García cuestionó el acuerdo por Duplicar Norte: "Río Negro queda 30 años con las manos atadas"

El legislador provincial Leandro García, del bloque PJ - Nuevo Encuentro, cuestionó con dureza las condiciones del acuerdo vinculado al oleoducto Duplicar Norte y aseguró que, pese al volumen de la inversión y del negocio proyectado, los ingresos previstos para Río Negro son "magros".

Durante la sesión de la Legislatura rionegrina, García aclaró que su posición no implica un rechazo a la llegada de inversiones privadas a la provincia, sino a las condiciones establecidas en el convenio.

"No nos oponemos a las inversiones, pero sí al magro ingreso y a los 30 años con las manos atadas para Río Negro", sostuvo.

El parlamentario consideró que la provincia debe buscar inversiones y consolidarse como un polo de desarrollo, aunque advirtió que ese objetivo no debería alcanzarse resignando capacidad tributaria y regulatoria durante las próximas tres décadas.

En ese sentido, afirmó que el acuerdo contempla una inversión de 233 millones de dólares y una capacidad de transporte de 35.000 metros cúbicos de petróleo por día.

Según los cálculos expuestos por García, tomando una tarifa de 12,38 dólares por metro cúbico establecida por la Resolución 256/25 de la Secretaría de Energía, la facturación bruta vinculada al transporte podría superar los 433.000 dólares diarios y alcanzar aproximadamente los 158 millones de dólares anuales.

Frente a esas cifras, cuestionó los beneficios económicos directos que recibiría Río Negro.

De acuerdo con lo señalado por el legislador, la provincia percibiría un pago por única vez de 4 millones de dólares y posteriormente un canon anual de 200.000 dólares.

"Con 10 días de facturación bruta, la empresa recupera todos los aportes que le exige la provincia", afirmó.

García cuestionó especialmente que, como contrapartida de esos recursos, se otorgue estabilidad tributaria y regulatoria durante un período de 30 años.

"A cambio de este exiguo aporte, Río Negro entrega estabilidad tributaria y regulatoria por 30 años, quedando atados de pies y manos frente a corporaciones que se llevan ganancias extraordinarias", expresó.

El legislador opositor también vinculó la discusión con el deterioro de la infraestructura vial de la provincia.

Según sostuvo, los recursos involucrados resultarían insuficientes frente a las necesidades existentes y ejemplificó que permitirían reasfaltar apenas unos seis kilómetros de las rutas nacionales 151 y 22.

En ese contexto, cuestionó además la situación de las rutas nacionales transferidas por el Ejecutivo nacional y reclamó mayores recursos para afrontar las obras necesarias.

García amplió posteriormente sus críticas y relacionó el acuerdo por Duplicar Norte con el modelo general de explotación de los recursos hidrocarburíferos y los beneficios que, según su postura, quedan en la provincia.

"Mientras batimos récords por exportación de gas y petróleo, los argentinos se endeudan para pagar tarifas de gas dolarizadas y encima quieren eliminar la Zona Fría, necesitamos otro modelo de Estado para que la explotación de los recursos naturales genere beneficios concretos para nuestra gente", manifestó.

También apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que existe una fuerte disparidad entre las ventajas otorgadas a las compañías y el impacto que finalmente reciben las comunidades.

"Estos convenios demuestran que con el RIGI las empresas ganan mucho, las rutas e infraestructura vial están destruidas y los beneficios derraman poco", afirmó.

Para García, la discusión no debería centrarse en aceptar o rechazar inversiones, sino en determinar bajo qué condiciones se concretan y qué contraprestaciones obtiene Río Negro por los recursos y facilidades que aporta.

En ese sentido, sostuvo que defender los intereses provinciales implica exigir convenios que generen un impacto concreto sobre la infraestructura pública y las condiciones de vida de los rionegrinos.

El legislador de PJ - Nuevo Encuentro cerró así su intervención reclamando acuerdos que considere "justos y equitativos" y que permitan que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera se traduzca en mayores beneficios para la provincia.