La propuesta legislativa que ratifica el convenio obtuvo el respaldo de la mayoría parlamentaria en el recinto provincial. Río Negro asumirá la gestión y el mantenimiento de ambos corredores viales por un plazo de 20 años.
La iniciativa fue aprobada en única vuelta, con 38 votos afirmativos y 3 negativos. El resultado de la votación general reflejó un amplio consenso sobre la necesidad de intervenir de manera urgente en ambas trazas interprovinciales.
La propuesta legislativa establece las condiciones para el traspaso de ambos corredores a la órbita de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Además, el texto declara la emergencia vial provincial por el plazo de un año en toda la extensión de ambas rutas dentro de la provincia, lo que facultará a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia para obras y mantenimiento. Para financiar este programa de obras en los tramos de mayor criticidad, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con el organismo FONPLATA u otra entidad de financiamiento multilateral.
El legislador Carlos Valeri (JSRN), miembro informante de la iniciativa, expuso que la provincia arrastra un escenario de desinversión vial por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de los últimos 14 años. Valeri detalló que la parálisis de las obras y el deterioro crónico de las banquinas y calzadas generaron un descontento absoluto en la comunidad. De acuerdo con los datos brindados por el legislador, el estado calamitoso de las rutas 22 y 151 costó la vida de 212 personas entre los años 2018 y 2026.
Especificó que el convenio marco establece la transferencia operativa de la infraestructura por un plazo de 20 años, sin que la provincia pierda la jurisdicción ni el dominio federal de las rutas. El miembro informante precisó que las obras de urgencia abarcan un total de 305 kilómetros. El plan de trabajo inmediato prioriza cuatro puntos de extrema gravedad: la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 desde Barda del Medio hasta Catriel, la zona del puente 83 sobre la ruta 22 y un nuevo puente ferroviario en el ingreso a Cipolletti.
En paralelo al plan urgente, el legislador explicó que Río Negro y Neuquén contratarán consultoras mediante el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar un esquema vial estratégico proyectado para las próximas dos décadas. Por otra parte, indicó que tras la aprobación de la norma se requerirá un plazo de 60 días para que Nación entregue las trazas saneadas de litigios o contratos vigentes con las empresas constructoras. El parlamentario defendió que la solidez y previsibilidad financiera demostrada por la provincia desde 2023 posibilitó el acceso al préstamo internacional a bajas tasas de interés y calificó la decisión política como un paso firme hacia la autonomía provincial.
Por su parte, el legislador Leandro García (PJ-NE) manifestó su oposición al proyecto al considerar que la transferencia de competencias sin recursos consolida una estafa a los rionegrinos. García argumentó que el esquema de contratos abiertos no resolverá las dificultades de tránsito en los sectores críticos. El parlamentario criticó que la provincia deba endeudarse en dólares mientras el Estado nacional recauda y retiene de forma discrecional los fondos generados por el impuesto a los combustibles en las estaciones de servicio locales.
En tanto, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) sostuvo que la Legislatura afronta una encrucijada compleja entre la preservación del derecho a la vida de los vecinos y la asunción de una nueva deuda externa dolarizada. Denunció que la falta de envío de fondos nacionales es una constante y señaló que el oficialismo acompañó previamente reformas de ajuste del gobierno federal a cambio de promesas de obras que finalmente no se ejecutaron. El parlamentario defendió que la provincia debe reclamar judicialmente los recursos viales que le corresponden por coparticipación de combustibles.
La legisladora Gabriela Picotti adelantó su voto afirmativo en general, pero advirtió sobre la falta de precisiones técnicas respecto de los costos, los plazos de amortización y las tasas de interés que tendrá el préstamo autorizado. Picotti objetó que se declare la emergencia vial para una situación que es el resultado de un convenio previamente acordado y no de un hecho imprevisible. Además, la parlamentaria alertó que facultar al Ejecutivo a realizar contrataciones directas de manera excepcional representa un cheque en blanco para el manejo de fondos públicos.
A su turno, el legislador Ariel Bernatene (UCR) fundamentó su acompañamiento tras sostener que las rutas pertenecen de manera primordial a las personas que las transitan a diario, más allá de los límites jurisdiccionales. No obstante, Bernatene exigió que la planificación provincial incorpore prioritariamente una solución para el tramo General Roca-Allen, donde circulan diariamente más de 11.000 vehículos y el transporte pesado destinado al desarrollo energético de Vaca Muerta representa el 38 por ciento del tránsito habitual.
El legislador Fernando Frugoni (CC ARI) respaldó la iniciativa parlamentaria al señalar que es momento de dar respuestas concretas a los vecinos de la región frente a la ausencia prolongada del Estado nacional en el territorio. Frugoni criticó las deficiencias acumuladas en las rutas provinciales e interprovinciales por décadas y solicitó que los senadores y diputados de Río Negro impulsen a nivel federal la modificación de la ley de combustibles para que los fondos se coparticipen a las provincias que asuman trazas nacionales.
Desde el bloque de la oposición, Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) prestó su voto favorable bajo el argumento de que la crisis vial actual constituye una trampa mortal y una cuestión de emergencia humanitaria que no admite dilaciones. Sin embargo, Pilquinao remarcó que la Nación transfiere obligaciones de alta complejidad sin enviar financiamiento asociado, y alertó sobre el peligro de que los recursos destinados al repago de la deuda en dólares resten presupuesto a sectores esenciales como la salud pública, la educación y la seguridad.
La parlamentaria Ayelén Spósito (Vamos con Todos) fundamentó su voto positivo en cumplimiento del pedido explícito de los intendentes municipales de su espacio político, cuyos distritos sufren diariamente las consecuencias del estado calamitoso de las calzadas. Spósito criticó el retiro sistemático de las funciones estatales por parte del presidente de la Nación y solicitó formalmente que el artículo quinto del proyecto de ley sea modificado para que cualquier prórroga de la emergencia deba ser analizada y autorizada por la Legislatura provincial.
La legisladora Martina Lacour brindó su apoyo a la ratificación del convenio tras destacar la urgencia de reducir la alta tasa de siniestralidad vial en el Alto Valle y asegurar la logística necesaria para el desarrollo de la región. A pesar de su acompañamiento, Lacour consideró injusto que el costo de reparación de la ruta 151 deba ser costeado por todos los rionegrinos, y opinó que la traza debió quedar bajo un esquema de concesión a cargo de las empresas petroleras que la deterioran intensamente con el tránsito pesado de Vaca Muerta.
El legislador Pedro Dantas (PJ-NE) fundamentó su acompañamiento y destacó la relevancia de la infraestructura vial para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta y el crecimiento provincial. Dantas argumentó que el desarrollo no convencional rionegrino en áreas como Campo Grande ofrece previsibilidad financiera para afrontar el endeudamiento de 60 millones de dólares, debido a que las regalías se liquidan en dólares. Asimismo, valoró la decisión del gobernador de asumir el control de las rutas tras años de abandono y desidia nacional.
La legisladora Soraya Yauhar (JSRN) respaldó la propuesta y elogió la empatía y el coraje del gobernador para dar respuestas frente a las 212 muertes registradas en las rutas. Recordó la experiencia del Plan Castelo y señaló que los temores iniciales sobre el endeudamiento fueron infundados porque la provincia demostró previsibilidad y planificación, lo que permitió honrar los compromisos financieros. Sostuvo que Río Negro mantiene un bajo nivel de stock de deuda en comparación con otros distritos, lo que justifica avanzar con el financiamiento para detener la siniestralidad.
La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó la propuesta de traspaso al coincidir con el diagnóstico fáctico de desidia vial que presentan los accesos provinciales. No obstante, Mansilla enfatizó que la provincia debe reclamar judicialmente a la Nación los recursos que le corresponden por la tasa de combustibles líquidos. Por esta razón, propuso incorporar una reserva expresa en el texto del proyecto para asegurar que la asunción de las tareas viales no implique la renuncia de la provincia a los fondos retenidos indebidamente por la administración federal.
La parlamentaria Lorena Matzen (UCR) justificó su voto afirmativo al definir la asunción de las rutas nacionales como una decisión arriesgada pero sumamente valiente y obligatoria ante el peligro inminente para la vida de los conductores. Matzen convalidó la toma de deuda externa ante la evidente falta de recursos propios del presupuesto provincial, pero demandó que no se desestimen los reclamos judiciales y políticos para exigir que la Nación compense la inversión realizada.
El legislador Javier Acevedo (CC ARI) fundamentó su voto a favor en que los fondos que faltan en la infraestructura vial son el resultado directo de la corrupción y la falta de inversión de las administraciones anteriores. Acevedo instó a toda la representación parlamentaria de Río Negro en el Congreso Nacional a exigir de manera unificada la modificación de las leyes tributarias para que las provincias que se hagan cargo de la obra pública perciban de forma obligatoria los fondos de compensación fiscal.
El legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) ratificó el apoyo de su bloque en respuesta a las demandas de los intendentes del corredor vial, quienes hoy deben asumir tareas municipales de bacheo sobre rutas nacionales debido al corrimiento absoluto de la Nación. Berros advirtió que la negociación del Ejecutivo provincial expone a los ciudadanos a pagar la misma infraestructura hasta en tres oportunidades: a través del impuesto al combustible, el pago del crédito internacional y el eventual cobro de futuros peajes viales.
El legislador Juan Martín (PRO) votó afirmativamente al ponderar que el convenio rompe con años de inacción gubernamental y disputas estériles sobre competencias de mantenimiento. No obstante, Martín alertó que el oficialismo no presentó planillas presupuestarias ni cómputos de obras durante el plenario de comisiones, y remarcó que el éxito de la delegación dependerá de la celeridad y la transparencia administrativa que la Dirección de Vialidad Rionegrina imprima a los procesos de licitación.
Al cierre del debate legislativo, el presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), rechazó las críticas de las bancadas opositoras y defendió la coherencia política de su espacio. López sostuvo que las leyes nacionales votadas por los representantes de su partido provincial responden a la convicción de consolidar el desarrollo energético y atraer grandes inversiones de infraestructura a Río Negro. El legislador destacó que el gobernador Alberto Weretilneck mantiene la obra pública provincial activa y libre de sospechas de corrupción, lo cual diferencia la gestión actual de las experiencias históricas del orden nacional.
Por último, López ratificó que el financiamiento de 60 millones de dólares cuenta con condiciones de amortización óptimas y el respaldo de las regalías hidrocarburíferas dolarizadas que percibe la provincia en la región. Concluyó que el convenio resguarda los recursos de los rionegrinos mediante un artículo de recupero de inversión que obligará a cualquier futuro concesionario o al propio Estado nacional a compensar los fondos destinados a las trazas, y reafirmó que el texto legislativo representa una opción indiscutible por la defensa de la vida y el progreso rionegrino.
Tras la finalización del debate, el proyecto fue aprobado en general por una amplia mayoría de 38 votos positivos frente a 3 negativos, procediéndose luego a la votación en particular de sus artículos constituyentes.