Ley de Tierras: Leandro García cuestionó el fallo de la Corte y advirtió sobre su impacto en Río Negro

El legislador rionegrino Leandro García cuestionó la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

La resolución del máximo tribunal, conocida este martes 29 de septiembre, se fundamentó en la falta de legitimación de la entidad que había promovido la demanda. Los jueces aclararon que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la derogación, aunque en la práctica deja sin efecto el impedimento judicial para su aplicación. 

La normativa derogada establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y departamental, además de contemplar restricciones específicas para determinados inmuebles y zonas del país

“La decisión de la Corte vuelve a dejar a nuestro territorio expuesto a una lógica donde la tierra aparece como una mercancía más. Y la tierra no es una mercancía cualquiera: es territorio, producción, arraigo, soberanía y futuro”, sostuvo García.

La situación de las tierras rurales en Río Negro

Para fundamentar su postura, el legislador hizo referencia a los últimos datos oficiales disponibles del Registro Nacional de Tierras Rurales, según los cuales unas 317.496 hectáreas de Río Negro se encontraban en manos extranjeras, equivalentes al 1,8% de la superficie rural provincial.

Sin embargo, señaló que los porcentajes presentan diferencias según la región. En el departamento Bariloche, la proporción alcanzaba el 13,61%, mientras que en Pilcaniyeu llegaba al 10,48%.

“No podemos mirar solamente el promedio provincial. En nuestra provincia tenemos una enorme extensión territorial y zonas estratégicas donde se cruzan bienes naturales comunes, recursos hídricos, producción, turismo y frontera. Allí la discusión sobre quién tiene la propiedad y quién decide sobre el territorio es una discusión de soberanía”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la legislación contemplaba restricciones para la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles rurales que contuvieran o fueran ribereños de determinados cuerpos de agua, así como limitaciones vinculadas con zonas de seguridad de frontera.

El planteo por la regularización de tierras de pobladores rurales

Otro de los aspectos señalados por García fue la situación de las familias rurales que mantienen trámites de regularización dominial en distintos puntos de Río Negro.

El legislador planteó que la modificación del régimen nacional de adquisición de tierras contrasta con las dificultades que atraviesan pobladores que llevan décadas ocupando y trabajando en sus propiedades, pero que todavía no cuentan con los títulos correspondientes.

“Es una contradicción enorme: un poblador que vive, trabaja y produce durante décadas en un territorio tiene que atravesar años de trámites para obtener la seguridad jurídica sobre su tierra, mientras el Gobierno nacional facilita que grandes capitales puedan acceder al territorio sin los límites que establecía la legislación argentina”, señaló.

Asimismo, aclaró que “no se trata de estar contra quien viene de otro país a invertir, producir o vivir en la Argentina. Se trata de discutir qué modelo de ocupación territorial queremos. Una cosa es la inversión productiva y otra muy distinta es la concentración de grandes extensiones de territorio estratégico en pocas manos”.

Pedido para reabrir el debate en el Congreso

Finalmente, García consideró necesario que el Congreso de la Nación vuelva a tratar el marco regulatorio sobre la propiedad extranjera de tierras rurales, con especial atención a las condiciones de acceso, la producción y la situación de los pobladores locales.

“El DNU 70/23 no puede convertirse en una vía para desarmar las herramientas que durante años construyó el Estado argentino para proteger nuestro territorio. Tenemos que volver a discutir estos límites en el Congreso y defender una política de tierras que priorice el arraigo, la producción, el acceso a la tierra de nuestros pobladores y la soberanía territorial”, concluyó.