Legisladores ponen la lupa sobre ATUR y exigen explicaciones por gastos, contrataciones y personal

Un grupo de 16 legisladores provinciales presentó un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo de Río Negro para conocer en detalle el funcionamiento de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), el destino de sus recursos, las contrataciones realizadas y la situación de los trabajadores de la Secretaría de Turismo.

La iniciativa está dirigida al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y contiene 15 puntos que abarcan desde la estructura orgánica de ATUR y la Secretaría de Turismo hasta los gastos en alquileres, asesores externos, personal, equipamiento y servicios profesionales.

El planteo surge en medio de cuestionamientos efectuados por trabajadores de Turismo, quienes el 16 de septiembre presentaron una nota al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, con copia al gobernador Alberto Weretilneck y a los gremios ATE y UPCN.

Según consta en el pedido legislativo, los empleados reclamaron precisiones sobre "la estructura turística vigente, el proyecto institucional para la Secretaría de Turismo, la situación de los equipos técnicos y profesionales, el fundamento jurídico y procedimental de eventuales modificaciones de adicionales salariales y la utilización de los recursos públicos destinados al sector".

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el personal que continuó desarrollando tareas vinculadas con ATUR luego de que venciera el período de asistencia establecido por ley.

La Agencia fue creada mediante la Ley 5771, sancionada en diciembre de 2024, y absorbió atribuciones, funciones, patrimonio y presupuesto de la Secretaría de Turismo, aunque determinadas facultades de fiscalización quedaron fuera de esa transferencia.

Posteriormente, la Ley 5791 dispuso que la Secretaría de Turismo funcionara durante un año como soporte técnico, operativo y administrativo de ATUR. Ese período finalizó el 5 de junio de 2026.

Los legisladores quieren saber bajo qué marco jurídico continuaron trabajando agentes de la Secretaría para la Agencia después de esa fecha.

A esto se suma otro dato planteado por los trabajadores: la existencia de un convenio administrativo que, según señalaron, habría vencido el 11 de septiembre pasado.

Por ese motivo, el pedido reclama que el Gobierno informe si desde el 12 de septiembre empleados de la Secretaría continuaron prestando servicios para ATUR y, de ser así, detalle cuántos son, qué tareas realizan, dónde trabajan, de quién dependen funcionalmente y qué instrumento jurídico respalda esa situación.

También se exige la presentación de todos los convenios, acuerdos, adendas, prórrogas y renovaciones celebrados entre el Ministerio, la Secretaría de Turismo y ATUR desde la creación de la Agencia.

La lupa sobre los gastos de ATUR

Otro de los ejes centrales apunta directamente al manejo de los recursos públicos.

Los legisladores solicitan conocer los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026, los fondos efectivamente recibidos por ATUR mes por mes y cuánto dinero fue destinado a salarios, cargas sociales y gastos de funcionamiento.

Además, reclaman un detalle de las erogaciones mensuales realizadas desde la creación de la Agencia en concepto de alquiler de dependencias, contratación de personal, servicios contables, jurídicos, técnicos y asesoramiento externo, además de la compra o alquiler de mobiliario y equipamiento.

Para cada uno de esos gastos, el Ejecutivo deberá informar -si prospera el pedido- quién fue el proveedor o contratado, cuál fue el objeto de la contratación, el monto abonado, la modalidad utilizada, el plazo y el acto administrativo que la autorizó.

Los legisladores también quieren establecer si, antes de contratar servicios externos, se evaluó la posibilidad de utilizar trabajadores de la propia Administración Pública provincial que contaran con formación y experiencia para desarrollar esas tareas.

Adicionales salariales bajo análisis

La situación laboral dentro de Turismo ocupa otro capítulo importante.

El proyecto reclama información sobre cada adicional salarial que haya sido revisado, reducido, suspendido o eliminado desde el 1 de enero de 2025.

El Ejecutivo deberá precisar qué trabajadores resultaron alcanzados, cuál fue la normativa utilizada, qué acto administrativo respaldó las decisiones y cuáles fueron los motivos.

Asimismo, se consulta específicamente si empleados de Turismo fueron convocados a entrevistas individuales relacionadas con "la continuidad, reducción, restitución o retiro de adicionales salariales".

En caso afirmativo, se pide identificar quién ordenó esos encuentros, cuáles fueron sus objetivos y qué resultados tuvieron.

¿Qué pasó con programas turísticos?

La iniciativa también pretende determinar qué ocurrió con distintos programas y áreas que funcionaban dentro de la estructura turística provincial.

Entre ellos aparecen Caminos del Vino de Río Negro, las acciones gastronómicas relacionadas con el Programa Nacional Cocinar y el Área de Capacitación Turística.

Los legisladores quieren saber si esos programas continúan funcionando, qué organismo los tiene actualmente a su cargo, cuánto presupuesto poseen, qué personal está afectado y qué actividades desarrollaron durante 2025 y 2026.

También preguntan por el Observatorio de Turismo Sostenible de Río Negro contemplado en la ley de creación de ATUR.

El pedido busca determinar si el organismo está efectivamente constituido y operativo y, en ese caso, quién es su responsable, cuánto presupuesto posee y qué estadísticas, diagnósticos, estudios e informes produjo desde la puesta en funcionamiento de la Agencia.

Planes, bienes y recursos transferidos

La extensa solicitud incluye además el Plan Estratégico Integral de Turismo Sostenible, el plan anual de promoción turística, el plan de equipamiento e infraestructura y los instrumentos de gestión de riesgos previstos para el sector.

Finalmente, se requiere conocer qué bienes, recursos presupuestarios, equipamiento, expedientes y bases de datos fueron transferidos desde la Secretaría de Turismo hacia ATUR y cuáles permanecen todavía afectados a la estructura estatal tradicional.

El pedido fue firmado por Daniel Sanguinetti, Gabriela Picotti, María Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Martina Lacour, Marcela González Abdala, José Luis Berros, Ayelén Spósito, María Magdalena Odarda, Carmelio Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Juan Carlos Martin, Juan Sebastián Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo.

Con el planteo, los legisladores buscan que el Ejecutivo documente cómo quedó organizada la política turística provincial tras la creación de ATUR, cómo se distribuyeron las funciones entre la Agencia, la Secretaría y el Ministerio y cuál fue el destino de los recursos públicos involucrados.