando reconoce que se encuentra en cesación de pagos y ya no puede afrontar regularmente sus obligaciones.

No significa simplemente dejar de pagar las deudas. La declaración abre un proceso judicial que concentra los reclamos de los acreedores y produce importantes consecuencias sobre el patrimonio de la persona.

Entre ellas aparece el denominado desapoderamiento: el deudor continúa siendo titular de sus bienes, pero pierde la posibilidad de administrar o disponer libremente de aquellos alcanzados por el procedimiento.

Además, interviene un síndico encargado de analizar la situación económica, confeccionar el inventario correspondiente, recibir las solicitudes de verificación de créditos y controlar los bienes que eventualmente podrán utilizarse para afrontar las obligaciones.

Los acreedores, a su vez, dejan de avanzar individualmente sobre el deudor y deben presentarse en el expediente para acreditar la existencia y el monto de sus créditos.

No todos los bienes quedan alcanzados, ya que existen aquellos protegidos legalmente y que no pueden ser embargados. Tampoco la declaración de quiebra impide que una persona continúe trabajando, ejerciendo su profesión o manteniendo una relación laboral.

En uno de los expedientes de Villa Regina incluso se dispuso la suspensión de descuentos sobre los haberes vinculados con obligaciones anteriores a la declaración de quiebra y se frenaron determinados débitos bancarios. Paralelamente, se ordenó que una parte de los ingresos fuera depositada en una cuenta judicial destinada al proceso.

En Patagones aparece otra dificultad

Aunque la alternativa existe, Lenschow había advertido sobre una complicación adicional para los vecinos del distrito bonaerense.

Según explicó a FM DE LA COSTA, este tipo de presentaciones corresponde al fuero Civil y no sería competencia del Juzgado de Paz de Patagones, por lo que los interesados deberían recurrir a los tribunales de Bahía Blanca.

"Tenemos la Justicia a 300 kilómetros, a diferencia de Viedma, que la tiene a la vuelta de la esquina", graficó el titular de la OMIC.

A ello se sumaría el costo de iniciar una acción de estas características y contar con representación profesional, una dificultad evidente para alguien que precisamente está intentando encontrar una salida frente a una situación económica límite.

El escenario que describió la OMIC y los dos expedientes conocidos ahora en Villa Regina muestran una cara cada vez más delicada del endeudamiento familiar: ya no se trata únicamente de atrasarse con una tarjeta, refinanciar un préstamo o buscar otro crédito para cancelar el anterior.

En algunos hogares, la acumulación de compromisos financieros llegó al punto de absorber buena parte de los ingresos mensuales y convertir a la propia quiebra en una alternativa que comienza a ser analizada por trabajadores y consumidores.

Lo que hasta hace algunos años podía asociarse principalmente con empresas o comerciantes en dificultades hoy empieza a ingresar también en el vocabulario de las economías familiares de la región.