Legislativas22/09/2026

Con modificaciones, la reforma del IPROSS avanzó en plenaria

El texto remitido por el Poder Ejecutivo que busca transformar la afiliación obligatoria en optativa para el personal público provincial y municipal fue debatido en reunión plenaria de comisiones. Representantes del gremio judicial expusieron objeciones sobre el financiamiento, mientras la oposición solicitó tiempo adicional de análisis.

En reunión plenaria, las comisiones avanzaron con el dictamen favorable por mayoría, del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de cobertura de salud estatal. La iniciativa propone sustituir el esquema de afiliación obligatoria por un sistema voluntario u optativo en la Ley K N° 2753, alcance que abarcaría a trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y los municipios.

Durante la reunión, se incorporaron ajustes en el texto técnico tras observaciones formuladas por las bancadas. Entre los cambios principales, se fijó que quienes opten por salir deberán permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad, pudiendo solicitar su retorno al instituto estatal tras 36 meses sin sufrir períodos de carencia. Asimismo, la redacción excluyó explícitamente del derecho de opción a cargos electivos, políticos, magistrados, magistradas y funcionariado judicial.

En el debate, la conducción del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR) presentó sus observaciones ante los legisladores. El secretario general del gremio, Marco Calarco, sostuvo que el problema central de la obra social radica en su funcionamiento y esquema de financiamiento, más que en la obligatoriedad del servicio. Por su parte, Emiliano Sanhueza demandó transparencia mediante informes detallados sobre la administración de recursos y el estado de las deudas que mantienen los municipios y los distintos poderes del Estado.

En cuanto a los posicionamientos, Juan Martin (PRO) justificó el pedido de 48 horas de reserva expresando sus reparos hacia la celeridad del trámite y la falta de consenso para una segunda vuelta legislativa. El legislador enfatizó que el eje de la discusión debe priorizar el funcionamiento sustentable del servicio médico y la contención prestacional de las familias afiliados. VcT y PJ-NE también solicitaron las 48 horas para definir sus posiciones.

Por otra parte, las comisiones trataron otros textos legislativos que avanzaron, como el presentado destacar la persona de Óscar José Meilán; iniciativa que contó con pedido de 48 horas solicitado por el PRO. Tuvo aval también el reconocimiento al ciudadano José Luis Fuertes; respaldado de forma general con reserva de 48 horas por la bancada del PRO. 

Favorable también fue el dictamen del proyecto para adherir a la ley nacional  de Diagnóstico Humanizado, cuyo objeto es asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

Avanzó también el proyecto relativo a la declaración vinculada a la estación ferroviaria Vicealmirante Eduardo O’Connor.

Otro de las iniciativas con dictamen favorable de mayoría fue el que modifica la ley de prevención, control y asistencia integral de las enfermedades de transmisión sexual, acompañada por mayoría, con solicitud de 48 horas por parte del bloque Vamos con Todos.

Nueva Unidad Procesal de Familia en General Roca

Durante la reunión de comisión, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Cesi, expuso la iniciativa legislativa que contempla la creación de una cuarta Unidad Procesal de Familia en General Roca mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Cesi señaló que las mediciones tradicionales —basadas únicamente en el recuento simple de expedientes o estimaciones poblacionales— constituyen “datos bastante estáticos” que no permiten definir si las variaciones de demanda tienen permanencia en el tiempo. Por ello, el tribunal buscó una herramienta alternativa para medir el esfuerzo real que enfrentan los juzgados.

En ese marco, el magistrado fundamentó la necesidad del nuevo organismo en un indicador de “carga ponderada de trabajo”, argumentando que “no todos los gajos judiciales son iguales, no todos llevan el mismo trabajo, no todos tienen la misma cantidad de audiencias” ni de intervenciones. 

Según precisó, este índice reveló que los tres organismos de familia en funcionamiento en Roca superan los 13.500 puntos de demanda cada uno, ubicándose por encima del máximo recomendado de 12.000 puntos. Ante este escenario, sostuvo que el objetivo central de sumar una unidad procesal es “generar una descongestión en la medida de lo posible” y absorber los trámites urgentes durante su primer año de gestión.

Donación de tierras en Guardia Mitre

En la reunión también se dio dictamen favorable por unanimidad al proyecto que autoriza a la provincia de Río Negro a donar 40 parcelas a la municipalidad de Guardia Mitre, con el objetivo de regularizar la propiedad de la tierra a favor de sus ocupantes. 

La iniciativa abarca a las familias de un barrio construido hacia 1984 mediante un sistema de esfuerzo propio, en el cual la Nación aportó financiamiento, el municipio compró materiales y los propios vecinos edificaron sus casas. Durante la reunión, el intendente de la localidad, Miguel Evans, expuso los detalles de la propuesta ante los legisladores.

El jefe municipal remarcó la importancia de resolver un problema de titularidad histórica. Explicó que el inconveniente de dominio se remonta a décadas atrás: “Creería desde que se creó la ley 279, desde 1961 que Guardia Mitre era un municipio de tercera categoría, entonces la provincia no cedió los lotes a la municipalidad”. Ante esta situación, indicó que el aval legislativo es necesario “para hacernos cargo y poder, a través de la escritura en derecho, hacer las escrituras hacia los vecinos”.

Respecto a las características de los terrenos, el intendente precisó que la mayoría cuenta con edificaciones, a excepción de tres o cuatro lotes baldíos situados en el casco céntrico. Sobre el valor de contar con esos espacios con servicios básicos ya instalados, Evans destacó: “Es caro llevarle servicio a nuevos lotes que se están haciendo y valoramos mucho aquellos lotes que están en el centro y ya tienen servicio”. Con el despacho unánime obtenido en comisión, la comuna quedará habilitada para avanzar en la adjudicación de las escrituras por ordenanza municipal.