La prórroga del Defensor: demasiadas excusas para justificar una decisión política

Las declaraciones del concejal Julián Algañaras sobre la prórroga del mandato del Defensor del Pueblo son falaces y buscan presentar como institucional una decisión que fue eminentemente política.

Algañaras habla de una supuesta “interna” de Juntos Somos Río Negro y dice que acompañaron la prórroga para no quedar “pegados” a esa disputa.

Pero cabe preguntarse: si había una interna en el oficialismo, ¿por qué no aprovecharla para avanzar con la elección del nuevo Defensor?

Para elegirlo se necesitan 7 de los 9 votos del Concejo Deliberante. El oficialismo cuenta con tres concejales y, sumando a Evelyn Rousiot, llega a cuatro. 

Los otros cinco votos corresponden a distintas expresiones opositoras.

Por lo tanto, si la oposición actuaba en conjunto, el oficialismo no tenía ni los dos tercios ni la mayoría simple para imponer un candidato.

Había una oportunidad para construir un consenso.

En cambio, se eligió prorrogar.

¿Y la normativa?

El mandato del actual Defensor vence el 25 de octubre de 2026.

Si realmente existía interés en respetar la normativa, podían haber solicitado con anticipación el llamado para seleccionar al nuevo Defensor, contemplando los 150 días previstos para iniciar el proceso.

Y si realmente querían modificar y mejorar la Ordenanza 7835, también podían haberlo hecho antes.

No pueden esperar hasta el vencimiento del mandato para decir que la normativa necesita cambios y utilizar esa situación como argumento para prorrogar.

El acuerdo político

Mientras Algañaras habla de una interna, lo que ocurrió fue un acuerdo político entre Marcos Castro y Pablo Barreno.

El intendente cedió a la designación de una persona del peronismo para ocupar la vocalía vacante de la Junta Electoral y obtuvo, a cambio, el acompañamiento político para prorrogar al Defensor.

No cuestiono al compañero que vaya a ocupar esa vocalía. Le deseo el mayor de los éxitos.

Cuestiono el acuerdo y la utilización de las instituciones como moneda de negociación política.

Además, se pretende justificar esa designación diciendo que la vocalía corresponde a la primera minoría.

Pero el artículo 121 de la Carta Orgánica no establece ninguna distribución entre mayorías y minorías. Habla de una propuesta del Ejecutivo y de la designación por parte del Concejo.

Los acuerdos políticos son parte de la democracia. El problema es qué se acuerda.

Una cosa es acordar un presupuesto, una obra o una política pública. Otra muy distinta es acordar sobre instituciones que deben funcionar con independencia.

La Defensoría del Pueblo no puede ser una ficha de negociación.

Una última pregunta

Si Algañaras realmente pensaba todo lo que ahora declara, ¿por qué no lo dijo en el recinto?
¿Por qué no explicó allí la supuesta interna, la necesidad de modificar la Ordenanza 7835 o las razones para acompañar la prórroga?

Hay un dato concreto: Vamos con Todos fue el único bloque que NO justificó su voto en el recinto.
Por eso, concejal Algañaras, el problema no es la interna de Juntos Somos Río Negro. El problema es que mientras usted habla de una interna, los vecinos vemos un acuerdo.

Un acuerdo entre Marcos Castro y Pablo Barreno. Un acuerdo que involucró la Junta Electoral. Un acuerdo que terminó prorrogando el mandato del Defensor del Pueblo.

Los vecinos tienen derecho a saber qué se acordó, entre quiénes y a cambio de qué.

(*) Candidato a Defensor del Purblo Municipal de Viedma