Una funcionaria provincial y referente de JSRN aparece vinculada a la causa por amenazas contra Gonzalo Santos

Un dato surgido de la propia investigación judicial introduce por primera vez una conexión política concreta en la causa iniciada por el periodista Gonzalo Santos a raíz del hostigamiento sufrido por su familia y una amenaza directa recibida en mayo.

Según consta en la resolución mediante la cual la Fiscalía N°6 de Viedma dispuso el archivo provisorio del expediente, WhatsApp informó la última dirección IP registrada para la cuenta asociada al número investigado. A partir de ese dato, OITEL realizó las averiguaciones correspondientes e informó que la IP “corresponde a la ciudadana Erika Leonor Araneda, de la ciudad de Cipolletti”.

Araneda es funcionaria provincial y se desempeña como delegada del Registro Civil en Cipolletti. Además, registra participación política documentada en el oficialismo provincial: figura en una nómina presentada ante la Justicia Electoral como fiscal general de Juntos Somos Río Negro.

ARANEDA JUNTO AL GOBERNADOR WERETILNECK EN OCTUBRE DE 2023

Para Santos el dato introduce una línea concreta que debería ser esclarecida antes de cerrar el expediente.

“Esto no prueba quién hizo qué. Justamente por eso exige investigar. Por primera vez aparece dentro de la propia trazabilidad técnica de la cuenta investigada una funcionaria provincial con participación partidaria acreditada en JSRN”, sostuvo el periodista en un reel difundido este martes.

La novedad se conoce al mismo tiempo que la Fiscalía decidió archivar provisoriamente la causa. En su resolución sostiene que “no surgen elementos suficientes” para avanzar hacia una formulación de cargos y que, en el estado actual de las actuaciones, no advierte nuevas medidas investigativas capaces de modificar el cuadro probatorio.

Santos cuestionó públicamente esa conclusión y anunció que solicitará la revisión del archivo ante un fiscal superior.

“Cuando aparece un dato concreto que fortalece la hipótesis política, ¿la respuesta es cerrar? Desde el primer día planteamos que mi actividad pública podía estar conectada con estos ataques. Hoy hay más razones para profundizar esa hipótesis, no menos”, afirmó.

El periodista pidió expresamente a la fiscal Paula de Luque y al jefe de fiscales de Viedma, Juan Pedro Peralta, que la investigación no sea abandonada y que se determine qué tipo de conexión correspondía a esa IP, dónde estaba radicada, quién podía utilizarla y cuál fue su relación efectiva con la cuenta de WhatsApp investigada.

La causa comenzó el 16 de mayo, después de que Santos denunciara una secuencia iniciada semanas antes con mensajes de hostigamiento enviados a su esposa. Ese mismo número realizó posteriormente llamados y, según denunció Santos, desde allí recibió una amenaza directa relacionada con la posibilidad de “hacer justicia por mano propia”.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar, Santos se constituyó como querellante y se solicitaron informes a empresas telefónicas, WhatsApp, organismos públicos y plataformas digitales. La pesquisa permitió identificar una titular registral de la línea, obtener datos técnicos de la cuenta y ubicar distintos elementos en Cipolletti.

En junio la secuencia sumó otro episodio: una publicación en Facebook reprodujo la misma historia falsa, mencionó a la esposa del periodista, difundió su teléfono personal y cuestionó públicamente la denuncia. Horas después, el contenido dejó de estar disponible. La Fiscalía pidió entonces preservar e identificar técnicamente el perfil.

Para Santos, el hallazgo de la IP modifica el peso político de la investigación. “No estoy acusando a una funcionaria de haberme amenazado. Estoy diciendo algo mucho más simple y comprobable: una funcionaria provincial aparece en la trazabilidad técnica de la cuenta investigada y todavía nadie explicó por qué. Lo que
pedimos es que la Justicia lo averigüe antes de cerrar.”

“Acá no está en juego solamente lo que me pasó a mí”, concluyó. “Está en juego si en Río Negro se puede investigar al poder, sufrir un ataque contra la propia familia y confiar en que las instituciones van a llegar hasta el final para saber quién estuvo detrás.”