La Justicia rechazó el planteo de UPCN contra el control biométrico en Salud

La Justicia de Río Negro rechazó la acción de amparo presentada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) contra la implementación del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial en el Ministerio de Salud. La resolución, dictada el 22 de septiembre en Viedma, mantiene vigente el mecanismo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública.

UPCN había solicitado que el sistema no fuera aplicado a los trabajadores que no hubieran prestado su consentimiento. El planteo cuestionaba la utilización obligatoria de datos biométricos y sostenía que la medida podía afectar derechos vinculados con la intimidad, la protección de datos personales y la autodeterminación informativa.

Durante el proceso, la Provincia defendió la implementación del sistema y sostuvo que el control de asistencia forma parte de sus facultades como empleadora. También argumentó que no se había acreditado un perjuicio concreto y que existían otras vías administrativas y judiciales para discutir la medida.

Al analizar el planteo, el tribunal consideró que el amparo —por su carácter excepcional— no era la vía adecuada para resolver la controversia, ya que no encontró acreditada una actuación manifiestamente ilegal o arbitraria por parte de la Provincia. La resolución también valoró las medidas de seguridad previstas para el tratamiento de la información y señaló que no se había demostrado un daño grave e irreparable derivado del funcionamiento del sistema.

Uno de los puntos analizados fue la naturaleza de los datos utilizados. Según surge del fallo, el sistema no almacena fotografías de los trabajadores, sino una representación matemática de determinados rasgos faciales. La Justicia también tuvo en cuenta que otros mecanismos utilizados para registrar asistencia, como la huella dactilar, involucran igualmente datos biométricos.

De esta manera, el tribunal rechazó el amparo presentado por UPCN, aunque la decisión se circunscribe al análisis realizado dentro de esta vía judicial. El fallo deja abierta la posibilidad de que los cuestionamientos sobre la implementación del sistema sean planteados mediante otros procedimientos administrativos o judiciales.