La viuda del operario muerto en una obra de Roca cuestionó que Ecosur Bahía participe de una nueva licitación provincial

GENERAL ROCA.— Miriam Flores, esposa del trabajador que perdió la vida el pasado 9 de marzo en el derrumbe de una obra cloacal de General Roca, se contactó con este medio con el propósito de visibilizar el reclamo que sostiene desde hace más de cinco meses y solicitar respuestas a las autoridades provinciales.

Su esposo, Hugo Ariel Breppe, de 49 años, falleció después de quedar sepultado por toneladas de tierra y escombros cuando trabajaba para la empresa Ecosur Bahía S.A. en una excavación vinculada con el Plan Director de Desagües Cloacales de la ciudad.

La investigación judicial busca establecer las circunstancias del derrumbe y determinar si existieron incumplimientos de las normas de seguridad laboral. La familia se constituyó como querellante y es representada por el abogado Ariel Balladini.

Ahora, Flores volvió a hacer público su reclamo luego de confirmar que Ecosur Bahía es una de las cinco firmas que se presentaron a la licitación provincial para ejecutar el nuevo Plan Director de Agua Potable de General Roca.

“Mi esposo falleció trabajando por negligencia y falta de seguridad”

En su comunicación con este medio, la mujer responsabilizó a la empresa por las condiciones en las que se desarrollaban las tareas y sostuvo que, al momento del accidente, no se habrían implementado los elementos necesarios para proteger a quienes ingresaban a la excavación.

“Mi esposo falleció el 9 de marzo trabajando para la empresa Ecosur Bahía, debido a negligencia y falta de seguridad”, expresó.

Según su relato, Breppe se encontraba dentro de una zanja de más de tres metros de profundidad cuando se produjo el desmoronamiento.

“Falleció aplastado por toneladas de tierra y escombros. No había línea de vida ni ningún implemento de seguridad. Estaba con arnés, pero no tenía soga”, denunció Flores.

La mujer aseguró que su esposo permaneció sepultado durante aproximadamente 40 minutos hasta que los rescatistas consiguieron localizarlo y retirarlo. El trabajador fue trasladado al hospital Francisco López Lima, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En el derrumbe también quedó atrapado otro operario, quien logró ser rescatado con vida.

Una investigación judicial que continúa abierta

El trágico episodio ocurrió en el sector de Mendoza y Canal Grande, donde se realizaban trabajos correspondientes al Plan Director de Desagües Cloacales.

La obra había sido licitada por el Gobierno nacional y su ejecución se encontraba a cargo de Ecosur Bahía. Tras el fallecimiento, se iniciaron actuaciones judiciales para determinar cómo se produjo el desmoronamiento y establecer eventuales responsabilidades penales.

Durante la investigación declararon trabajadores y exempleados de la firma. De acuerdo con lo informado oportunamente por el abogado de la familia, algunos testimonios habrían advertido sobre riesgos e inconvenientes relacionados con las condiciones de seguridad e higiene existentes antes del derrumbe.

La Justicia también realizó un allanamiento en dependencias de la compañía, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación vinculada con la obra.

Flores señaló que después de la muerte de su esposo se efectuó una inspección laboral y afirmó que durante ese procedimiento “se constataron irregularidades graves en cuanto a seguridad e higiene”. Esas circunstancias forman parte de las actuaciones que deberán ser evaluadas dentro de la causa.

Las responsabilidades denunciadas por la familia todavía se encuentran bajo investigación y deberán ser determinadas por la Justicia.

Más de 600 firmas y un pedido que no obtuvo respuesta

Desde los primeros días posteriores a la tragedia, Miriam comenzó a utilizar sus redes sociales para informar sobre las novedades de la causa y reclamar justicia por la muerte de su esposo.

En ese marco, familiares y allegados impulsaron una recolección de firmas para solicitar que Ecosur Bahía sea excluida del listado de proveedores y contratistas habilitados para participar en obras del Estado rionegrino.

“Juntamos más de 600 firmas para que el Gobierno provincial elimine de la lista de proveedores de la provincia a Ecosur Bahía, pero no obtuvimos ninguna respuesta”, manifestó.

El pedido también había sido anticipado por la querella durante las primeras semanas de la investigación. El planteo buscaba que la Provincia revisara los antecedentes de la empresa y las licitaciones en las que pudiera encontrarse participando.

La empresa volvió a presentarse en una millonaria licitación

La situación volvió a generar indignación en la familia cuando, el martes 11 de agosto, el Gobierno de Río Negro realizó la apertura de los sobres técnicos correspondientes a la licitación del Plan Director de Agua Potable de General Roca.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de $38.552 millones y es presentado por la Provincia como la obra hidráulica más importante de su historia. Será financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe —CAF— y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

Según confirmó oficialmente el Gobierno rionegrino, las cinco empresas que entregaron sus propuestas fueron:

• Cecosa S.A.
• Sylpa S.R.L.
• Ecosur Bahía S.A.
• Constructora Roque Mocciola S.A.
• ALUSA S.A.

La apertura realizada el 11 de agosto correspondió al primer sobre, que contiene la documentación y las propuestas técnicas. Por lo tanto, la participación en esta instancia no supone que alguna de las compañías ya haya resultado adjudicataria.

Las presentaciones serán analizadas por la comisión evaluadora de Aguas Rionegrinas. Las empresas que superen esa evaluación podrán avanzar a la apertura de las ofertas económicas.

“¿Qué controles realiza la Provincia?”

La presencia de Ecosur Bahía entre las oferentes motivó que Flores enviara notas y una carta documento a las autoridades, requiriendo información sobre los criterios utilizados para admitir a las compañías que pretenden ejecutar obras públicas.

“Exijo saber qué control realiza la Provincia sobre las empresas y si indagan sobre sus antecedentes en cuanto a seguridad e higiene”, señaló.

La mujer aclaró que su cuestionamiento no apunta contra la realización del Plan Director de Agua Potable, una obra largamente esperada por los vecinos de General Roca, sino contra la posibilidad de que participe una empresa investigada en la causa por la muerte de su esposo.

“No entiendo cómo dejan participar de una licitación para una obra pública a una empresa que ha sido responsable de la muerte de una persona”, expresó.

La responsabilidad que Flores atribuye a Ecosur Bahía constituye una acusación formulada por la familia dentro de una causa todavía en trámite. Hasta que exista una resolución judicial firme, rige el principio de inocencia para las personas eventualmente investigadas.

Una obra destinada a más de 210.000 habitantes

El nuevo Plan Director de Agua Potable permitirá incrementar en un 50% la capacidad de producción de la planta potabilizadora de General Roca y proyecta garantizar el abastecimiento para más de 210.000 habitantes durante los próximos 20 años.

Los trabajos incluyen una nueva impulsión de agua desde el río Negro, la construcción de una cisterna con capacidad para dos millones de litros en barrio Nuevo, la ampliación de estaciones de bombeo y la instalación de más de 41 kilómetros de cañerías.

Por la magnitud económica y social del proyecto, la viuda de Breppe considera indispensable que la Provincia explique qué evaluación realiza sobre los antecedentes laborales de cada oferente y si la causa judicial abierta contra la empresa será contemplada antes de avanzar con una eventual adjudicación.

“Voy a seguir buscando justicia”

A cinco meses de la tragedia, Miriam asegura que continuará difundiendo el caso y reclamando respuestas.

Desde la muerte de su esposo publica información sobre el avance de la investigación, las medidas solicitadas por la querella y las condiciones en las que, según sostiene, trabajaban los operarios.

La aparición de Ecosur Bahía en una nueva licitación provincial profundizó su malestar y reactivó un interrogante que ahora dirige directamente a las autoridades rionegrinas: qué controles se realizan sobre las empresas contratistas y qué peso tienen sus antecedentes en materia de seguridad e higiene laboral antes de permitirles competir por una obra pública.