La gestión del defensor del Pueblo de Viedma, bajo la lupa: reclamos, resultados y una web sin información accesible
La prórroga del mandato de Marín Pérez Morando abrió una discusión que va más allá de la fecha en que dejará la Defensoría del Pueblo de Viedma: ¿qué balance puede hacer la ciudadanía de sus casi cuatro años de gestión?
Pérez Morando asumió el 25 de octubre de 2022. Este viernes, el Concejo Deliberante aprobó extender su mandato hasta el 30 de noviembre de 2027, cuando ya se había abierto un registro de postulantes para elegir a su reemplazante.
Un relevamiento preliminar permite encontrar intervenciones de la Defensoría en asuntos como tarifas, arbolado, accesibilidad, seguridad vial, tierras y conflictos entre vecinos. Sin embargo, conocer que un reclamo fue recibido o que se envió una nota no alcanza para saber si el problema tuvo respuesta o se resolvió. El informe de gestión de 2024 describe numerosas acciones, pero el balance público de sus resultados exige un seguimiento más preciso de cada caso.
A esa dificultad se suma otra, básica para un organismo que debe estar al alcance de los vecinos: al momento de este relevamiento, la página principal de la Defensoría mostraba únicamente un aviso de que el sitio estaba en construcción. Aunque un informe de 2024 permanece localizado por buscadores, la web institucional no ofrecía desde su portada un acceso claro a los informes de gestión, las actuaciones, las recomendaciones o el estado de los reclamos. Un organismo encargado de defender derechos y controlar la administración municipal debería facilitar esa información, sin obligar a los ciudadanos a rastrear documentos dispersos en internet.
El propio informe de 2024 plantea, además, una cuestión institucional pendiente: consignaba que estaba vacante el cargo de director, cuya función prevista es reemplazar temporalmente al defensor ante ausencias o licencias. También señalaba la necesidad de incorporar un profesional del área social y de contar con más recursos para el trabajo territorial. Corresponde establecer si esas vacantes fueron cubiertas posteriormente y cómo se garantizó la atención al público.
Las críticas a la gestión tomaron fuerza durante el debate por la prórroga. La concejala María Andría cuestionó la labor de Pérez Morando y sostuvo que había sido condescendiente con la gestión municipal. Se trata de cuestionamientos políticos que requieren contrastarse con los expedientes y las respuestas efectivamente obtenidas por el organismo.
Un episodio reciente muestra por qué ese seguimiento importa. Vecinos del barrio Eva Perón acudieron a Pérez Morando ante el temor de un desalojo que afectaría a más de 30 familias. Según contó uno de sus referentes a FM DE LA COSTA, el defensor reconoció durante la reunión que no estaba plenamente informado del conflicto. La cuestión ahora es qué intervención realizó después y qué respuesta recibieron las familias.
Este relevamiento no permite concluir que la Defensoría haya estado inactiva. Sí deja una pregunta sin respuesta pública sencilla: cuántos reclamos recibió, cuántos siguen abiertos, cuántos fueron resueltos y qué medidas concretas obtuvo del Municipio. Con el mandato extendido por trece meses, publicar esa información de forma completa y accesible sería un primer paso para que los vecinos puedan evaluar por sí mismos la tarea de quien debe defenderlos.