La Legislatura de Río Negro aprobó la ley que establece el Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo destinada a regularizar la situación laboral de trabajadores que cumplen funciones permanentes dentro del Estado.
La norma alcanza al personal contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios que haya iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y que haya prestado servicios de manera ininterrumpida hasta el momento de su incorporación a planta permanente.
El régimen establece como requisitos acreditar idoneidad mediante una evaluación, cumplir con las condiciones de ingreso previstas por la legislación vigente, contar con informe favorable del área de recursos humanos, aprobar el examen preocupacional y, cuando corresponda, acreditar aptitud psicofísica. Además, crea la Comisión Ejecutiva Central como autoridad de aplicación, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones gremiales, y fija un plazo de sesenta días hábiles para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Con parecencia de trabajadores y representares del gremio ATE en el recinto, el tratamiento comenzó con la exposición del miembro informante Lucas Pica, del bloque Juntos Somos Río Negro, quien sostuvo que el proyecto debía analizarse en perspectiva histórica y recordó las principales políticas implementadas desde 2011 para fortalecer el empleo público, entre ellas el reconocimiento de la zona desfavorable, las recategorizaciones automáticas y el restablecimiento de la carrera administrativa. Señaló que la iniciativa brinda estabilidad y previsibilidad a trabajadores que ya cumplen funciones permanentes en el Estado, aclarando que no implica nuevos ingresos ni un incremento de la masa salarial y que el pase a planta será voluntario para quienes reúnan los requisitos establecidos por la ley.
Al cerrar el debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, calificó a la iniciativa como “una ley importantísima” porque garantiza estabilidad a quienes prestan servicios de manera permanente y habitual en la administración pública. Remarcó que las gestiones de Juntos Somos Río Negro nunca utilizaron a los trabajadores estatales como variable de ajuste y reivindicó la recuperación y ampliación de derechos laborales. Además, sostuvo que el crecimiento de la infraestructura pública, con la construcción de nuevos hospitales, escuelas y edificios estatales, demanda la incorporación de personal para garantizar la prestación de servicios esenciales, por lo que consideró que en el futuro podrán impulsarse nuevos procesos de regularización laboral.
Durante el debate, Magdalena Odarda adelantó el voto favorable de Vamos con Todos y afirmó que la estabilidad en el empleo público constituye un derecho reconocido por la Constitución Nacional. En el mismo sentido se pronunciaron Ayelén Spósito, Luciano Sempé y José Luis Berros, quienes respaldaron la iniciativa y plantearon la necesidad de continuar mejorando las condiciones salariales y laborales de los trabajadores estatales.
Desde la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, Fernando Frugoni, Roberta Scavo y Javier Acevedo acompañaron el proyecto al considerar que pone fin a años de precariedad laboral, fortalece el funcionamiento del Estado y reconoce el compromiso de quienes sostienen diariamente servicios esenciales como salud, educación y desarrollo social.
Por la Unión Cívica Radical, Ariel Bernatene y Lorena Matzen también adelantaron el voto positivo. Ambos coincidieron en que detrás de cada contrato existe un trabajador y una familia, destacaron que la estabilidad favorece la profesionalización de la administración pública y señalaron que el proyecto respeta el principio constitucional de idoneidad mediante las evaluaciones previstas para el ingreso.
En representación del Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, Leandro García y Daniel Belloso manifestaron su respaldo a la propuesta, sosteniendo que toda medida que amplíe derechos laborales merece acompañamiento y defendiendo el rol que cumplen los trabajadores estatales.
También acompañaron la iniciativa Luis Noale (JSRN), quien afirmó que la ley reconoce a quienes durante años sostuvieron hospitales, escuelas y oficinas públicas; Elba Mansilla (Primero Río Negro), quien respaldó el proyecto aunque propuso incorporar un plazo específico para la adhesión voluntaria al régimen; y Juan Martín (Pro Unión Republicana), quien, pese a formular críticas sobre el procedimiento legislativo, confirmó el acompañamiento de su bloque al considerar que la iniciativa beneficia a quienes diariamente sostienen el funcionamiento del Estado.
Votaron en contra los legisladores Gabriela Picotti, Daniel Sanguinetti, María Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Santiago Ibarrolaza, César Domínguez y Claudio Doctorovich, quienes expresaron distintos cuestionamientos al proyecto. Entre los principales planteos señalaron el escaso tiempo destinado al análisis legislativo, la falta de precisiones sobre el universo definitivo de trabajadores alcanzados, la ausencia de un informe de impacto fiscal y la necesidad de reforzar las garantías vinculadas a la evaluación e idoneidad exigidas por la Constitución Provincial.
A lo largo del debate, los distintos bloques coincidieron en reconocer el rol estratégico que cumplen los trabajadores públicos en áreas como salud, educación, seguridad, desarrollo social, infraestructura y administración general. La mayoría de las intervenciones remarcó que la ley no amplía la estructura del Estado, sino que regulariza la situación de agentes que desde hace años desempeñan funciones permanentes.
Finalmente, el proyecto obtuvo un amplio respaldo del cuerpo legislativo, quedando sancionado el nuevo Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, con el objetivo de brindar estabilidad laboral a miles de trabajadores y fortalecer el funcionamiento del Estado rionegrino.